Por E. Daniel Truffat, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y socio fundador de Naveira, Truffat, Martínez Abogados.
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A la fecha de preparación de este mínimo ensayo en Argentina[1], mi país, hay unos 12.000 infectados de COVID 19 y llevamos unos 450 fallecidos. Más dos meses y medio de dura cuarentena. Hoy se está liberando ésta en el territorio nacional con dos excepciones dantescas: la ciudad de Buenos Aires y el cordón de municipios que la rodean (lo que se conoce como AMBA o Área Metropolitana Buenos Aires), donde –entremezclado con ámbitos urbanos altamente desarrollados y propios del primer mundo, no solo en urbanización sino también en servicios sanitarios- hay un sinfín de asentamientos, barrios populares o (tal como lo llama con una mezcla de piedad y desprecio la clase media nacional) “villas de emergencia”[2]. Auténtico centro donde se focaliza el mayor riesgo de contagio y la posibilidad de que se exceda la eventual respuesta médica que, justo es reconocer, se ha reforzado a tambor batiente en estos meses previos.
Mientras tanto el grueso de los negocios siguen cerrados, salvo aquellos de cercanía que brindan alimentos o remedios (y que, tratándose de supermercados, aprovechan para vender también ropa, calzado, marroquinería en desmedro de los locales específicos que no están abiertos). El Estado asiste pagando a los trabajadores “medio sueldo” mientras que un DNU ha duplicado las indemnizaciones por despedido y prohibido los despidos y suspensiones. Es decir el grueso de las empresas y comercios, al menos aquellos que se encuentran en megalópolis como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, están condenados a la desesperación[3]. No puede vender, no pueden producir, pero deben mantener la nómina laboral y pagar alquileres, impuestos y demás cargas. El Fisco ha diferido uno o dos meses el pago de gabelas, pero hoy se da el disparate que hay empresas que –mirando los resultados del año pasado- habrían recibido intimaciones para abonar “renta mínima presunta”. Los cuentapropistas –profesionales universitarios, peluqueros, taxistas, electricistas, gasistas, plomeros- están vislumbrando un futuro nada promisorio o viviendo un literal infierno [4]y[5]
los tribunales están cerrados a cal y canto. La Corte Suprema sostiene que el servicio mínimo de Justicia es prestado por tribunales de guardia y a través de presentaciones digitales, pero eso es solo para “salvar la cara”[6].
La verdad es que Argentina está, técnicamente, en situación de denegación de Justicia. El Poder más relevante de un Estado de Derecho –porque sin él y sin inviolabilidad de la defensa en juicio, los demás derechos y garantías de la Constitución pueden quedar en lo meramente declamativo- es una Agencia casi sin labores efectivas[7].
En algún momento saldremos de la cuarentena y los Tribunales volverán a funcionar. Y más allá de que una ley imposibilite (por cierto tiempo) pedir la quiebra o ejecutar hipotecas, o demandar la propia quiebra, o, aún, presentar el concursamiento, lo cierto es que más tarde o más temprano habrá una catarata de éstos.
Y la pregunta de este brevísimo trabajo es: ¿servirán para algo y por qué?
Ayer en un debate digital precisamente sobre la cuarentena[8] cité una enseñanza de mi difunto y siempre bien recordado suegro[9]. Este me enseñó que cuando Hipócrates[10] se encontraba con una enfermedad que no sabía tratar mandaba al enfermo a orar al templo de Apolo[11]. Así (i) lo aislaba, (ii) estaba cerca para controlarlo, (iii) lo forzaba a descansar, (iv) lo sometía a un ayuno y vida saludable en lo demás y lo mantenía hidratado y (v) confiaba en la naturaleza y el tiempo.
¿Para qué servirán los concursamientos? Literalmente para lo mismo. Para que la empresa descanse a resguardo de agresiones patrimoniales, para que no puede hacer locuras y deba aplicar políticas rigurosas de no endeudamiento y de formulación de programas de salida, tratando de no contagiar cesación de pagos, para que “reporte” a una autoridad externa que lo apoye en el andar por el recto camino, para que se tome del tiempo[12] –a la espera que una reacción del mercado y una lúcida reacción de los gobiernos (que vaya más allá de volcar fondos y de apetencias antidemocráticas de ciertos políticos de generar una clase de “clientes” entre los empresarios) permita la recuperación-. La clave de tal accionar será utilizar al concurso como el templo de Apolo (o de Asclepio, si hubiera), dejando que el curso natural de la economía y la capacidad negociadora de los empresarios –canalizada con prudencia pero con ánimo de garantizar equidad, tutelada por el Juzgado[13]– haga el resto.
No parece gran cosa. Pero no creo que haya mucho más.
[1] Dictum ha cometido el error de incorporarme a su Consejo Académico Internacional. Y nos ha invitado, a un grupo de prestigiosos juristas y a mí, a sumarnos al Nro. 100 de su Revista Digital con un breve trabajo. Presento rápido esta brevísima monografía antes de que adviertan el yerro…
[2] La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene unos 3 millones de habitantes –de éstos un cuarto de millón viviendo en barriadas populares-. El resto de gran Buenos Aires tiene unos 10 millones de habitantes. Y las áreas carenciadas cubren más o menos el 35% del mismo –pudorosamente los funcionarios políticos de la Provincia reconocen que las personas que viven en condiciones precarias son, como mínimo, diez veces más que las de la Ciudad-.
[3] En teoría en Rosario y Córdoba habría una tenue reapertura autorizada por el Gobierno Federal, pero, a su vez, limitada por los Gobernadores de las Provincias donde están dichas ciudades (Santa Fe y Córdoba, respectivamente).
[4] Según noticias periodísticas, cerca del 90% de los argentinos que trabajan tienen alguna deuda extra bancaria. De estos un 30% está atrasado con la cuenta de luz, gas o televisión por cable. Un 20% adeuda el mes anterior de alquiler y un 11% la cuota del colegio de sus hijos.
[5] Como dije ya en algún envío digital, esto no significa tomar partido en contra de la cuarentena. Ciertamente confieso, como ciudadano de a pie, que de estar en el lugar de los gobernantes me pesaría mucho “abrirla” con riesgo de un aumento significativo de fallecidos. No tener posición definitiva sobre el punto, no obsta al relato objetivo de los problemas que suscita la parálisis propia del enclaustramiento.
[6] Tal vez no puedan hacer más en la emergencia. Pero lo cierto es que el disgusto de los profesionales de Derecho, y de buena parte de los propios Magistrados, es muy marcado.
[7] Esto dicho con la salvedad, respeto y consideración por algún grupo meritorio de jueces, funcionarios y empleados que hace lo imposible, más allá de las limitaciones formales y de la magra asistencia de la cabeza del Poder Judicial, para honrar con trabajo “a distancia” la altísima función que la República les confiara.
[8] Que según se verá también participa de la idea de suspender todo y esperar a ver qué pasa.
[9] El Dr. Rubén Osvaldo Linares. Uno de esos médicos que había en la Argentina de mi juventud, que prefirió ocuparse de los pobres antes de ganar el reconocimiento académico que merecía y que además de un gran profesional de la medicina era una autoridad en la historia de tal profesión.
[10] Entiéndase: los médicos de la infancia absoluta de la medicina.
[11] En la mitología griega Apolo era el padre de Asclepio o Asclepios (entre los romanos Esculapio), dios de la medicina y la curación.
[12] Vivimos sobre acelerados. Lo cual es muy malo cuando nos dirigimos a un despeñadero. Es bueno tomarse “el” tiempo y tomarnos de este (“del”) tiempo para que nos asista en esta hora de tribulaciones.
[13] Eventualmente en sus resultados, pero podría colaborar también con audiencias (hacerse el rígido, el desatado, el prepotente, nunca es fácil en presencia de un juez. Y muchos negociadores habitualmente desaforados suelen moderarse y canalizar mejor su talento en tales ámbitos).
