concurso de acreedores

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Inclusión de la vivienda habitual en el inventario que acompaña al informe de la administración concursal

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 29 de marzo de 2019, se pronuncia acerca de la inclusión de la vivienda habitual en el inventario que acompaña al informe de la administración concursal. El conflicto planteado en esta instancia parte de la solicitud de declaración de concurso voluntario consecutivo. Declarado el concurso, la administración concursal incluyó dentro de la masa activa la mitad indivisa del inmueble en el que residía la solicitante, domicilio habitual y propiedad suya y de su cónyuge. Impugnado, al amparo del artículo 96 de la Ley Concursal, el inventario, solicitando que se excluyera del mismo la mitad indivisa del inmueble, el Juzgado de lo Mercantil desestima la impugnación, manteniendo la mitad indivisa dentro de la masa activa del concurso.

Interpuesto recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona en la referida sentencia de 29 de marzo de 2019 indica que no es posible excluir de la liquidación la vivienda habitual de la concursada en términos genéricos, tal y como la misma sección ya expresó en el Auto de 16 de octubre de 2018.

En este sentido, se indica que todos los bienes del deudor, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Concursal, se integran en la masa activa del concurso, a excepción de aquellos que, aun teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables, condición que no tiene la vivienda habitual (arts. 605 y 606 LEC). De igual modo, todos los bienes integrados en la masa activa deben ser objeto de liquidación, de acuerdo con los artículos 148 y 149 de la Ley Concursal. La conclusión del concurso por liquidación, por tanto, precisa de la realización de todos los bienes del deudor (art. 152 LC).

A este respecto, resalta la Audiencia Provincial que, lógicamente, el hecho de que nuestro Ordenamiento Jurídico contemple la realización de la vivienda habitual, tanto en la ejecución individual como en la colectiva, no vulnera el artículo 47 de la Constitución Española, precepto dirigido a los poderes públicos, que han de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Tampoco advierten que ello infrinja el artículo 45 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, que en modo alguno descarta la ejecución de la vivienda habitual.

Por otro lado, para que el deudor persona física pueda limitar su responsabilidad a las deudas que traigan causa del ejercicio de la actividad profesional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores, es necesario, como se señala, que la persona física adquiera la condición de “emprendedor de responsabilidad limitada” en los términos establecidos en dicha Ley, condición que no tiene la concursada.

Y, aunque en el recurso se destaca que el crédito hipotecario que grava la vivienda se viene abonando puntualmente, esta circunstancia tampoco excluye la liquidación dado que en el concurso constan otros acreedores. La Audiencia Provincial recuerda en su sentencia que el artículo 155.5 de la Ley Concursal dispone que el acreedor privilegiado hará suyo el montante que resulte de la realización de los bienes afectos “en cantidad que no exceda de la deuda originaria”, correspondiendo el resto, si lo hubiera, a la masa activa del concurso.

Todo ello no impide la admisión en la liquidación concursal de la posibilidad de fijar, en beneficio del deudor, un precio mínimo de venta, tal y como prevén los artículos 670.4 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En ese caso, el plan de liquidación debería contemplar esa limitación, rechazando que la venta directa se efectúe por una cantidad inferior al valor de tasación y que en la subasta se admitan posturas inferiores al 70%. Y, en el supuesto enjuiciado, no consta que ningún acreedor haya objetado las previsiones del plan de liquidación.

En definitiva, la conclusión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 29 de marzo de 2019, es que en principio no puede excluirse la vivienda habitual de la liquidación, sin perjuicio de advertir que en el supuesto de autos no se trata de la mitad indivisa de la vivienda. Y, ante esta circunstancia, aunque no se suscita en el recurso, señala que no es descartable que el valor de la garantía exceda del valor del bien o que resulte previsible que la enajenación en ningún caso cubra el crédito hipotecario. En este supuesto recuerda que tras la reforma de 2015 es preciso consignar el valor de la garantía (art. 155.5). Si así fuera, teniendo en cuenta que el préstamo no se ha dado por vencido y que las cuotas se están abonando puntualmente, el juez podrá autorizar, previo traslado al titular del crédito y a los demás acreedores personados, que el bien no salga a subasta. Añade la Audiencia que, en el supuesto, la entidad financiera titular de la garantía no se ha opuesto al recurso y seguramente estará interesada en que se mantenga vigente el crédito. La realización forzosa, por otro lado, tampoco beneficiaría al resto de acreedores. En estas circunstancias, entiende la Audiencia Provincial de Barcelona que parece que lo más razonable sería descartar la enajenación, pero dichas circunstancias deben ser comprobadas por el juez del concurso a partir de los datos que obren en el procedimiento, datos que no acceden a la segunda instancia.

Deudas posteriores a efectos de responsabilidad por deudas de administradores sociales en obligaciones de tracto sucesivo

STS 225/2019, Sala Civil, de 10 de abril de 2019

Al régimen general de responsabilidad de los administradores por daños –que integra la acción social y la acción individual de responsabilidad (arts. 236 y ss. LSC)- la Ley de Sociedades de Capital añade, además, la previsión de responsabilidad por incumplimiento de los deberes específicamente impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución. Así, se contempla la imposición de unos deberes legales específicos de los administradores en orden a la promoción oportuna de la disolución y la consiguiente responsabilidad de los administradores por las deudas sociales en caso de incumplimiento de esos deberes legales (art. 367 LSC). La idea central que subyace en este procedimiento es que la sociedad, una vez acaecida la causa de disolución, ha de decidir sobre su continuidad. Y, el legislador ha previsto un riguroso régimen de responsabilidad para garantizar que los administradores cumplirán con su obligación de convocar la junta general o, en su caso, solicitar la disolución judicial o el concurso. En caso de incumplimiento de este deber, se les hace solidariamente responsables de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. En los términos de la doctrina del Tribunal Supremo (SSTS de 1 de marzo de 2017, de 4 de septiembre y de 14 de mayo de 2015), la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales nace: (i) cuando concurre una causa de disolución y no cuando nace la deuda, aunque tal deuda origine posteriormente la causa de disolución por pérdidas; (ii) no se haya convocado la junta en el plazo de dos meses para adoptar el acuerdo de disolución o cualquier otro para restablecer el equilibrio patrimonial; y (iii) no se haya solicitado la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde aquella fecha.

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2019, destaca que, conforme al artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, mientras que el artículo 367.2 precisa que las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior. Ahora bien, como el artículo 367 no establece una regla especial sobre la determinación del momento en que nace la obligación, se consideran aplicables las reglas generales del Derecho de obligaciones. Y una vez establecido el momento de nacimiento de la obligación, habrá que contrastarlo con el de concurrencia de la causa de disolución, de manera que el administrador sólo responderá de las obligaciones nacidas después.

Destaca el Tribunal Supremo como en la sentencia 151/2016, de 10 de marzo, se mantuvo que lo relevante para decidir si la obligación es anterior o posterior sería la fecha de nacimiento de la obligación, no su completo devengo o exigibilidad ni la fecha de la sentencia que la declara. Y se aclara que, en el caso del incumplimiento de los contratos y el ejercicio de la facultad resolutoria por el contratante cumplidor, la obligación restitutoria no nace en la fecha de celebración del contrato, sino del acaecimiento del hecho resolutorio y del ejercicio por el interesado de la facultad resolutoria derivada del mismo. A su vez, en las sentencias 246/2015, de 14 de mayo, y 144/2017, de 1 de marzo, se consideró que el momento relevante para decidir sobre si la obligación es posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución es aquel en que nace la obligación social de la que se pretende hacer responsable solidario a un administrador de la sociedad.

En el caso enjuiciado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2019, se trata de un contrato de tracto sucesivo -un arrendamiento de local de negocio- que se celebró antes de que concurriera la causa de disolución, pero que se incumplió después. Indica la referida resolución que en este tipo de contratos no cabe considerar que la obligación nazca en el momento de celebración del contrato originario, sino cada vez que se realiza una prestación en el marco de la relación de que se trate. Lo que significa, en el caso del arrendamiento, que las rentas devengadas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución han de considerarse obligaciones posteriores y, por tanto, susceptibles de generar la responsabilidad solidaria de los administradores ex artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

En este sentido, en las sentencias 145/2012 y 161/2012, ambas de 21 de marzo, 505/2013, de 24 de julio, y 62/2019, de 31 de enero, el Tribunal Supremo caracteriza los contratos de tracto sucesivo como aquellos en que un proveedor se obliga a realizar una sola prestación continuada en el tiempo o pluralidad de prestaciones sucesivas, periódicas o intermitentes, por tiempo determinado o indefinido, que se repiten, a fin de satisfacer intereses de carácter sucesivo, periódico o intermitente más o menos permanentes en el tiempo, a cambio de una contraprestación recíproca determinada o determinable dotada de autonomía relativa dentro del marco de un único contrato, de tal forma que cada uno de los pares o periodos de prestaciones en que la relación se descompone satisface secuencialmente el interés de los contratantes. De este modo, en el contrato de tracto sucesivo las prestaciones son susceptibles de aprovechamiento independiente, en el sentido de que cada prestación singular satisface íntegramente el interés de ambas partes durante el correspondiente periodo, independientemente de las prestaciones pasadas o futuras de ese mismo contrato.

En consecuencia, se entiende que en el contrato de arrendamiento celebrado por la sociedad con anterioridad a la existencia de la causa de disolución, los administradores sociales responderán por las prestaciones (pago de la renta periódica y cantidades asimiladas) posteriores al momento en que la sociedad incurra en causa de disolución. Cada período de utilización o disfrute del bien arrendado genera una obligación de pago independiente y con autonomía suficiente para considerar que ese período marca el nacimiento de la obligación, al objeto de establecer si se puede hacer o no responsables solidarios de su cumplimiento a los administradores, en aplicación del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Criterio que, además, es coherente con el que se aplica en los casos de declaración de concurso respecto de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, al establecer el artículo 61.2 de la Ley Concursal que las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa, con independencia de que el origen de la relación se sitúe en un momento anterior a la declaración de concurso.

Concurso de acreedores consecutivo a un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos

STS 150/2019, Sala Civil, de 13 de marzo de 2019

La Sentencia del Tribunal Supremo 150/2019, Sala Civil, de 13 de marzo, plantea cuál debe ser la interpretación de los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 178 bis de la Ley Concursal, para la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, cuando se opta por la alternativa del ordinal 4º.

A este respecto, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es una facultad concedida al deudor persona natural, con independencia de su condición o no de empresario, al que sólo se puede acceder una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa y siempre que se cumplan las condiciones legales fijadas. En efecto, la solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho sólo se admite para los deudores de buena fe, respecto a lo que se expresa que se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan una serie de requisitos, que se enumeran legalmente (art. 178 bis 3 LC). Entre dichos requisitos se incluye que haya celebrado o, al menos, intentado celebrado un acuerdo extrajudicial de pagos (art. 178 bis 3-3º LC). Ahora bien, a continuación, el precepto establece que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios (art. 178 bis 3-4º LC). Y continúa señalando que, alternativamente al número anterior, acepte someterse al plan de pagos, no haya incumplido las obligaciones de colaboración, no haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años, no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad y acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años (art. 178 bis 3-5º LC).

La cuestión suscitada en la mencionada resolución judicial es cómo debe interpretarse la referencia a que se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, contenida en el ordinal 4º del artículo 178 bis.3 de la Ley Concursal, para que no resulte exigible el pago del 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios como requisito previo para obtener el beneficio de la remisión de deudas.

En este sentido, indica el Tribunal Supremo que el apartado 3 del artículo 178 bis de la Ley Concursal regula los requisitos para que se pueda obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, incluyendo tres primeros requisitos comunes, y el cuarto y quinto alternativos. En el supuesto enjuiciado, no se discute el cumplimiento de los requisitos comunes: el concurso no ha sido declarado culpable (art. 178 bis 3-1º LC); el deudor no ha sido condenado por sentencia penal firme por ninguno de los delitos previstos y tampoco constan diligencias penales pendientes relativas a estos delitos (art. 178 bis 3-2º LC); y el concurso consecutivo ha venido precedido de un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos (art. 178 bis 3-3º LC). Y, a partir de ahí, en el supuesto el deudor instante del beneficio opta por la alternativa del ordinal 4º, conforme a la cual es preciso que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Esto es, para obtener la inmediata remisión de deudas es preciso que antes se hayan pagado todos los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, así como el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Pero se elude esta exigencia del previo pago del 25 por ciento del pasivo concursal ordinario, si previamente se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.

Como señala el Tribunal Supremo, esta referencia genera lógicas dudas de interpretación, pues conforme al ordinal 3º ya se prevé que en todo caso el deudor haya instado el acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo al concurso consecutivo. El que en el ordinal 4º el alcance de los pagos que en todo caso deben haber sido satisfechos dependa de si se había intentado o no el acuerdo extrajudicial de pagos parece un contrasentido, pues se supone que si no hubiera sido así no se cumpliría el requisito anterior del ordinal 3º.

Pues bien, ante estas dudas, sostiene la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019, que la interpretación que sostiene la Audiencia resulta muy razonable. Así, se señala que el requisito del ordinal 3º se refiere a que se hubiera instado el expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, que, al verse frustrado, dio paso al concurso consecutivo, a cuya conclusión por insuficiencia de activo el deudor interesa el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. De modo que, a los efectos del ordinal 3º, basta con la materialidad de que se hubiera instado y tramitado el expediente de acuerdo extrajudicial de pagos. Mientras que la referencia contenida en el ordinal 4º de que se hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos para que no sea necesario el previo pago del 25 por ciento del pasivo concursal ordinario, se refiere a que hubiera habido un intento efectivo de acuerdo. Esto es, que hubiera habido una propuesta real a los acreedores, al margen de que no fuera aceptada por ellos. Esta referencia pretende incentivar la aceptación por los acreedores de acuerdos extrajudiciales de pagos, a la vista de que en caso contrario el deudor podría obtener la remisión total de sus deudas con el pago de los créditos contra la masa y privilegiados. Pero, para esto, es necesario que en la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos, a los acreedores ordinarios se les hubiera ofrecido algo más que la condonación total de sus créditos. Y no sería suficiente, como ocurre en el supuesto enjuiciado, que en la práctica no se ofreciera nada, pues en este caso la propuesta era la extinción o quita del 100 por cien de los créditos.

En definitiva, se considera que en la ratio del ordinal 4.º subyace esta idea del incentivo negativo a los acreedores ordinarios para alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos propuesto por el deudor, pues si no lo aceptan, en el concurso consecutivo pueden ver extinguidos totalmente sus créditos. Pero, si como ocurre en el presente caso, en la práctica no se ofrece nada, pues la propuesta era la extinción o quita del 100 por cien de los créditos, ha de concluirse que no se había intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, motivo por el que no podía obtenerse el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho por la alternativa del ordinal 4.º del artículo 178 bis 3 de la Ley Concursal, sin que previamente hubiera acreditado haber pagado el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

Suscripción y homologación judicial de un acuerdo de refinanciación con posterioridad a la declaración de concurso

El Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, de 18 de diciembre de 2018, homologa judicialmente un acuerdo de refinanciación presentado tras la declaración de concurso, cuyo objeto es exclusivamente la refinanciación de créditos contra la masa tras el concurso. El referido Auto homologa el acuerdo, elevado a público ante Notario, y declara en aplicación del régimen especial aplicable a los acuerdos sujetos a un régimen o pacto de sindicación, previsto en el párrafo cuarto del apartado 1 de la Disposición Adicional 4ª de la Ley Concursal, a la totalidad de los titulares de los pasivos financieros afectados por el precedente acuerdo de refinanciación como adheridos al mismo.

En los Fundamentos Jurídicos del Auto cabe destacar la cuestión relativa a la propia admisibilidad de la suscripción y homologación judicial de un acuerdo de refinanciación con posterioridad a la declaración de concurso. En este punto, la resolución judicial parte de la evolución legislativa de los acuerdos de refinanciación, reseñando los cambios introducidos en las distintas reformas de la legislación concursal, para destacar que ninguna de estas modificaciones ha contemplado de forma expresa la posibilidad de que pueda suscribirse un acuerdo de refinanciación y homologarse judicialmente con posterioridad a la declaración de concurso. Sobre esta base, considera el Auto que contrariamente a las previsiones que podrían apuntar a la opción legislativa de rechazo a esta opción -ubicando los acuerdos de refinanciación en el estricto ámbito del llamado Derecho Preconcursal- cabe entender que la escueta e incompleta regulación de los acuerdos de refinanciación contenida en la Ley Concursal no recoge ninguna expresa prohibición que impida que un acuerdo de refinanciación pueda ser suscrito y homologado tras la declaración de concurso. A ello añade, que los escenarios en que cabe imaginar la posibilidad y utilidad de la homologación de un acuerdo de refinanciación tras la apertura del concurso de acreedores son múltiples y variados. Más aún en la homologación judicial de un acuerdo cuyo objeto sea exclusivamente la refinanciación de créditos contra la masa tras el concurso, que es justamente el caso que se plantea en este supuesto. En este sentido, el régimen de los créditos contra la masa se ha planteado en la legislación y en la doctrina del Tribunal Supremo totalmente contrapuesto al de los créditos concursales. Así, por ejemplo, se cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2017, que destaca que <<En principio, la declaración de concurso produce, entre otros efectos, que los créditos anteriores frente al deudor común formen parte de la masa pasiva (art. 49 LC) y para su cobro, una vez reconocidos como créditos y clasificados, estén afectados por la solución concursal alcanzada (convenio o liquidación). Estos créditos concursales están sujetos a las reglas de la par condicio creditorum (…). Pero si el crédito no es concursal, sino contra la masa, no se integra en la masa pasiva del concurso, no está sujeto a las reglas de la par condicio creditorum, y puede ser pagado al margen de la solución concursal alcanzada, sea la de convenio o la de liquidación>>. Esta absoluta separación entre créditos contra la masa y créditos concursales entiende la resolución judicial que permite considerar y defender la idea de que, con relación a su pago, los acreedores y el deudor (debidamente intervenido por la administración concursal) puedan alcanzar, incluso tras el concurso, acuerdos en los que pueda articularse una modificación o extinción de las obligaciones que de ellos nazcan, bien sea mediante prórroga de su plazo de vencimiento, o bien mediante el reconocimiento de otras contraídas en sustitución de aquéllas. En definitiva, la interpretación de conjunto deriva en la decisión judicial de aceptar que sean los propios acreedores financieros contra la masa y el deudor en concurso (con la intervención de la administración concursal), los que colectivamente suscriban un acuerdo de refinanciación, con posibilidad de homologarlo si concurren los requisitos formales y materiales, y sin que sea obstáculo para ello que el proceso de concurso de acreedores haya sido ya declarado. Esta homologación, como se destaca, no incidirá en aspectos tales como la irrescindibilidad del pacto (por su posterioridad respecto de la situación de concurso), pero se considera que permitirá obtener otras ventajas legales, como la extensión de efectos a los acreedores contra la masa disidentes o la consideración de adheridos para los disconformes en el seno de un acuerdo de sindicación, impidiéndose de ese modo ejecuciones singulares de créditos contra la masa (art. 84.4 LC), que podrían resultar distorsionadores de todo el proceso y comprometer su correcto desarrollo y viabilidad.

En fin, admitida esta posibilidad, el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, de 18 de diciembre de 2018, se centra en el análisis del cumplimiento de los requisitos necesarios para conceder la homologación del acuerdo de refinanciación. En este caso, la competencia objetiva, territorial y funcional para la homologación viene ya dada por la propia declaración de concurso de las sociedades que participan en el acuerdo de refinanciación, disponiéndose tras su constatación la homologación del acuerdo de refinanciación.

El Seminario Dictum de noviembre trata los fundamentos económicos y contables del concurso de acreedores

La abogada, economista, auditora y doctoranda en Derecho y Economía Laura Gurrea Martínez ha sido la encargada de impartir el Seminario Dictum del mes, celebrado el pasado 27 de noviembre y en el que los profesionales de la firma han podido conocer de forma práctica los fundamentos económicos y contables del concurso de acreedores.

Como bien anunciaba el CEO y socio de Dictum Abogados, Vicente José García Gil, este tema representa una parte fundamental de la actividad del despacho, la hibridación entre el derecho y la economía, “como también la ponente es un fiel reflejo de nuestra filosofía, ya que Laura Gurrea, con su amplísima formación, simboliza el saber y la excelencia”, dijo el consejero delegado de Dictum en la presentación del seminario.

Gurrea ofreció una visión global de la contabilidad, los conceptos y procedimientos necesarios para conocer la realidad empresarial desde la perspectiva concursal.

Así, abordó los documentos a analizar para la elaboración del inventario y la lista de acreedores, el análisis económico-financiero, las cuentas anuales y las anotaciones en el libro diario o la organización de las cuentas contables, entra otras cuestiones.

Los Seminarios Dictum son una herramienta de formación interna que permite extender el conocimiento derivado de la investigación y que reúnen a los catedráticos y profesionales de la firma en torno a un tema que, en ocasiones, es objeto de las tesis doctorales de los miembros del despacho.

El socio Antonio Caba Tena participa en la presentación del libro “Fiscalidad y contabilidad del concurso de acreedores”

El socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena participó en Málaga, el pasado 20 de julio, en la presentación del libro “Fiscalidad y contabilidad del concurso de acreedores“, del economista, auditor de cuentas, administrador concursal, asesor fiscal y doctor en Derecho José María Muñoz Jiménez.

La presentación, que moderó el abogado de Dictum, contó además con la intervención de Enrique Sanjuán y Muñoz, magistrado especialista en asuntos de lo Mercantil, quien ofreció la conferencia titulada “El impacto de la fiscalidad en la destrucción de empleo en el concurso de acreedores“.

El iter temporal del orden de prelación para pago de los créditos contra la masa

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La Exposición de Motivos de la Ley Concursal hace especial hincapié en que “se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas”. Pues bien, el pago de los créditos contra la masa puede ser interpretado como una de dichas prerrogativas.

Por regla general, los créditos contra la masa tienen una preferencia de cobro respecto de los créditos concursales, pues no se ven afectados por las soluciones del concurso al ser pre-deducibles y satisfechos a su respectivo vencimiento. Dichas pre-deducciones, claro está, se harán siempre con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial (art. 154 LC).

Así pues, es un hecho que el pago de los créditos contra la masa merma considerablemente el cobro por parte de los créditos concursales. De ahí que, la enumeración de los créditos contra la masa prevista en el artículo 84 de la Ley Concursal debe ser interpretada de forma restrictiva.

Por su parte, el orden de prelación no es otra cosa que una secuencia de preferencia en el cobro de la deuda que se determina en base a las directrices de la Ley Concursal, que estipula que el pago de los créditos contra la masa se regirá por alguno de los siguientes criterios a lo largo de concurso de acreedores:

  1. a) Con carácter general, en función de la regla del vencimiento (art. 84.3 LC).

Todos los créditos contra la masa se pagarán de manera ordinaria a su respectivo vencimiento, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, a excepción de los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, que serán satisfechos de forma inmediata. En resumen, su pago se realizará como si el concurso no existiera.

  1. b) Con carácter excepcional, en función del discernimiento de la administración concursal, cuando el interés del concurso así lo aconseje (art. 84.3 LC).

A día de hoy la propia Ley Concursal autoriza expresamente a la administración concursal a alterar la regla del vencimiento cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulte suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Ahora bien, esto no siempre fue así; con anterioridad a la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, existían importantes dudas interpretativas al respecto que generaron fuertes debates doctrinales y jurisprudenciales. Ya en 2009 la Profesora Campuzano se hacía eco de dicha problemática en un artículo publicado en Legaltoday que llevaba por título El orden de pago de los créditos contra la masa. Con todo, la admitida y superada postergación no podrá menoscabar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la seguridad social.

  1. c) Con carácter puntual, en función del orden de prelación legal establecido por el artículo 176 bis de la Ley Concursal, cuando aflore la insuficiencia de masa activa.

Tan pronto como conste en el procedimiento concursal que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden previsto en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación.

La jurisprudencia del Tribunal Supremos se ha pronunciado ya en numerosas ocasiones sobre cuándo debe operar esta última regla (entre otras, STS 306/2015, de 9 de junio, ratificada por otras posteriores: SSTS 310/2015, de 11 de junio; 305/2015, de 10 de junio; 152/2016, de 11 de marzo; 187/2016, de 18 de marzo; 501/2017, de 13 de septiembre y 534/2017, de 2 de octubre de 2017). De hecho, es jurisprudencia consolidada:

Que el pago de los créditos contra la masa debe ajustarse necesariamente al orden de prelación del apartado 2 del artículo 176 bis de la Ley Concursal, al margen de cuál sea su vencimiento, desde la reseñada comunicación de insuficiencia de masa por parte de la administración concursal al juez del concurso. Así pues, la normativa contenida en el artículo 176 bis sustituye a la previsión del artículo 84.3.

Que la repetida regla se aplicará por igual a todos los créditos contra la masa pendientes de pago, es decir,  tanto a los ya vencidos, como a los que pudieran vencer con posterioridad. Se rechaza claramente la interpretación de que sólo resulte aplicable a los créditos contra la masa posteriores a la comunicación. Por tanto, el crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser pagado al margen del dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado, con independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos contra la masa. Es más, el motivo que justifica su aplicación a todos los créditos pendientes de pago no es otro que solucionar el fracaso del concurso. Desde el momento en el que se constata el concurso del concurso -cuando la masa activa no puede hacer frente ni al pago de los gastos prededucibles- es lógico que se ordene el cobro de los ya vencidos y se concluya cuanto antes para no generar más créditos contra la masa. Es lo que el Profesor Beltrán ya proponía y denominaba en los años 80 como la graduación o jerarquía de las deudas de la masa.

Finalmente, pese a que este iter temporal en el orden de prelación de pagos de los créditos contra la masa vela por la salvaguarda de la principal finalidad del concurso, la satisfacción de los acreedores, no es menos cierto que podría tener una pequeña fisura, pues existe el riesgo de que en los estadios próximos al concurso del concurso la comunicación de insuficiencia de masa pueda transformarse en una reacción natural del administrador concursal ante la amenaza de interposición de demanda de incidente concursal de reclamación de crédito contra la masa manifestada por parte de algún acreedor no conforme con la probable alteración de la regla del vencimiento. Todo ello fruto de la indeterminación jurídica de la controvertida presunción legal de suficiencia de masa en manos de la administración concursal que podría ocasionar que los últimos pagos previos a la comunicación pueden resultar conflictivos y generar incluso un conflicto de intereses para el propio administrador concursal a la hora de satisfacer su propia retribución.

En definitiva, mientras el administrador concursal no comunique la insuficiencia de la masa activa al juez del concurso no operará el régimen de prelación contenido en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, sino el ordinario previsto en el artículo 84 del mismo cuerpo legal.

El socio Antonio Caba y la profesional Yolanda Morales, nuevos doctores de Dictum Abogados

El pasado 2 de marzo tuvo lugar, en el aula magna de Montepríncipe, el acto académico de investidura de doctores Honoris Causa y nuevos doctores por la Universidad CEU San Pablo.

Entre los nuevos doctores, se encontraban el socio de Dictum Antonio Caba Tena y la profesional de la firma Yolanda Morales Monteoliva, que defendieron el pasado junio sus respectivas tesis, bajo la codirección de la profesora Ana Belén Campuzano, miembro del Consejo Académico de Dictum Abogados, en la que ambos obtuvieron la calificación académica más alta, la mención cum laude.

Codirigida por los profesores Ana Belén Campuzano y Alberto Palomar, la tesis de la doctora Yolanda Morales versa sobre la insolvencia y el concurso de acreedores de las entidades deportivas profesionales.

Los dos nuevos doctores, Yolanda Morales y Antonio Caba.

Por su parte, la firmada por el doctor Antonio Caba se titula “El concepto de grupo de sociedades en el ordenamiento jurídico español: ausencia de un concepto concursal”. Ha sido codirigida por las profesoras Ana Belén Campuzano y María Luisa Sánchez Paredes (también miembro del Consejo Académico de Dictum) y propuesta por el Tribunal Académico para la concesión del Premio Extraordinario de Doctorado.

Dictum Abogados conjuga las facetas académica y profesional para cristalizarlas en el Método Dictum, basado en la capacidad científica, que aporta soluciones exhaustivas y se traduce en la seguridad para el cliente, a fin de lograr el máximo nivel de eficacia jurídica y económica. Se congratula de contar entre sus componentes con dos doctores más, a quienes transmite su felicitación, que hace extensiva a los profesores que han dirigidos sus trabajos.