concurso de acreedores

El socio Antonio Caba Tena participa en la presentación del libro “Fiscalidad y contabilidad del concurso de acreedores”

El socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena participó en Málaga, el pasado 20 de julio, en la presentación del libro “Fiscalidad y contabilidad del concurso de acreedores“, del economista, auditor de cuentas, administrador concursal, asesor fiscal y doctor en Derecho José María Muñoz Jiménez.

La presentación, que moderó el abogado de Dictum, contó además con la intervención de Enrique Sanjuán y Muñoz, magistrado especialista en asuntos de lo Mercantil, quien ofreció la conferencia titulada “El impacto de la fiscalidad en la destrucción de empleo en el concurso de acreedores“.

El iter temporal del orden de prelación para pago de los créditos contra la masa

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La Exposición de Motivos de la Ley Concursal hace especial hincapié en que “se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas”. Pues bien, el pago de los créditos contra la masa puede ser interpretado como una de dichas prerrogativas.

Por regla general, los créditos contra la masa tienen una preferencia de cobro respecto de los créditos concursales, pues no se ven afectados por las soluciones del concurso al ser pre-deducibles y satisfechos a su respectivo vencimiento. Dichas pre-deducciones, claro está, se harán siempre con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial (art. 154 LC).

Así pues, es un hecho que el pago de los créditos contra la masa merma considerablemente el cobro por parte de los créditos concursales. De ahí que, la enumeración de los créditos contra la masa prevista en el artículo 84 de la Ley Concursal debe ser interpretada de forma restrictiva.

Por su parte, el orden de prelación no es otra cosa que una secuencia de preferencia en el cobro de la deuda que se determina en base a las directrices de la Ley Concursal, que estipula que el pago de los créditos contra la masa se regirá por alguno de los siguientes criterios a lo largo de concurso de acreedores:

  1. a) Con carácter general, en función de la regla del vencimiento (art. 84.3 LC).

Todos los créditos contra la masa se pagarán de manera ordinaria a su respectivo vencimiento, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, a excepción de los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, que serán satisfechos de forma inmediata. En resumen, su pago se realizará como si el concurso no existiera.

  1. b) Con carácter excepcional, en función del discernimiento de la administración concursal, cuando el interés del concurso así lo aconseje (art. 84.3 LC).

A día de hoy la propia Ley Concursal autoriza expresamente a la administración concursal a alterar la regla del vencimiento cuando lo considere conveniente para el interés del concurso y siempre que presuma que la masa activa resulte suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa. Ahora bien, esto no siempre fue así; con anterioridad a la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, existían importantes dudas interpretativas al respecto que generaron fuertes debates doctrinales y jurisprudenciales. Ya en 2009 la Profesora Campuzano se hacía eco de dicha problemática en un artículo publicado en Legaltoday que llevaba por título El orden de pago de los créditos contra la masa. Con todo, la admitida y superada postergación no podrá menoscabar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la seguridad social.

  1. c) Con carácter puntual, en función del orden de prelación legal establecido por el artículo 176 bis de la Ley Concursal, cuando aflore la insuficiencia de masa activa.

Tan pronto como conste en el procedimiento concursal que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden previsto en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación.

La jurisprudencia del Tribunal Supremos se ha pronunciado ya en numerosas ocasiones sobre cuándo debe operar esta última regla (entre otras, STS 306/2015, de 9 de junio, ratificada por otras posteriores: SSTS 310/2015, de 11 de junio; 305/2015, de 10 de junio; 152/2016, de 11 de marzo; 187/2016, de 18 de marzo; 501/2017, de 13 de septiembre y 534/2017, de 2 de octubre de 2017). De hecho, es jurisprudencia consolidada:

Que el pago de los créditos contra la masa debe ajustarse necesariamente al orden de prelación del apartado 2 del artículo 176 bis de la Ley Concursal, al margen de cuál sea su vencimiento, desde la reseñada comunicación de insuficiencia de masa por parte de la administración concursal al juez del concurso. Así pues, la normativa contenida en el artículo 176 bis sustituye a la previsión del artículo 84.3.

Que la repetida regla se aplicará por igual a todos los créditos contra la masa pendientes de pago, es decir,  tanto a los ya vencidos, como a los que pudieran vencer con posterioridad. Se rechaza claramente la interpretación de que sólo resulte aplicable a los créditos contra la masa posteriores a la comunicación. Por tanto, el crédito vencido con anterioridad no tiene derecho a ser pagado al margen del dicho orden de prelación, sino que se ve igualmente afectado, con independencia de que el administrador concursal haya podido incurrir en responsabilidad por no haber cumplido o respetado, antes de la comunicación, el orden de los vencimientos en la satisfacción de los créditos contra la masa. Es más, el motivo que justifica su aplicación a todos los créditos pendientes de pago no es otro que solucionar el fracaso del concurso. Desde el momento en el que se constata el concurso del concurso -cuando la masa activa no puede hacer frente ni al pago de los gastos prededucibles- es lógico que se ordene el cobro de los ya vencidos y se concluya cuanto antes para no generar más créditos contra la masa. Es lo que el Profesor Beltrán ya proponía y denominaba en los años 80 como la graduación o jerarquía de las deudas de la masa.

Finalmente, pese a que este iter temporal en el orden de prelación de pagos de los créditos contra la masa vela por la salvaguarda de la principal finalidad del concurso, la satisfacción de los acreedores, no es menos cierto que podría tener una pequeña fisura, pues existe el riesgo de que en los estadios próximos al concurso del concurso la comunicación de insuficiencia de masa pueda transformarse en una reacción natural del administrador concursal ante la amenaza de interposición de demanda de incidente concursal de reclamación de crédito contra la masa manifestada por parte de algún acreedor no conforme con la probable alteración de la regla del vencimiento. Todo ello fruto de la indeterminación jurídica de la controvertida presunción legal de suficiencia de masa en manos de la administración concursal que podría ocasionar que los últimos pagos previos a la comunicación pueden resultar conflictivos y generar incluso un conflicto de intereses para el propio administrador concursal a la hora de satisfacer su propia retribución.

En definitiva, mientras el administrador concursal no comunique la insuficiencia de la masa activa al juez del concurso no operará el régimen de prelación contenido en el artículo 176 bis de la Ley Concursal, sino el ordinario previsto en el artículo 84 del mismo cuerpo legal.

El socio Antonio Caba y la profesional Yolanda Morales, nuevos doctores de Dictum Abogados

El pasado 2 de marzo tuvo lugar, en el aula magna de Montepríncipe, el acto académico de investidura de doctores Honoris Causa y nuevos doctores por la Universidad CEU San Pablo.

Entre los nuevos doctores, se encontraban el socio de Dictum Antonio Caba Tena y la profesional de la firma Yolanda Morales Monteoliva, que defendieron el pasado junio sus respectivas tesis, bajo la codirección de la profesora Ana Belén Campuzano, miembro del Consejo Académico de Dictum Abogados, en la que ambos obtuvieron la calificación académica más alta, la mención cum laude.

Codirigida por los profesores Ana Belén Campuzano y Alberto Palomar, la tesis de la doctora Yolanda Morales versa sobre la insolvencia y el concurso de acreedores de las entidades deportivas profesionales.

Los dos nuevos doctores, Yolanda Morales y Antonio Caba.

Por su parte, la firmada por el doctor Antonio Caba se titula “El concepto de grupo de sociedades en el ordenamiento jurídico español: ausencia de un concepto concursal”. Ha sido codirigida por las profesoras Ana Belén Campuzano y María Luisa Sánchez Paredes (también miembro del Consejo Académico de Dictum) y propuesta por el Tribunal Académico para la concesión del Premio Extraordinario de Doctorado.

Dictum Abogados conjuga las facetas académica y profesional para cristalizarlas en el Método Dictum, basado en la capacidad científica, que aporta soluciones exhaustivas y se traduce en la seguridad para el cliente, a fin de lograr el máximo nivel de eficacia jurídica y económica. Se congratula de contar entre sus componentes con dos doctores más, a quienes transmite su felicitación, que hace extensiva a los profesores que han dirigidos sus trabajos.

A propósito de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 14 de julio de 2017 (Recurso 608/2015)

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En el procedimiento de concurso de acreedores, uno de los ámbitos donde mayor litigiosidad se genera es el relativo a los contratos. En la práctica, se tiene la sensación de que la complejidad de la regulación de los efectos del concurso sobre los contratos (arts. 61 y ss. LC) no favorece la solución de los conflictos. Así, en la resolución que comentamos de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de julio de 2017, se afirma que «no resulta diáfana la regulación legal de las consecuencias legales que se producen en los casos de contratos en los que formalmente existen obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento al tiempo de declararse el concurso». Ahora bien, la problemática que se suscita en esta sentencia pone de relieve que, con carácter previo a la aplicación de las normas concursales sobre contratos, es preciso dilucidar con claridad la estructura jurídica del contrato y las circunstancias de la contratación.

En el supuesto de hecho enjuiciado encontramos un contrato prototípico de compraventa de un inmueble que, en el momento de la declaración de concurso de la vendedora-promotora inmobiliaria, se encuentra pendiente de cumplimiento por ambas partes, ya que ni los compradores han pagado la totalidad del precio, ni la vendedora ha entregado aún el inmueble. Frente a esta situación, hay que tener presente que las normas concursales que regulan los efectos del concurso sobre los contratos se aplican a una categoría concreta de contratos, los contratos con obligaciones recíprocas, y que toman en consideración tanto la forma de ejecución del contrato, según que se trate de un contrato de tracto único o de tracto sucesivo, cuanto su grado de cumplimiento, esto es, que al momento de la declaración de concurso, el contrato esté pendiente de cumplimiento por uno solo de los contratantes o por ambos (arts. 61 a 63 LC). Cuando el contrato está pendiente de cumplimiento, total o parcial, solo por una parte, porque la otra ha cumplido íntegramente las obligaciones a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se incluirá en la masa activa o en la masa pasiva del concurso, según que el que cumplió fuera el deudor concursado o la contraparte in bonis (art. 61.1 LC). En cambio, cuando al momento de la declaración de concurso el contrato está pendiente de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte seguirá vigente y las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa (art. 61.2-I LC).

Sin embargo, las consecuencias jurídicas que se debaten en este recurso resultan llamativas: en primer lugar, la administración concursal incluyó en la relación de acreedores contra la masa que acompañó a su informe un crédito (¡a favor de los compradores!) por el importe del precio pendiente de pago. En segundo lugar, los compradores se opusieron a la calificación porque aspiraban a que se les reconociera un crédito contra la masa por la totalidad del precio, tanto lo pendiente de pago como lo entregado a cuenta. La concursada rechaza tal pretensión aduciendo que no debía admitirse el planteamiento de impugnaciones contra la relación de créditos contra la masa, ya que el incidente previsto en la Ley Concursal (art. 96) solo contempla la impugnación de la lista de acreedores y, por tanto, de los créditos concursales. En tercer lugar, el juez de lo mercantil que conoce del concurso, en el fallo de su sentencia, «asignó a los demandantes un crédito concursal y ordenó modificar el inventario de la masa activa del concurso», algo que ni se planteó en la demanda, ni se alegó en el incidente por ninguna de las partes.

El Tribunal de apelación no solo muestra su sorpresa ante la actuación del juez, sino que debe hacer un esfuerzo de contención y, frente a la actuación de la administración concursal, abstenerse de cualquier pronunciamiento, ya que la pretensión de la parte actora no podía atenderse porque carecía de sentido.

Por un lado, desde el punto de vista procesal, la Audiencia declara que: «la comisión de incongruencia es palmaria». «[L]a parte demandante simplemente solicitaba la elevación del quantum de un crédito contra la masa y la respuesta del juez ha sido la de asignarle, de oficio, porque nadie se lo pidió, la titularidad de un crédito concursal, que no había sido reclamado como tal, y ordenar además la modificación del inventario de la masa activa, sin que éste hubiera sido impugnado por la actora».

Por otro lado, desde el punto de vista sustantivo, el Tribunal afirma que no puede pronunciarse sobre la solución aplicable al contrato sin incurrir, a su vez, en incongruencia. Sin embargo, tampoco puede sustraerse a la necesidad de explicar, no ya las normas concursales sobre contratos, sino la configuración legal del contrato de compraventa, en cuanto contrato con obligaciones recíprocas en el que la obligación de entrega del bien -por parte del vendedor- tiene su contrapartida en la obligación de pago del precio -por parte del comprador-. Así, la situación descrita se corresponde con un contrato de compraventa en vigor cuando se declara el concurso, en el que la parte compradora había pagado parte del precio y la vivienda aún no había sido entregada, de modo que estaba pendiente de cumplimiento por ambas partes y resultaba, por tanto, subsumible en el artículo 61.2 de la Ley Concursal. Con arreglo a ese precepto, el contrato debía seguir vigente y las prestaciones a cargo de la concursada-vendedora debían realizarse a cargo de la masa, en tanto que, conservaba su derecho a recibir el resto del precio. En este sentido: «debe tenerse presente que la prestación que incumbía realizar a la concursada era la de construir la casa y entregar la vivienda comprometida […]», y que: «se trata de una obligación de hacer/dar, no de pagar al contrario cantidad alguna». Por tanto, la Audiencia aclara: «[L]o que pudiera exigir la contraparte a la concursada es, contra el pago de lo que restaba del precio, que la vendedora cumpliera con aquello a lo que se comprometió. Ello no consistía en la entrega de una cantidad dineraria, por lo que la parte demandante no puede reclamar de este tribunal, mientras el contrato siga vigente, que le asigne, sin más trámite, la condición de beneficiaria del derecho a obtener un importe determinado de dinero a cargo de la masa activa del concurso». En otras palabras, si la obligación del comprador consiste en la entrega del precio y la obligación del vendedor en la entrega del bien, el comprador será acreedor a la entrega del bien, pero deudor del precio, y el vendedor será acreedor del precio, pero deudor del bien. No obstante, la administración concursal había reconocido a los compradores un crédito por el precio pendiente de pago como crédito contra la masa; crédito que los compradores pretendían se extendiera a la totalidad del precio debido, aunque no podían ser acreedores de lo que constituye su deber de prestación.

Se hace evidente, como afirma la Audiencia, que la administración concursal ha seguido «el criterio que ha estimado oportuno» a la hora de confeccionar la relación informativa de créditos contra la masa y de cuantificarlos, y que, «con independencia de lo que hayan hecho en relación con otros afectados» y «de lo acertado o no que pueda parecernos el criterio seguido por la administración concursal», el Tribunal de apelación no puede decretar de oficio la modificación de la  relación de créditos contra la masa.  Tampoco puede dar la razón al recurrente, dado que «ante un contrato de compraventa vigente, la parte compradora nunca podría ostentar, porque resultaría un sinsentido, un derecho de crédito contra el vendedor equivalente al importe del precio de compra (en su mayor parte, además, todavía impagado por los propios compradores), que es, precisamente, lo que se solicitaba en la demanda y en lo que se insiste en el recurso. El derecho de los compradores consistiría, insistimos en ello, en poder exigir la entrega del bien adquirido y ello además contra el previo o simultáneo pago por su parte del resto de lo que todavía adeudaban».

Por último, aún precisa el Tribunal que no puede apreciarse en el caso consecuencia restitutoria alguna derivada de una acción de resolución contractual por incumplimiento (ex art. 62 LC, único supuesto en el que el comprador podría resultar acreedor de lo entregado a cuenta del precio). Además, «una acción de esta índole podría enfrentarse a severos obstáculos en el caso de que la causa del incumplimiento hubiera de buscarse en una situación previa a la declaración de concurso». Recuerda la Audiencia que, según criterio mantenido por el Tribunal Supremo (SSTS de 18 de diciembre de 2012 y de 24 y 25 de julio de 2013), la Ley Concursal «restringe la posibilidad de ejercicio de la acción resolutoria, en el caso de los contratos de tracto único, a las situaciones de incumplimiento que fuesen posteriores a la declaración de concurso y la excluye para los supuestos en los que hubiese podido constatarse el incumplimiento anterior a ese momento, aunque la situación se hubiese prolongado después».

En definitiva, entendemos a la Audiencia, que enmudece ante el planteamiento de la demanda y del recurso, en el que la parte in bonis compradora reclama el importe correspondiente al precio de compra del bien con el carácter de crédito contra la masa, reconocido por la administración concursal, si bien esa solución no es posible desde la perspectiva de la equivalencia de las prestaciones en un contrato de compraventa, ni aún en caso de incumplimiento.

Causas e implicaciones de la escasa utilización del concurso para la economía española.

La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) organiza una sesión en la que se tratará sobre “La escasa utilización del concurso de acreedores: causas e implicaciones para la economía española”.

En ella participará Aurelio Gurrea Martínez, socio de Dictum Abogados, investigador de la Universidad de Stanford y director ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, junto con  Julio Fuentes, secretario general técnico del Ministerio de Justicia. Moderará la mesa Adrián Thery, socio del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias, de Garrigues.

La cita tiene por objeto el análisis de las causas e implicaciones que puede suponer para la economía española la escasa utilización del concurso de acreedores. En este sentido, Aurelio Gurrea expondrá los resultados de un reciente trabajo en el que pone de manifiesto cómo la deficiente regulación española en materia de insolvencia, unida a determinados factores económicos, sociológicos, legales y culturales, afectan significativamente a la estructura económica y financiera de las empresas españolas, y, en consecuencia, a sus niveles de rentabilidad, desarrollo e innovación. Puedes acceder al trabajo aquí.

Seguidamente, se debatirá una propuesta de reforma de la Ley Concursal que, partiendo de la experiencia comparada y de los fundamentos económicos de un moderno Derecho de la insolvencia, pretende contribuir a la desestigmatización de la insolvencia y a la mejora en la eficacia, eficiencia y atractivo del concurso tanto para deudores como para acreedores. Finalmente, se debatirán una serie de reformas no concursales que pretenden favorecer el óptimo diseño de la estructura económica y financiera de las empresas españolas, con el objetivo de favorecer el crecimiento y competitividad de la economía española.

La sesión se desarrollará de 14:00 a 16:30 h. con un tentempié informal en los primeros 30 minutos el Martes, 21 de Junio 2016.
Fide celebra esta sesión en la C/ Serrano, 26-4ºderecha en Madrid.
Para poder asistir es imprescindible confirmar asistencia a Carmen Hermida en la siguiente dirección de correo carmen.hermida@fidefundacion.es

Sara Ugena Muñoz, doctora en Derecho tras la lectura de su tesis sobre los ‘Privilegios marítimos en el concurso de acreedores’

Sara Ugena Muñoz, abogada de Dictum y profesora de la Universidad Católica de Ávila, ha obtenido el doctorado, con la calificación de sobresaliente cum laude, tras la lectura de su tesis sobre “Los privilegios marítimos del concurso de acreedores,” dirigida por Ana Belén Campuzano, catedrática de Derecho Mercantil y socia de Dictum. … Read more »

Sobre la comunicación de la AEAT de inclusión en la lista de deudores a empresas concursadas que adeuden más de un millón de euros

Publicado en e-Dictum 48, diciembre de 2015 >>

Últimamente se están recibiendo en las empresas concursadas (y también en las que no están en tal situación legalmente declarada) una comunicación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que notifica su inclusión en el listado de deudores con incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias con base en que dichas deudas no se encuentran ni aplazadas ni suspendidas, … Read more »

Seminario Dictum: La Ley de segunda oportunidad

El próximo 24 de noviembre, los profesionales de Dictum participarán en un Seminario sobre la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, de la mano de María Luisa Sánchez Paredes, Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Antonio de Nebrija y Doctora en Derecho. … Read more »