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Dictum Abogados defenderá los intereses de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Adveo en el concurso de acreedores

Dictum Abogados ha firmado un contrato con la Asociación de Unión de Accionistas Minoritarios de Adveo Group International S.A., UMADVEO, para representarla en el concurso de acreedores del Grupo.

El pasado 14 de diciembre, el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid declaró el concurso voluntario ordinario de las sociedades miembros del Grupo Adveo, presentado tras el fallido acuerdo de reestructuración de deuda del 27 de julio de 2017, que se renovó el 16 de agosto de 2018.

Bajo la dirección del socio de la firma Juan Carlos Rodríguez Maseda, Dictum Abogados velará por los derechos de los socios minoritarios mediante el asesoramiento y la representación letrada, la provisión de información pormenorizada sobre la situación del concurso y la puesta en marcha de acciones que protejan sus intereses.

Sobre UMADVEO

Constituida en enero de 2019, la Asociación de Unión de Accionistas Minoritarios de Adveo Group International S.A., que actualmente cuenta con 61 socios,  se ha creado con el objetivo de promover y defender jurídicamente los intereses de los accionistas minoritarios de Adveo y difundir los hechos de interés para los asociados.

Aquellas personas interesadas en ser miembros de la asociación o que deseen recibir una mayor información deben dirigirse al correo electrónico: info@umadveo.org

El socio Antonio Caba interviene en la «Jornada sobre violencia y corrupción en el fútbol» organizada por LaLiga

El pasado 10 de mayo se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Estepona (Málaga) la «Jornada sobre violencia y corrupción en el fútbol«, organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) y el Ayuntamiento de Estepona y en la que intervinieron el socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena y la profesional Yolanda Morales.

En concreto, el también profesor asociado de Derecho penal de la Universidad de Málaga ofreció la ponencia «El delito de corrupción en el deporte»,  en una jornada cuyo objetivo era exponer y reflexionar sobre cómo atajar o minimizar algunos de los aspectos más negativos del deporte rey en nuestro país, abordando tanto la competencia y las funciones en materia de integridad y seguridad como su regulación normativa en las vertientes administrativa y penal.

También participaron en esta sesión el director de Integridad y Seguridad de LaLiga, Florentino Villabona Madera, y el inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional y Málaga y coordinador de Seguridad en partidos de fútbol, Julio Bujalance Oteros.

El CEO y socio de Dictum, Vicente García Gil, docente de la novena edición del curso de Experto Legal en Blockchain, Smart Contracts, Tokenización e ICOS/STOS

Los pasados 3, 4 y 5 de junio ha tenido lugar la novena edición del curso de Experto Legal en Blockchain, Smart Contracts, Tokenización e ICOS/STOS, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española, en colaboración con Blockchain Intelligence Law Institute, y en el que el consejero delegado y socio de Dictum, Vicente J. García Gil, ha repetido como docente.

En concreto, García Gil, abogado experto legal en blockchain, ha impartido el módulo sobre smart contracts, materia que investiga actualmente en el Programa Internacional de Doctorado de la Universidad CEU-San Pablo .

La compresión del funcionamiento de los smart contracts, las implicaciones jurídicas de la autoejecución, la función de los oráculos, la jurisdicción aplicable y los casos de uso son algunos de los temas vistos en este módulo, al que se han sumado otros como «Tecnología blockchain», «Identidad digital», «Tokenización de activos» o «ICOS y STOS».

El equipo docente de este curso, que cuenta con tres labs prácticos y un caso de compraventa en smart contract, se compone de los mejores juristas expertos en blockchain, así como de ingenieros informáticos, macroeconomistas, business developers, innovadores y emprendedores, todos ellos líderes en cada uno de estos campos y con altos niveles de formación teórica y de experiencia práctica en el mundo blockchain.

Responsabilidad concursal

La Sentencia del Tribunal Supremo 279/2019, Sala Civil, de 22 de mayo de 2019, se refiere a la correcta interpretación del artículo 172 bis de la Ley Concursal, tras la reforma operada por el Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo. En el supuesto, la administración concursal pidió en la sección de calificación que se declarara culpable el concurso por la concurrencia de dos causas: i) irregularidades relevantes en la contabilidad para la comprensión de la situación patrimonial del concursado (art. 164.2.1º LC); ii) e inexactitudes graves en los documentos acompañados con la solicitud de concurso (art. 164.2.2º LC). El informe de calificación identifica como personas afectadas por la calificación a los dos administradores de la sociedad y pide su inhabilitación por un período de dos años, así como la pérdida de derechos en el concurso y su condena a cubrir la totalidad del déficit concursal. El Ministerio Fiscal se adhirió a la calificación propuesta por la administración concursal. De las dos causas de calificación, el juzgado mercantil sólo apreció la concurrencia de la primera y declara personas afectadas por la calificación a los dos administradores de la sociedad, a quienes inhabilita por dos años, además de condenarlos a la pérdida de cualquier derecho como acreedor concursal o contra la masa, y a responder solidariamente de la cobertura del déficit concursal. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la concursada y por los dos administradores declarados personas afectadas por la calificación. La Audiencia confirma la calificación culpable porque se entiende acreditado que se contabilizaron créditos inexistentes y también confirma la declaración de personas afectadas por la calificación y su condena a la inhabilitación y a la pérdida de derechos en el concurso. Pero, respecto de la condena a la cobertura del déficit, la Audiencia entiende que bajo la normativa aplicable (el art. 172 bis LC, tras la reforma operada por el RDL 4/2014, de 7 de marzo) debe aquilatarse a la medida en que se hubiera generado o agravado la insolvencia. La sentencia de apelación viene acompañada de un voto particular que discrepa del enjuiciamiento realizado sobre la condena a la cobertura del déficit, resaltando en el caso planteado la ausencia de valoración de la incidencia de la conducta que determina la calificación culpable del concurso en la generación o agravación de la insolvencia -que además no podía extraerse del informe de la administración concursal, que nada decía al respecto- así como la falta de explicación de la intervención de cada uno de los administradores en el hecho que determina la calificación. Por eso entiende que no procedía la condena a la cobertura del déficit.

Interpuesto recurso de casación, la controversia se contrae a la correcta interpretación del artículo 172 bis de la Ley Concursal, tras la reforma operada por el Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, en relación con su aplicación al caso enjuiciado. Señala, a este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2019, que esta reforma modificó el régimen de responsabilidad respecto de la cobertura del déficit previsto en el artículo 172 bis de la Ley Concursal, al especificar en su apartado 1 que la condena «a la cobertura, total o parcial, del déficit», lo será «en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia». Así lo interpretó el Tribunal Supremo en la sentencia 772/2014, de 12 de enero de 2015, al resaltar su naturaleza resarcitoria: «la introducción de tal inciso en esa reforma legal no puede considerarse como una aclaración o interpretación de la normativa preexistente, sino como la decisión del legislador de modificar el criterio determinante de la responsabilidad concursal e introducir un régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administrador, liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias, a los socios) de la cobertura total o parcial del déficit concursal «en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia». En esta sentencia 772/2014, de 12 de enero de 2015, el Tribunal Supremo entendió que el nuevo régimen de responsabilidad sólo era aplicable a los casos en que la sección de calificación hubiera sido abierta después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, como ocurre en el supuesto que ahora se plantea. Por esta razón, destaca que no se hubiera pronunciado antes sobre su correcta interpretación y aplicación.

Pues bien, bajo el actual artículo 172 bis.1 de la Ley Concursal, indica el Tribunal Supremo que la justificación de la condena a la cobertura del déficit radica en la incidencia que la conducta o conductas que hubieran merecido la calificación culpable del concurso han tenido en la generación o agravación de la insolvencia. Como se ha advertido en la doctrina, esto trae consigo dos consecuencias lógicas, que afectan al enjuiciamiento: i) por una parte, no cabe condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, apoderados generales o socios que se negaron sin causa justificada a la capitalización de créditos, a la cobertura total o parcial del déficit si con su conducta (la que ha merecido la calificación culpable y su declaración de persona afectada por la calificación) no han contribuido a la generación o a la agravación de la insolvencia; ii) y, por otra, el alcance o montante de esta condena estará en función de la incidencia que su conducta ha tenido en la generación de la insolvencia o en su agravación.

En el supuesto planteado existe una sola conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso: irregularidades relevantes en la contabilidad para la comprensión de la situación patrimonial del concursado (art. 164.2.1º LC), resultando irrelevante para esta calificación culpable la valoración jurídica de si la irregularidad contable contribuyó a generar o agravar la insolvencia. En este sentido, se destaca en la resolución judicial que lo anterior constituye uno de los presupuestos de la condena a la cobertura del déficit, pero no es suficiente. Así, para esta responsabilidad por el déficit concursal sí es necesario que la conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso, en este caso las referidas irregularidades en la contabilidad, hubiera contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, que es la que a la postre provoca el déficit. Si bien para lograr la calificación culpable del concurso sobre la concurrencia de esta causa prevista en el artículo 164.2 de la Ley Concursal, la administración sólo tenía que acreditar la existencia de la irregularidad contable y su relevancia para la comprensión de la situación patrimonial del deudor concursado, para obtener una condena a la cobertura del déficit le correspondía, además, justificar en qué medida la conducta había contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. Esta justificación supone, cuando menos, un esfuerzo argumentativo que muestre de forma razonable cómo la conducta generó o agravó la insolvencia y en qué medida lo hizo, aunque sea de forma estimativa. Sin perjuicio de que, en algunos casos, ante la imposibilidad de acreditar las causas de la generación o agravación de la insolvencia y, sobre todo, la posible incidencia de la conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso, debido a esta propia conducta que provoca como efecto la imposibilidad de conocer y acreditar, sea posible invertir la carga de la acreditación. Esto último puede ocurrir cuando la calificación culpable del concurso se justifica por la concurrencia de las dos primeras causas del artículo 164.2 de la Ley Concursal, las que guardan relación con la ausencia o falseamiento de la contabilidad y con las inexactitudes graves en la documentación aportada al concurso por el deudor concursado. En ambos casos, no es que no sea necesario acreditar que la conducta generó o agravó la insolvencia, y en qué medida lo hizo, para poder condenar a la cobertura total o parcial del déficit, sino que puede ocurrir que la propia conducta haya impedido conocerlo y, por eso, resulta lógico que se desplace a los responsables de la conducta las consecuencias de esa imposibilidad de conocer y se presuma esa contribución a la generación o agravación de la insolvencia. Pero, insiste el Tribunal Supremo, que no cabe presumir en todo caso que las irregularidades en la contabilidad relevantes para comprender la situación patrimonial del deudor generaron la insolvencia.

En el supuesto, entiende el Tribunal Supremo que la sentencia recurrida no justifica de forma mínimamente razonable cómo la irregularidad contable de incluir en el balance un activo ficticio pudo agravar la situación de insolvencia, ni mucho menos que lo hubiera hecho en la cifra señalada por la Audiencia. De la lectura del informe de la administración concursal cabía extraer la justificación aducida de la siguiente mención, que sigue a la exposición de las conductas respecto de las que se pedía la calificación culpable: «ello implica: en primer lugar, que se haya generado o agravado la situación de insolvencia al no adoptar decisiones de solicitud de concurso o disolución de la empresa en lugar de seguir adquiriendo compromisos que no se iba a poder cumplir; y, en segundo lugar, que se haya dado una apariencia de solvencia a los acreedores de la empresa que no era tal, siendo por lo tanto la irregularidad relevante para la comprensión por parte de dichos acreedores de la situación patrimonial o financiera». De las dos consecuencias, la segunda incidía directamente en el cumplimiento de los elementos del tipo previsto en el artículo 164.2.1º de la Ley Concursal y servía para calificar culpable el concurso. Pero si se pretendía, además, la condena a la cobertura del déficit, precisaba de una concreción adicional sobre cómo esta apariencia había contribuido a la generación o agravación de la insolvencia. En cuanto a la primera mención, es una afirmación excesivamente genérica, una mera suposición empleada como argumento retórico, vacía de una mínima concreción. Indistintamente, se aduce que las irregularidades contables retrasaron la adopción de la decisión de pedir el concurso o de instar la disolución, sin concretar nada más. No se indica cuándo presumiblemente se encontraba la sociedad en estado de insolvencia, por cuánto tiempo presumiblemente se retrasó la solicitud de concurso, ni, lo que es más importante, cómo se incrementó desde entonces el endeudamiento. Lo que ocurre en este caso, destaca el Tribunal Supremo, es que, de hecho, la administración concursal, a pesar del reseñado argumento, no llega a afirmar que hubiera habido un retraso en la solicitud de concurso. No lo indicó en el primer informe del artículo 76 de la Ley Concursal, ni tampoco llegó a denunciarlo explícitamente en el informe de calificación, lo que además hubiera constituido una causa adicional de calificación del concurso (art. 165.1 LC). Por otra parte, tampoco se explica y justifica que esta irregularidad contable hubiera impedido a la administración concursal conocer las verdaderas causas de la generación o, en su caso, agravación de la insolvencia, lo que hubiera justificado presumirlo. Ello lleva, en definitiva, al Tribunal Supremo a casar la sentencia y modificar la sentencia de apelación, en el sentido de dejar sin efecto la condena de los administradores a la cobertura del déficit concursal.

BIBLIOGRAFÍA, E-DICTUM Nº89, JUNIO DE 2019

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EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES COMO GARANTÍA DE LA PRIVACIDAD DE LOS TRABAJADORES

Autora: Orellana Cano, Ana María

Editorial: Aranzadi

Págs.: 188

Edición: Primera

ISBN: 9788413093420

En la presente obra se examina, de una forma eminentemente práctica, el derecho a la protección de datos personales en las tres fases de la relación laboral: en el proceso de selección de personal, durante la vigencia del contrato de trabajo y, en la extinción del mismo.

Analiza el derecho a la protección de datos personales de los trabajadores a la luz de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre.

Solventa la mayoría de los problemas que suscita el respeto a la protección de los datos personales de los trabajadores en las empresas.

Facilita las pautas que deben tenerse en cuenta en la negociación colectiva y, en la elaboración de las normas de política interna de las empresas.

MEMENTO PRÁCTICO – IGUALDAD

Autores: Varios

Editorial: Francis Lefebvre

Págs.: 949

Edición: Primera

ISBN: 9788417544966

Nuestra Constitución establece que la Igualdad es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, declara que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Este Memento pretende aproximar el conocimiento de los conceptos de Igualdad y Discriminación a los operadores jurídicos, en todas y cada una de las vertientes que se señalan: origen, género, religión… Además, considerando las obligaciones asumidas por nuestro país con la suscripción de determinados Acuerdos, el análisis de estos principios se ha enmarcado en el ámbito más amplio de la normativa derivada de los Tratados Internacionales y en concreto de Naciones Unidas y la Unión Europea.

El reconocimiento de un derecho no basta para obtener su satisfacción. El carácter eminentemente práctico del Memento facilita el acercamiento de los usuarios a esta materia para que tengan a mano los instrumentos más adecuados para conseguir su aplicación de manera eficaz.

Las manifestaciones de la desigualdad no son homogéneas. Para concretar y aproximar su realidad en el plano jurídico, la obra se ha dividido en los diferentes ámbitos Civil, Penal, Administrativo, Fiscal y Laboral, sin olvidar en el plano mercantil el papel que juega la Responsabilidad Social de las Empresas.  La importancia del principio de Igualdad de Género ha obligado a dar una mayor relevancia a su tratamiento, no sólo en cada uno de los ámbitos citados, sino también en cuanto a la manera de abordar las tareas legislativa y judicial.

Finalmente, se dedican partes muy amplias de la obra a la protección administrativa y judicial de la Igualdad y no discriminación no sólo en el ámbito penal sino también ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ámbito de las Naciones Unidas.

LOS FUNDAMENTOS DE LA PROHIBICIÓN DEL ABUSO DE MERCADO

Autor: Martínez Flórez, Aurora

Editorial: Tirant lo Blanch

Págs.: 197

Edición: Primera

ISBN: 9788413134741

La última crisis financiera y los graves escándalos de manipulación y prácticas fraudulentas producidos a escala internacional que se revelaron durante la misma pusieron también al descubierto deficiencias y lagunas en la ordenación del mercado financiero y en especial en las normas reguladoras de los mercados de valores. Estos déficits en la regulación llevaron a los legisladores de los principales países y, desde luego, al europeo a aprobar una amplia batería de normas con la que trataron de dar respuesta a los problemas detectados.

Para que los mercados de valores funcionen de forma adecuada y puedan cumplir las importantes funciones que tienen encomendadas es necesario garantizar la integridad de los mercados y reforzar la protección de los inversores y su confianza en dichos mercados. Estos son los objetivos declarados de esos textos normativos y en ellos se encuentran, en parte, los fundamentos de la ordenación del abuso de mercado.

La presente obra analiza los fundamentos de la prohibición del abuso de mercado y desentraña el significado y alcance de cada uno de ellos y muy en particular de la integridad de los mercados, de la confianza de los inversores y de la tutela otorgada a estos por las normas reguladoras del abuso de mercado. Se considera igualmente la significativa contribución del Derecho del abuso de mercado a la satisfacción de otros objetivos legales y, en particular, la eficiencia de los mercados. En el libro el lector podrá encontrar también los bienes jurídicos protegidos por la prohibición de las diferentes conductas, su ratio legis y el papel de cada uno de ellos en la interpretación y aplicación del Derecho del abuso de mercado. La contribución de la obra no radica tanto en la interpretación literal de las disposiciones del Reglamento y de la Directiva, cuanto en la comprensión del sentido de sus normas, lo que es especialmente relevante, para dar seguridad jurídica, ante normas sancionadoras que utilizan numerosos conceptos abiertos.

 

COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO: ASPECTOS ESTRATÉGICOS

Director: Alfonso Sánchez, Rosalía

Editorial: Aranzadi

Págs.: 764

Edición: Primera

ISBN: 9788413091587

Las cooperativas de enseñanza son entidades de Economía Social que desarrollan la actividad docente en los distintos niveles educativos, pudiendo, además realizar actividades complementarias, extraescolares y prestar otros servicios que faciliten la formación integral del alumno. A las cooperativas de enseñanza que asocien a los padres y madres de alumnos, a los representantes legales de éstos, en su caso, o a los propios alumnos les serán de aplicación las normas previstas en la Ley de Cooperativas para las cooperativas de consumidores y usuarios, mientras que cuando asocien a profesores y a personal no docente y de servicios se les aplicarán las reglas de las cooperativas de trabajo asociado.

En el presente libro, la cooperativa de enseñanza se analiza desde diversas perspectivas y ámbitos gracias a las aportaciones de un grupo interdisciplinar de especialistas del derecho, la economía y la enseñanza. El origen histórico del movimiento cooperativo de enseñanza, el régimen jurídico mercantil, laboral y de seguridad social de las cooperativas de enseñanza, las obligaciones fiscales de los socios y de la sociedad, controvertidas cuestiones del ámbito penal, la protección de datos y las normas de calidad en la enseñanza, son los grandes bloques temáticos con los que el lector se podrá encontrar al abrir sus páginas.

La obra pretende ser un referente para todos aquellos que de una u otra manera se encuentran atraídos por el cooperativismo de enseñanza. Por una parte, para los docentes, para los alumnos y sus familias, para los encargados de la gestión de la empresa cooperativa y para los que asumen la gestión del centro de enseñanza. Pero también para quienes desde un punto de vista jurídico o económico estén interesados en esta particular clase de sociedad cooperativa y los retos a los que se enfrenta.

DERECHO DE DAÑOS TECNOLÓGICOS, CIBERSEGURIDAD E INSURTECH

Autor: Jimeno Muñoz, Jesús

Editorial: Dykinson

Págs.: 311

Edición: Primera

ISBN: 9788413241463

El desarrollo de las tecnologías de la información y su relevancia en el ámbito socioeconómico ha generado un verdadero cambio a nivel global denominado 4ª Revolución Industrial, en el que las Tecnologías de la Información y la hiperconectividad constituyen un pilar fundamental para la sociedad actual. Así, el ecosistema digital ha adquirido una enorme relevancia social y jurídica que está transformando la sociedad del Siglo XXI.

Las actuales realidades socioeconómicas plantean nuevos paradigmas y situaciones de las que se pueden derivar todo género de daños. Así, la presente obra elabora una clasificación comprensiva de los distintos tipos de bienes y derechos que puedan padecer algún detrimento como consecuencia de las actividades llevadas a cabo en el ciberespacio.

Y en particular, sobre aquellos en los que pueda recaer el interés del derecho privado. Todo ello, nos permitirá estudiar los conceptos y definiciones propias de la ciberseguridad y la gestión de los riesgos tecnológicos.

La transferencia y gestión de estos riesgos se llevará a cabo por medio del denominado Insurtech que atiende a las realidades introducidas por los sistemas tecnológicos actuales, como el blockchain, la economía colaborativa, el IoT, y la Inteligencia Artificial. Y todo ello, constituye el entorno por el que el National Association of Insurance Commissioners (NAIC) considera que la Industria Aseguradora está modificando sus políticas y modelos comerciales para abordar un nuevo panorama competitivo.

En definitiva, la obra trata de reunir un amplio conocimiento técnico y jurídico, para definir el marco del derecho de daños en el ámbito tecnológico; y, abordar la importancia de la ciberseguridad como elemento esencial para la gestión de los riesgos tecnológicos, y su transferencia financiera por medio de las novedades introducidas por el Insurtech.

VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS PACTOS MATRIMONIALES

Autora: Rozalén Creus, Lucía

Editorial: Aranzadi

Págs.: 306

Edición: Primera

ISBN: 9788413093970

El presente libro trata el tema de los pactos matrimoniales, en sentido amplio, abarcando tanto las capitulaciones matrimoniales, otros posibles pactos o contenido atípico de las mismas, pactos en previsión de una ruptura, convenio regulador…

Partiendo de su conceptuación y naturaleza, así como de su evolución histórica, llegamos a cada uno de los tipos de pactos matrimoniales admitidos en la actualidad.

Se desgrana cada uno de los posibles acuerdos más relevantes que se dan en la práctica diaria. Finalmente, el objetivo es llegar a fijar la validez y eficacia de los mismos. Para ello, veremos los requisitos necesarios para su otorgamiento, los límites que actualmente fija nuestro ordenamiento jurídico, la protección que se otorga tanto a los firmantes como a terceros, la publicidad dispensada, así como las reglas para su modificación. También se trata su ineficacia, sus diferentes formas y efectos, el control a que son sometidos y los legitimados para hacerla valer.

En definitiva, pese a la escasa regulación que el derecho común dispensa a esta materia el presente libro trata de dar las herramientas necesarias para que los cónyuges o futuros esposos puedan regir su régimen económico así como otras muchas materias relativas a su matrimonio o la crisis del mismo sin tener que aplicar el régimen supletorio previsto en el Código Civil, sino que respetando las reglas puedan tener el instrumento para confeccionar un “régimen a su medida” a través de un pacto, con todas las garantías de cumplir con su misión.

POTESTAD SANCIONADORA Y MIFID II

Directora: Belando Garín, Beatriz

Editorial: Aranzadi

Págs.: 181

Edición: Primera

ISBN: 9788413093819

La relativamente crisis financiera dio lugar en el contexto europeo ha profundas reformas institucionales, pero también a un profundo replanteamiento de las garantías de uno de los pilares de este sector: el inversor. En esta reformulación tiene un papel protagonista la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo (MiFID II) cuya transposición y entrada en vigor se pospuso al 3 de enero de 2018. Entre las numerosas novedades de esta normativa cabe destacar la imposición a la Administración supervisora, la CNMV de importantes deberes (caso de la supervisión macroprudencial), pero también la mejora de sus potestades de inspección y sanción. El ejercicio adecuado de estas potestades es esencial para el buen funcionamiento del mercado de ahí el interés de esta obra. En ella se analizará el impacto de la MifidII en la capacidad sancionadora de la CNMV así como las implicaciones que este nuevo marco posee para la protección del inversor minorista.

LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL (DEBT-EQUITY SWAP)

Autora: Gallego Córcoles, Ascensión

Editorial: Aranzadi

Págs.: 407

Edición: Primera

ISBN: 9788413095356

Se estudian las previsiones que la normativa concursal contiene sobre la capitalización de créditos a través de un aumento de capital social; operación que se analiza desde las perspectivas concursal y societaria.

La operación es contemplada de forma completa tanto desde una perspectiva concursal como societaria. En ella se combina el tratamiento en un plano principalmente teórico de algunas cuestiones (por ejemplo, su naturaleza jurídica) con un enfoque más práctico de otros aspectos.

LA PROTECCIÓN DEL SOCIO MINORITARIO. (Especial referencia a la protección frente al atesoramiento abusivo de los beneficios sociales)

Autora: Curto Polo, Mercedes

Editorial: Tirant lo Blanch

Págs.: 344

Edición: Primera

ISBN: 9788413135984

Los conflictos internos entre los socios constituyen un auténtico talón de Aquiles de las sociedades cerradas. Por distintos avatares sobrevenidos con posterioridad a su constitución, es frecuente que se consoliden en su interior mayorías y minorías estables en conflicto, que utilizarán su poder de control o de bloqueo, respectivamente, para conseguir imponer sus intereses particulares sobre el interés social.

A lo largo de esta obra nos ocupamos únicamente del abuso de la mayoría o de opresión de la minoría, consistente en la utilización antijurídica del poder de control que le confiere la mayoría de voto a unos determinados socios para satisfacer sus intereses extrasociales por encima del interés común de los socios. Y, en particular, abordamos un supuesto frecuente de abuso de la mayoría consistente en el estrangulamiento financiero del socio minoritario mediante distintas prácticas, entre las que cobra un especial protagonismo el atesoramiento injustificado de los beneficios sociales.

En el Derecho Comparado existen distintas soluciones jurídicas, cuyo éxito es directamente proporcional al margen de flexibilidad conferido a los jueces para su aplicación. El legislador español ha optado por una solución rígida consistente en conferir a los socios minoritarios un derecho de separación, contemplado en el art. 348 bis LSC, cuando concurran una serie de presupuestos específicamente tasados. Las fuertes críticas recibidas por este precepto en su redacción originaria han llevado a acometer su reforma a través de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se trata de corregir el automatismo precedente, resultando una regulación más acorde con la naturaleza y fundamento del derecho de separación.

WHISTLEBLOWING. TOWARD A NEW THEORY

Autora: Kenny, Kate

Editorial: Harvard University Press

Págs.: 282

Edición: Primera

ISBN: 9780674975798

La sociedad necesita whistleblowers, pero hablar y exponer las irregularidades a menudo resulta una ruina profesional y personal. Kate Kenny recurre a las historias de los whistleblowers para explicar por qué esto es así y qué se debe hacer para proteger a quienes tienen el coraje de exponer la verdad.

A pesar de su contribución sustancial a la sociedad, los whistleblowers son considerados más mártires que héroes. Cuando las personas exponen faltas graves en sus organizaciones, a menudo son castigadas o ignoradas. Muchos terminan aislados por colegas, sus carreras profesionales destruidas. La industria financiera, plagada de escándalos, es el foco del estudio de esta obra. Presentando a los whistleblowers de Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza e Irlanda que trabajan en compañías como Wachovia, Halifax Bank of Scotland y Countrywide-Bank of America, este trabajo sugiere prácticas que harían que sea menos peligroso pedir cuentas a los poderosos.

Kenny entrevistó a hombres y mujeres que denunciaron conductas no éticas e ilegales en grandes corporaciones en el período previo a la crisis financiera de 2008. Muchos eran directores de cumplimiento normativo que trabajaban en organizaciones influyentes y que afirmaban seguir las reglas. Utilizando el concepto de reconocimiento afectivo para explicar cómo las normas en el trabajo influyen poderosamente en nuestra comprensión del bien y el mal, ella replantea el whistleblowing como un fenómeno colectivo, no sólo como una elección personal sino como un servicio público vital.

CORPORATE FINANCIAL DISTRESS, RESTRUCTURING, AND BANKRUPTCY. Analyze Leveraged Finance, Distressed Debt, and Bankruptcy

Autora: Kenny, Kate

Editorial: Harvard University Press

Págs.: 282

Edición: Primera

ISBN: 9780674975798

Esta obra aporta una visión integral del enorme crecimiento y evolución de los mercados de deuda en dificultades, la bancarrota corporativa y los modelos de riesgo crediticio.

Esta cuarta edición del libro de finanzas más autorizado sobre el tema actualiza y expande su discusión sobre la angustia financiera y la bancarrota, así como los temas relacionados que tratan sobre finanzas apalancadas, alto rendimiento y mercados de deuda en dificultades.

También ofrece análisis e investigaciones de vanguardia sobre reestructuraciones internacionales y de EEUU, aplicaciones de modelos de predicción de problemas en mercados financieros y de gestión, gastos de insolvencia, resultados de reestructuración y más.

RECONCILING EFICIENCY AND EQUITY. A global challenge for competition policy

Autora: Kenny, Kate

Editorial: Harvard University Press

Págs.: 282

Edición: Primera

ISBN: 9780674975798

Debido a la creciente influencia de la economía y los economistas en el derecho de la competencia y el discurso político, y en la internacionalización de la ley antimonopolio, el debate de compensación entre equidad y eficiencia ha desempeñado un papel determinante en la transformación del paradigma dominante que rige la aplicación de la ley de competencia desde al menos la década de 1970.

El debate sigue siendo crucial hoy en día, ya que los problemas de desigualdad económica y su interacción con la eficiencia se convierten en una preocupación central para los responsables de las políticas y las decisiones en materia de derecho de la competencia, así como en otras esferas de la política pública.

A pesar de su papel central en la ley de competencia, los fundamentos intelectuales de las interacciones entre ‘equidad’ y ‘eficiencia’ en el contexto de la ley de competencia nunca se han examinado en profundidad. Este libro apunta precisamente a llenar este vacío mediante la discusión de nuevos enfoques para comprender el papel de la eficiencia y las preocupaciones de equidad en el derecho de la competencia.

Dictum viaja a Ecuador como patrocinador del V Congreso Anual del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas

Los próximos 13 y 14 de junio tendrá lugar la quinta edición del Congreso Anual del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, del que Dictum Abogados es uno de los patrocinadores principales y que este año se celebra en Guayaquil (Ecuador).

Bajo la dirección académica de nuestro socio Aurelio Gurrea Martínez, profesor de Gobierno Corporativo, Regulación Financiera y Derecho Concursal en la Singapore Management University, el evento contará, además, con la intervención del CEO y socio de Dictum, Vicente J. García Gil.

En concreto, García Gil ofrecerá la ponencia “El uso de smart contracts en el sector financiero”, dentro de la mesa de Regulación financiera y mercado de valores, mientras que Gurrea Martínez hablará sobre el “Impacto del derecho concursal en el emprendimiento, la innovación, el acceso al crédito y la promoción del crecimiento económico” y presentará la propuesta para la mejora y modernización de la legislación societaria en Ecuador, elaborada por el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas (IIDF), el cual dirige, y disponible aquí.

El V Congreso Anual del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas cuenta con la presidencia de honor del doctor César Coronel y el profesor Guillermo Cabanellas. Como en años anteriores, el objetivo es discutir los principales avances científicos y regulatorios que, en materia de Derecho de sociedades, Derecho concursal, regulación financiera y mercado de valores, están teniendo lugar en la comunidad internacional, con un particular énfasis en aquellos que, de manera más directa, puedan ayudar a mejorar el entorno regulatorio e institucional en España, Portugal y América Latina.

El IIDF es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto la mejora y modernización el debate académico y legislativo en la comunidad iberoamericana con la finalidad de promover reformas legales e institucionales que permitan favorecer el emprendimiento, la innovación, el acceso al crédito y el crecimiento económico.

El CEO y socio de Dictum, Vicente J. García Gil, habla del uso de smart contracts en la prevención del blanqueo de capitales para el SEPBLAC

El pasado 25 de abril, el consejero delegado y socio de Dictum Abogados, Vicente J. García Gil, ofreció una conferencia en el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) sobre el uso de smart contracts en la prevención del blanqueo de capitales.

La sesión ofrecida en la autoridad supervisora y Unidad de Inteligencia Financiera de España formaba parte del programa de formación in house a cargo de Blockchain Intelligence, la plataforma de recursos y capacitación en torno a los desarrollos en blockchain, de cuyo Consejo Asesor es miembro García Gil.

El abogado, experto legal en blockchain, smart contracts e ICOs y presidente, asimismo, de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED), viene impartiendo una serie de charlas sobre distintos aspectos de esta herramienta, su aplicación y casos de uso, la más reciente, la celebrada el pasado 6 de marzo en FIDE (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa) sobre la tutela del consumidor en los smart contracts.

Aurelio Gurrea Martínez coordina una propuesta de reforma societaria para Ecuador

El socio de Dictum Abogados y profesor de gobierno corporativo, regulación financiera y Derecho concursal en la Singapore Management University, Aurelio Gurrea Martínez, ha coordinado, junto al Dr. César Coronel (socio fundador de Coronel y Pérez y presidente de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario), una propuesta de reforma societaria para Ecuador.

En el grupo de trabajo han participado los profesores Guillermo Cabanellas (Argentina), Javier García de Enterría (España), José Miguel Mendoza (Colombia), Cándido Paz-Ares (España), Francisco Reyes Villamizar (Colombia) y Fernando Vives (España) y el proyecto ha contado, asimismo, con la colaboración de varios expertos internacionales, como los profesores Klaus Hopt, Richard Squire y Mariana Pargendler, a quienes los autores agradecen, junto a Fabricio Dávila (Ecuador), su inestimable apoyo en la lectura y los comentarios de la propuesta.

En palabras de Gurrea Martínez, también director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, “este trabajo ha supuesto un ilusionante y ambicioso proyecto por varios motivos. En primer lugar y, aprovechando la reforma societaria que se está llevando a cabo en Ecuador, hemos querido poner de manifiesto una serie de reformas que, en nuestra opinión, podrían contribuir a la mejora y modernización del Derecho de sociedades en el país”. Estas propuestas han sido realizadas a partir de los desarrollos normativos y doctrinales en materia societaria a nivel internacional, así como de las particularidades jurídicas, económicas e institucionales locales.

En segundo lugar, y tal y como expresa Gurrea, «habida cuenta de que las características de las empresas, el mercado de valores y el sistema judicial ecuatorianos presentan elementos comunes a otros países de la comunidad iberoamericana, este documento pretende ser también de utilidad a otros países de la región que puedan estar interesados en reformar su normativa societaria”.

Como tercer aspecto a destacar, el socio de Dictum señala que “la oportunidad de haber coordinado este proyecto junto a César Coronel y de haber trabajado y recibido el feedback de tantos compañeros españoles y extranjeros a los que profeso un grandísimo aprecio y admiración y a los que me une el mismo entusiasmo por promover la mejora del debate académico y legislativo en nuestros países, ha sido otro factor que, sin duda alguna, ha contribuido a hacer de este iniciativa una experiencia increíblemente gratificante”.

Finalmente, concluye Gurrea, “proyectos de esta naturaleza constituyen la razón de ser del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Desde nuestros inicios, hemos promovido la mejora y modernización del debate académico y legislativo en la comunidad iberoamericana con la finalidad de contribuir al diseño de un entorno regulatorio e institucional que permita favorecer el emprendimiento, la innovación, la financiación de empresas y el crecimiento económico. Esperamos, por tanto, que esta propuesta de reforma pueda ser de utilidad para Ecuador o, cuando menos, permita contribuir al debate académico y legislativo en la comunidad iberoamericana”.

Aunque ha sido enviada a varias autoridades del país, la propuesta de reforma, disponible aquí, se presentará oficialmente durante el V Congreso Anual del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, que tendrá lugar en Guayaquil (Ecuador) los días 13 y 14 de junio de 2019.