Resultan frecuentes ,en la literatura jurídica, los trabajos que, en materia de sociedades, han abordado los -siempre complejos- problemas competenciales entre la junta general y el órgano de administración de las sociedades de capital. En este sentido, y con la refundición, en un único texto legal, de la normativa reguladora -entre otras- de las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, se ha llevado a cabo una mayor armonización de las normas societarias relativas a las competencias de los órganos de la persona jurídica. En concreto, con la promulgación del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se establece un «catálogo de supuestos» en los que, en principio, será la junta general el órgano encargado de la deliberación y posterior decisión sobre dichos asuntos de interés social (art. 160 LSC).
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