A diferencia de lo que acontece en otros países de nuestro entorno, en el ordenamiento español no existe una normativa específica para los grupos de sociedades, a pesar de las propuestas pre-legislativas existentes, o incluso del propio voluntarismo del legislador mercantil, declarado al efecto en la Exposición de Motivos del Real Decreto 1/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (…)
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