Juan Carlos Rodríguez Maseda

Juan Carlos Rodríguez Maseda habla de tecnología y derecho en el último Seminario Dictum de la temporada

«Se trata de perder el miedo a la problemática en la evolución del Derecho y la dinámica de trabajo en los despachos«, empezó diciendo el socio de Dictum Abogados Juan Carlos Rodríguez Maseda para abrir el último el Seminario Dictum de la temporada, celebrado el pasado 26 de junio.

Como abogado especializado en economía digital y estudioso y gran apasionado de la tecnología blockchain y el mundo «cripto», el director de Dictum Galicia y Dictum Hong Kong eligió un tema que la firma está viviendo muy de cerca -prueba de ello es la constitución en 2017 por parte de algunos socios de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED) y la posterior puesta en marcha de la spin off del bufete Dictum Futurae– que, en concreto, se titulaba «Tecnología y Derecho: apuntes conceptuales para un mundo digital».

Rodríguez Maseda, a quien el CEO y socio de Dictum, Vicente J. García Gil, presentó como un «caso paradigmático de esa aplicación de las nuevas tecnologías a la profesión y un abogado de raza perfectamente adaptado a esta nueva realidad», apuntó a la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, como el origen de la «electronificación» del Derecho mercantil en España, «el momento en el que el legislador empezó a interesarse por ello, si bien llegaba tarde», apostilló.

«Más tarde, el artículo 1.262 del Código Civil entraba de lleno en el caballo de batalla de la contratación electrónica, el consentimiento«, explicó el también socio fundador de Dictum Futurae, un terreno en el que ideas como la inmediatez y la trazabilidad son claves y que ya marcaba el camino que permite prescindir de las figuras del notario y el registro.

La posterior Ley 59/2003, de firma electrónica, por su parte, de la que se desgrana el problema de la identidad digital, «supone el germen de ese cambio de medio en el que nos movemos», continuó el abogado, también miembro del Comité Legal de Alastria,  quien, irremediablemente, condujo su discurso hacia Satoshi Nakamoto y el bitcoin, el momento, en su opinión, en el que nace la historia de la humanidad.

«El verdadero salto cualitativo se produce con la posibilidad de transferir información y valor sin necesidad de intermediarios, sin que deba existir un tercero de confianza que verifique esa información, que en el mundo digital es la red, el individuo, todos nosotros, con lo que cambia el modelo que ha marcado las relaciones comerciales a lo largo de la historia y, con ello, las instituciones que lo han hecho viable, que no pueden seguir funcionando bajo un prisma del siglo XIX», sentenció Rodríguez Maseda.

En su presentación, tuvo tiempo también de referirse a blockchain, la tecnología que sustenta bitcoin y todas las criptomonedas, además de los smart contracts, en los que la información no se  puede modificar ni falsear porque es trazable e inmutable y que, según el socio de Dictum, serían de aplicación, por ejemplo, en la relación entre el franquiciador y el franquiciado, «plagada de desconfianza».

«No sabemos qué pasará en un futuro», dijo para terminar, «pero estos fenómenos se producen en primer lugar en el mercado y ahí estaremos los mercantilistas, trabajando con el Derecho y la tecnología, que no son cosas diferentes: son la misma cosa».

Reflexiones sobre la cesión global de activo y pasivo en un proceso de liquidación ordinaria

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Como dice CALVO VÉRGEZ[1], con la Ley de Sociedades de Capital “se trataba de reunir en un único cuerpo legal la totalidad de la regulación legal general de las sociedades de capital sin más excepción que la derivada de la propia Ley de Modificaciones Estructurales, cuyo contenido, por estar referido a toda clase de sociedades mercantiles (incluidas las «sociedades de personas») no podía quedar comprendido, sin alguna incoherencia, en esa refundición… En líneas generales, a través del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se llevó a cabo una importante generalización o extensión normativa de soluciones originariamente establecidas para una sola de las sociedades de capital evitándose, no ya solo remisiones, sino también tener que acudir a razonamientos en búsqueda de identidad de razón. Esta armonización resultaba particularmente necesaria en lo referente a la determinación de la competencia de la Junta General y, sobre todo, en lo relativo a la disolución y liquidación de las sociedades de capital (…)”.

Es decir, se consagraba y se pretende una unificación del régimen jurídico, buscando la mayor tipicidad posible, para garantizar el funcionamiento de las instituciones mercantiles con la máxima seguridad jurídica. Pienso que, si una actuación se encuentra legalmente tipificada y –además– tipificada como diferente de otras actuaciones, sometidas –éstas– a su propio régimen jurídico específico, distinto del que rige para la actuación primera, habrá que acudir a uno u otro régimen jurídico en función de si los hechos concretos se corresponden con un supuesto o con  el  otro,  so  pena  de  nulidad por infracción del régimen legal  en  la  decisión  protagonizada  por  el órgano societario que la sustente.

El motivo de esta reflexión apresurada -y, probablemente, desesperada- lo ciño al encaje entre el proceso de liquidación ordinaria en una compañía mercantil  y  la  medida  estructural  que, eventualmente, en su seno, pueda proponer e incentivar un órgano de liquidación. O –por concretar- si la transmisión en bloque de una unidad productiva en el seno de una liquidación debe ser sometida a las normas estructurales sobre transmisión de activo y pasivo. Es decir, a la Ley de Modificaciones Estructurales. O, si es posible para un órgano de liquidación, eludir la tipicidad legal abundando en escenarios atípicos, como puede permitirle el uso de conceptos como el de unidad productiva autónoma.

Aparece, así, la idea de llevar a cabo una adecuada actividad liquidadora[2] como baremo para valorar la procedencia o no de acudir a una medida estructural. El órgano de liquidación debe liderar sus actos conforme a un principio estricto de legalidad. Considero que debe prevalecer la idea de tipicidad legal, en cualquier decisión del órgano de liquidación, cuya discrecionalidad me incomoda.

La liquidación es un momento sensible, en el que se debaten intereses múltiples, por lo que decantar un principio, o un interés prevalente, resulta -en mi opinión- imposible. Por ello, el marco de discrecionalidad que eventualmente pueda corresponder a un órgano como el de liquidación, debe analizarse en términos muy restrictivos.

Es claro que en el seno de un proceso de liquidación, es posible, y probablemente recomendable, articular una medida estructural, tipificada legalmente. El problema está en conjugar los intereses de socios, trabajadores, todo tipo de acreedores, y su protección cuando, apartándonos del cauce legal, abundamos en conceptos atípicos como puede ser el de “unidad productiva autónoma”, que cada vez me resulta más incómodo y menos útil.

Algunos autores analizan la posibilidad, ciertamente no habitual, de cesión global de activo y pasivo –o de cualquier modificación estructural– durante la liquidación. Así, se suele analizar al amparo del artículo 83 de la Ley 3/2009, de modificaciones estructurales, que lo permite siempre que no hubiera comenzado la distribución del patrimonio entre los socios. Se suele considerar que puede ser un medio para liquidar, es decir, para convertir la totalidad del patrimonio en dinero  repartible,  o  en  otros  bienes  con  fácil reparto. A través de una cesión global, la finalidad del proceso liquidatorio ordinario es la monetarización y distribución del resultante entre los socios, en función de su cuota.  Dice PEDRO ÁVILA[3] que, en este caso, los liquidadores tendrán que cumplir las funciones que la ley encomienda a los administradores para la cesión global. En este sentido goza de especial relevancia el artículo 87 y 40 de la Ley de modificaciones estructurales que establecen la aplicación de los requisitos de las fusiones para la adopción del correspondiente  acuerdo.  Y  entre  ellos,  el de  quorum reforzado. Aquí quería llegar: a la competencia de la junta general. Otro órgano societario que no puede quedar marginado.

JORGE MIQUEL[4], analiza con precisión esta tipificación legal indicando que la Ley de Modificaciones  Estructurales  supuso  la  aparición  de  una  cobertura  legal –artículos 81 a 91– regulándola como modificación estructural y admitiendo la posibilidad para todo tipo de sociedad mercantil inscrita, y resaltando que el órgano competente para su adopción, cumpliendo los requisitos establecidos para la fusión, es la junta general.

En el mismo sentido, JUANA PULGAR[5], que analiza la posición de la sociedad en liquidación en relación con los efectos de cara a la interrupción del proceso liquidativo y de reactivación de la sociedad.

El objeto de esta reflexión es contraponer la articulación de la Ley de Modificaciones Estructurales frente al posible uso abusivo del concepto de unidad productiva autónoma, en el proceso de liquidación. Esta terminología, propia del ámbito concursal, creada para facilitar la realización de bienes y la continuidad de la empresa en el proceso de liquidación  concursal  (arts. 146, 148 y 149 LC) no puede, no debe, extenderse más allá de su normativa de origen y aplicación.

Considero que, en todo caso, debe prevalecer la tipicidad legal, que, fuera del ámbito concursal, no contempla tal concepto. Al contrario, para transmitir unidades relevantes, la Ley nos envía, indefectiblemente, al camino tipificado previsto en la Ley de Medidas Estructurales. Ora como cesión global de activo y pasivo. Ora como escisión. Efectivamente, si un procedimiento liquidatorio nos apunta la existencia de varios grupos de activos, pasivos y trabajadores, susceptibles de funcionamiento autónomo; la vía legal, también la debemos buscar en la Ley de Modificaciones Estructurales.

En otro caso, si un órgano de liquidación transmite la totalidad del activo y del pasivo, o conjuntos susceptibles de funcionamiento autónomo y viabilidad, sin aplicar la Ley de Modificaciones Estructurales, la cosa puede oler a fraude de ley, dado que podríamos estar ante un proceso de liquidación, realizado al amparo de sus normas de aplicación, en el Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, pero con un resultado prohibido por el Ordenamiento Jurídico: La transmisión de la empresa, cediendo por precio el activo y el pasivo, –o escindiendo parcialmente  la  misma-  pero  sin  aplicar  –  en  todo  caso–  la  Ley de Modificaciones Estructurales,  que  se propone como norma infringida. Y sus garantías institucionales. Y sus verdaderos principios e intereses a proteger, legalmente consagrados.

[1] CALVO VERGEZ, Juan. Las operaciones de cesión global de activo y pasivo en el nuevo marco de las sociedades de capital. Diario La Ley, Nº 7516, Sección Doctrina, 24 Nov. 2010, Año XXXI, Ref. D-355, Editorial La Ley. La Ley 13401/2010.

[2] PANTÓN GARCÍA, Gemma (Coord). pág. 143. Bosch. 2014. Aunque parte de la polémica –superada- sobre la necesidad de la reactivación o no de la sociedad, resulta relevante la cita para observar que el sustrato fáctico y la evolución normativa se entienden en el marco de la protección de los derechos de los socios y acreedores.

[3] ÁVILA NAVARRO, Pedro y otros. Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. Bosch. 2009.

[4] MIQUEL, Jorge. La Liquidación de las Sociedades Mercantiles (ROJO -BELTRÁN). pág 209. Tirant Lo Blanch. 2011.

[5] PULGAR EZQUERRA, Juana. Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (RODRIGUEZ ARTIGAS y otros). Aranzadi. 2009.

El socio Juan Carlos Rodríguez Maseda, ponente del Innovation Finance Congress 2019

El próximo 11 de abril, el socio fundador de Dictum Abogados Juan Carlos Rodríguez Maseda estará en el Innovation Finance Congress 2019 para hablar de regulación en materia de financiación participativa en el debate «Crowdfunding y la ley de fomento de financiación empresarial«.

«¿Cuál es el régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa que dan cobertura a las actividades comúnmente denominadas como crowdfunding?». Los ponentes darán respuesta a cuestiones como esta, a través de las novedades regulatorias y su práctica en el sistema financiero.

Rodríguez Maseda, abogado experto en Derecho societario y economía digital, compartirá mesa con Anna Kharikhanova, directora de relación con inversores de Grow.ly; Francisco Pañeda, magistrado de la Audiencia Provincial de Valladolid, y el notario Segismundo Álvarez.

El Innovation Finance Congress se celebra en Kinépolis – Ciudad del Cine los días 10 y 11 de abril para tratar la «revolución» del retail banking y cómo la banca minorista centra su negocio en la experiencia de cliente y la instantaneidad y accesibilidad de los servicios financieros.

Esta tercera edición abordará, en concreto, «cómo los bancos y entidades financieras ocupan una posición privilegiada para utilizar la transformación digital a su favor, a pesar de la creciente regulación, la competencia y las nuevas exigencias de los clientes».

Los socios Vicente García Gil y Juan Carlos Rodríguez Maseda imparten una conferencia sobre el uso de smart contracts en la actividad financiera

Dentro del amplio programa de eventos a los que son invitados y como extensión de su investigación en el campo de la economía digital y el derecho aplicado a la innovación, los socios de la firma Vicente J. García Gil y Juan Carlos Rodríguez Maseda impartieron, el pasado 30 de enero en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (Recoletos, 13), la ponencia “El uso de smart contracts en la actividad financiera: desafíos y oportunidades”.

Organizada por Blockchain Intelligence Law Institute (BI), entidad de cuyo Consejo Asesor forma parte el CEO de Dictum Abogados, la sesión contó con una parte de análisis, seguida de un caso de uso de un smart contract en un acuerdo de refinanciación, combinando así la experiencia jurídica con el conocimiento real del desarrollo de aplicaciones, objetivo que marca la línea de actuación de Blockchain Intelligence. Si quieres el el video completo de la sesión, entra aquí.

Dirigida a abogados, profesionales de cumplimiento normativo y reguladores, Blockchain Intelligence Law Institute es una plataforma que facilita recursos y capacitación para dar respuesta a las necesidades de los desarrollos en torno a esta tecnología.

En colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, aporta formación, debate y conocimiento sobre temas como la propiedad intelectual, la privacidad, la identidad digital, las ICOs (Initial Coin Offering), la tokenización de activos o la gobernanza.

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El CEO y socio de Dictum, Vicente J. García Gil, ingresa en el Consejo Asesor de Blockchain Intelligence

El consejero delegado y socio de Dictum Abogados, Vicente J. García Gil, ha sido designado como uno de los miembros del Consejo Asesor de Blockchain Intelligence, la plataforma que facilita recursos y capacitación para dar respuesta a las necesidades de los desarrollos en torno a esta tecnología.

Dirigida a abogados, profesionales de cumplimiento normativo y reguladores, esta iniciativa, que trabaja en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, aporta formación, debate y conocimiento sobre temas como la propiedad intelectual, la privacidad, la identidad digital, las ICOs (Initial Coin Offering), la tokenización de activos, la gobernanza

Dentro de su programa de eventos, el próximo 30 de enero, los socios de Dictum Vicente García Gil y Juan Carlos Rodríguez Maseda ofrecerán la ponencia “El uso de smart contracts en la actividad financiera: desafíos y oportunidades”.

La actividad, de entrada libre (puedes inscribirte aquí) y que dará comienzo a las 12:00 horas en la sede del Consejo General de la Abogacía (Recoletos, 13), contará con una parte de análisis y otra práctica, que abordará un caso de uso de un smart contract en un acuerdo de refinanciación, combinando así la experiencia jurídica con el conocimiento real del desarrollo de aplicaciones, objetivo que marca la línea de actuación de Blockchain Intelligence.

La posición jurídica de los acreedores no concurrentes en el proceso concursal

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Algunos autores consideran que, para el caso de no aprobación del convenio, a los acreedores no concurrentes, no reconocidos, sí les afecta el concurso, aunque no toman parte en el mismo[1]. Porque, dicen estos autores, es esencial en el proceso concursal que los acreedores comparezcan mediante la insinuación de sus créditos, puesto que el eventual ejercicio – una vez expirado el plazo para comunicar y todos los supuestos para ser reconocido– de acciones que únicamente podrían ser, al menos en teoría, meramente declarativas, pero ante el Juez del Concurso (art 8 LC), dada la imposibilidad de ejecutar fuera del concurso y en su vigencia (art 56 LC) que podría llevar a la declaración de la existencia de un derecho que, eventualmente, podría obtener satisfacción una vez concluido el proceso concursal, porque, se dice, que no se extinguirían al no haber sido reconocidos en ninguna de las categorías que establece el artículo 136 de la Ley Concursal, por lo que no le alcanzarían los efectos novatorios, o alcanzándoles, únicamente en cuanto a las quitas y esperas, que podría pretender finalizado el concurso por cumplimiento del convenio o finalizada la fase de liquidación.

Se dice por estos autores que, si el crédito queda al margen del procedimiento concursal, el acreedor no podrá ostentar ningún derecho frente a la masa activa, derivando su hipotético derecho, al momento de la conclusión del procedimiento. En todo caso, de alguna manera el Convenio les vincula, y el procedimiento también, puesto que deben esperar a la conclusión del concurso; y también tendrán que esperar a finalizar la fase de liquidación, en su caso, sin que puedan beneficiarse de los activos constitutivos de la masa activa para pretender cobrar su eventual crédito no concurrente. En definitiva, los acreedores no reconocidos, se dice, quedan al margen de cualquier mecanismo concursal de satisfacción total o parcial de los créditos contra la masa activa, pero, en alguna medida, resultan afectados por el concurso. En estos autores parece que subyace la idea de configuración de la masa pasiva y la masa activa con una cierta “personalidad jurídica”, propia de un patrimonio separado constituido por la Ley. Pero como dice el Profesor Beltrán[2], la masa no constituye una persona jurídica ni un sujeto de derecho distinto de los acreedores que la integran, porque entre los acreedores concursales no existe ninguna relación jurídica de naturaleza sustancial, dado que su unión es un hecho procesal.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión, muy reciente, de enfrentarse a esta cuestión en Sentencia número 655/2016 de fecha 4 de noviembre, recaída en el Recurso de Casación 707/2014. El alto Tribunal parte de una consideración vinculada a la admisión del cauce del incidente concursal que impugna la lista de acreedores para el reconocimiento de créditos, que consiste en reconocer que un acreedor puede tener algún interés legítimo en obtener un pronunciamiento judicial, más allá de la esencial, inherente al proceso, pretensión de ser reconocido en la lista de acreedores. Es decir, para un acreedor no concurrente, dice que “el interés del acreedor persiste porque el crédito no se ha extinguido, y el acreedor en cuestión podría reclamar el pago de su crédito con posterioridad a la conclusión del concurso, tanto en el caso de liquidación (art 178 de la Ley Concursal) como en el caso de convenio, tras el cumplimiento del mismo, pues el titular de un crédito anterior al concurso que no haya sido reconocido en el mismo, puede reclamar el pago de su crédito tras el cumplimiento del convenio, con las quitas establecidas en el convenio…”[3].

Dice el Tribunal Supremo que un crédito que no aparezca reconocido en la lista de acreedores no puede ser reclamado durante la fase de cumplimiento del convenio, pero considera que el crédito permanece vivo y puede ser reclamado, pero afectado por las quitas y esperas establecida en el convenio. Así, el Tribunal Supremo califica a estos créditos como concursales no concurrentes puesto que no serán satisfechos en el concurso, ni sus titulares pueden tener en el concurso la intervención que la Ley Concursal atribuye a los titulares de créditos concursales reconocidos.

En la fundamentación de esta Sentencia, parece que el alto Tribunal infravalora las analizadas obligaciones de insinuación de créditos[4], configurándolas como un apoyo a la labor de la administración concursal, y a los efectos de garantizar la integridad del crédito y el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de acreedor concursal, pero no analiza las consecuencias de la no insinuación, que, literalmente, constituyen un supuesto de incumplimiento de una obligación legal, que es lo que determina -el incumplimiento de la obligación legal- la no concurrencia y sus efectos.  En todo caso, se adentra, también, el Tribunal Supremo en esta Sentencia número 655 del año 2016, abundando en su fundamentación, indicando en el extremo séptimo del Fundamento sexto[5] en relación con los créditos de necesario reconocimiento, que, si eventualmente no son reconocidos por no estar, finalmente, incluidos en la lista de acreedores, serán concursales, pero no concurrentes, no pudiendo participar en el procedimiento concursal, ni ostentar ningún derecho frente al concursado[6].

En definitiva, el Tribunal Supremo sigue lo que podríamos denominar la posición mayoritaria de la doctrina que habla de la supervivencia del crédito de los no concurrentes. Así, dice que: “De lo expuesto se deriva que, aunque pueda considerarse extemporánea la solicitud de reconocimiento de un crédito concursal a efectos de su inclusión en la lista de acreedores y su satisfacción en el concurso, cuestión que será analizada con detalle más adelante, es necesario que el juez del concurso se pronuncie sobre la pretensión de declaración de existencia de un crédito o de otro derecho de contenido patrimonial cuando se ha ejercitado una acción de contenido patrimonial contra el patrimonio del concursado a través de un incidente concursal, para cuyo conocimiento solo es competente el juez del concurso conforme a los artículos 8.1 y 50.1 de la Ley Concursal”. La competencia del juez del concurso es incuestionable, y la conclusión es acertada en cuanto permite el acceso al concurso por vía judicial directa, al menos desde el punto de vista procesal.

Esta Sentencia hunde sus raíces en un sector mayoritario de la doctrina[7], que abunda en que esos créditos, no concurrentes, serán concursales por haberse devengado con anterioridad, pero no se extinguirán. Un crédito concursal que no haya sido reconocido en el concurso no deja por ello de existir, se dice. Simplemente no queda reflejada cuota de responsabilidad alguna por dicho crédito, razón por la cual el acreedor no puede ser satisfecho con cargo a la masa activa, pero el convenio le afecta (art. 132 LC)[8].  Estos autores, ciertamente precursores de la Sentencia del Tribunal Supremo, dicen que el convenio les afectará, les vinculará (art 134 LC) dado que se extienden a los créditos no reconocidos en el concurso algunos efectos novatorios del convenio para no hacerlos eventualmente de mejor condición que los concurrentes.  La conclusión a la que llega la mayoría de la doctrina es que los créditos de los no reconocidos desaparecen, pero solo a los efectos del concurso, porque no tendría sentido la subordinación denominada de primer rango del artículo 92.1 de la Ley Concursal previsto para créditos tardíos, no resultando mencionado ningún supuesto dentro del artículo 92, ni constando ninguna categoría dentro del artículo 89 que regule la situación de los no concurrentes, otorgándole un régimen legal excepcional como exigiría el artículo 40 de la Ley Concursal.

En todo caso, el Tribunal Supremo se ha pronunciado, y de tal pronunciamiento resulta (i) una cierta relativización de la obligación de insinuación; (ii) una sobredimensión de las facultades de reconocimiento de créditos por parte de la administración concursal, con especial intensidad en el marco de los supuestos de reconocimiento obligatorio o de oficio; (iii) la posibilidad de articular reconocimientos de créditos no comunicados por la vía de impugnación de la lista de acreedores; (iv) la posibilidad de que existan créditos concursales no concurrentes, que no serán satisfechos con la masa activa, ni otorgarán a sus titulares ningún derecho, pero que no serán extinguidos, manteniéndose así, una expectativa de cobro o de derecho, paraconcursal, a pesar de considerarlos créditos concursales.

 

1 DÍAZ MORENO, A. “Efectos del Convenio”, en Enciclopedia de Derecho Concursal, (BELTRÁN – GARCÍA CRUCES), T II, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2012.

2 BELTRÁN, E. “Artículo 49. De los efectos sobre los acreedores”, en Comentario de la Ley Concursal, (ROJO – BELTRÁN), Civitas, Madrid, 2004.

3 En el mismo sentido, la Sentencia número 608 del Tribunal Supremo de fecha 7 de octubre del 2016, recaída en el Recurso de Casación 503/2014.

4 Considera la referida sentencia en el apartado 4 del Fundamento Sexto: “La comunicación de los créditos que, según la ley, tienen la consideración de concursales, por parte de sus titulares, va encaminada a que la administración concursal incluya tales créditos en la lista de acreedores y queden de este modo reconocidos en el concurso, permitiendo a sus titulares tener la intervención que la Ley Concursal reconoce a los acreedores concursales, y que los créditos sean satisfechos, en lo que sea posible, en el concurso. Para que la comunicación de créditos pueda considerarse hecha en tiempo y forma, debe realizarse en el plazo previsto en el artículo 21.1.5º, del modo previsto en el artículo 85, ambos de la Ley Concursal, en cuyo caso deberán ser clasificados conforme a su naturaleza.

La comunicación de créditos que se realice por el acreedor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 85.1 de la Ley Concursal pero antes de la presentación por los administradores concursales de los textos provisionales de su informe, de la lista de acreedores y del inventario, ha de considerarse tardía. Otro tanto ocurre cuando se formula la impugnación de la lista de acreedores en el trámite previsto en el artículo 96 de la Ley Concursal, y en la demanda incidental se solicita el reconocimiento de un crédito que no había sido previamente comunicado a la administración concursal. La duda sobre si la posibilidad de reconocimiento por esta última vía se circunscribía a los créditos comunicados entre la finalización del plazo del artículo 21.1.5º y la presentación de los textos provisionales por la administración concursal o se extendía también a aquellos créditos cuya primera comunicación al concurso se hubiera realizado impugnando directamente la lista de acreedores en el trámite del artículo 96 de la Ley Concursal, fue resuelta, a favor de la segunda opción en la sentencia 316/2011, de 13 de mayo (RJ 2011, 3859)”.

5 Extremo 7 del Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia número 655/2016: La previsión de reconocimiento forzoso contenida en el artículo 86.2 de la Ley Concursal releva a la administración concursal del juicio de hecho sobre la existencia del crédito. Se justifica por el modo reforzado en que se considera acreditada la existencia del crédito, de forma que quien tenga acreditada en alguna de estas formas su crédito no debe soportar que su pretensión sea puesta en entredicho por la administración concursal, ni que, caso de no reconocerse por esta su crédito y verse obligado a impugnar la lista de acreedores, ello suponga la degradación de su crédito a la categoría de crédito subordinado.

Pero si estos créditos no son incluidos en la lista de acreedores, inclusión que puede producirse bien inicialmente porque sean comunicados por los acreedores a la administración concursal o incluidos por esta de oficio, bien mediante la oportuna impugnación de la lista de acreedores por la no inclusión de los mismos en la lista de acreedores, no pueden ser satisfechos en el concurso. Serán créditos concursales, pero no concurrentes. Solo los créditos concursales reconocidos en la lista de acreedores son créditos concurrentes en el concurso, que otorgan un derecho efectivo a participar en el procedimiento concursal y a verse satisfecho con la masa activa.

6 Frente a esta consideración se podría reflexionar si pudiéramos estar ante un supuesto de responsabilidad de la administración concursal que deberá responder por el daño causado al acreedor que ha devenido no concurrente como consecuencia de la infracción de los artículos 86 y 87, es decir, por incumplir la Ley por una omisión realizada sin la debida diligencia, ante el incumplimiento de los supuestos de reconocimiento de cuasioficio.

7 ALONSO–CUEVILLAS SAYROL, J. La «vis atractiva» del proceso concursal, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2007, pg. 353, distingue dos supuestos en función de que el crédito fuera contemplado mediante su inclusión o expresa exclusión, en cuyo caso la vía tendría que ser la impugnación de la lista por imperativo del artículo 97.1 LC; o que el crédito no comunicado no hubiera sido objeto de inclusión o expresa exclusión en cuyo caso considera que el acreedor podría presentar una demanda declarativa. También la admite GARRIDO, J.Mª. “Artículo 134. Extensión subjetiva”, en Comentario de la Ley Concursal, (ROJO – BELTRÁN), Civitas, Madrid, 2004, pag. 2224, siempre que el acreedor no hubiese impugnado el texto provisional de la lista de acreedores confeccionada por la administración concursal, porque este autor cuestiona los efectos de cosa juzgada de la lista de acreedores, olvidando, quizás que el concurso es un proceso.

8 BERMEJO, N.  “Artículo 86. Reconocimiento de créditos”, en Comentario de la Ley Concursal, (ROJO – BELTRÁN), Civitas, Madrid, 2004.

Dictum, en la presentación del ecosistema de Galicia de Alastria, coordinado por el socio Juan Carlos Rodríguez Maseda

El pasado 3 de diciembre tuvo lugar, en el Centro ABANCA Obra Social de Santiago de Compostela, la inauguración oficial del Ecosistema de Coordinación (ECO) de Galicia de Alastria, coordinado por el socio fundador de Dictum Abogados y secretario de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED), Juan Carlos Rodríguez Maseda.

En el encuentro, que contó con la asistencia de un nutrido grupo de empresarios y directivos locales, se abordaron los principales retos de la implementación de la tecnología blockchain en la comunidad autónoma. En el debate participaron el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde López; la vicepresidenta de Alastria, María Parga; la líder de la comisión de Innovación y Talento de Alastria, Carmen Chicharro, y el líder de la comisión de Relación con Administraciones Públicas, Roberto Fernández Hergueta, además de los coordinadores del ECO.

La jornada sirvió como acto fundacional del ecosistema gallego, centrado en cómo optimizar los procesos dentro de las empresas utilizando blockchain. A la ponencia sobre identidad digital le siguió otra en torno a los aspectos jurídicos y económicos de esta tecnología, ofrecida por Rodríguez Maseda, así como una mesa redonda que abordó las “oportunidades para Galicia”.

Uno de los objetivos a corto plazo de Alastria National Blockchain Ecosystem, el consorcio promovido por empresas e instituciones españolas para el establecimiento de una infraestructura semipública blockchain/DLT, es la creación de ecosistemas de coordinación descentralizados en todo el territorio nacional, en los que se fomente un modelo de formación mediante la creación de certificaciones profesionales reconocidas en tecnología blockchain.

Los ECO nacen para nutrir el ámbito de la Comunidad Autónoma de conocimiento blockchain, tanto en lo que se refiere a aspectos técnicos como funcionales; fomentar la innovación para desarrollar casos de uso entre los socios, así como para retar a la comunidad de desarrolladores para que aporten herramientas a la plataforma de Alastria, sirviendo a los casos de uso.

El coordinador de Galicia Juan Carlos Rodríguez Maseda define la puesta en marcha de este ecosistema como “la creación de un grupo heterogéneo de actores, provenientes de los más diversos sectores, capaces de pensar en nuevas formas de producción y de organización, sobre la base de la disrupción que proponen las tecnologías del libro distribuido. Un grupo formado por empresas tradicionales, innovadoras startups, desarrolladores, profesionales…; un verdadero ecosistema, capaz de debatir, desenvolver e implementar una cultura de innovación que proponga caminos de triunfo para la empresa y la sociedad gallegas”.

El socio Juan Carlos Rodríguez Maseda pone el broche a los «Desayunos tecnológicos» de Tecnópole con blockchain, descentralización e identidad digital

Tecnópole, el Parque Tecnológico de Galicia (Orense), termina este mes su programa de charlas en formato de desayuno con la participación del socio fundador de Dictum Abogados y abogado experto en economía digital, Juan Carlos Rodríguez Maseda, quien hablará, el próximo 23 de noviembre, de «Blockchain, descentralización e identidad digital«.

El también coordinador del ECO de Galicia y miembro del Comité Legal de Alastria, explorará las bases de las criptomonas, como Bitcoin, así como los desafíos que representan a nivel legal para garantizar la protección de la gestión de los datos y de la identidad digital.

Los «Desayunos tecnológicos» de Tecnópole son encuentros de formato reducido que buscan actualizar y profundizar en el conocimiento sobre los usos de las tecnologías y los mercados, pero también la proactividad de aquellos que el público (las propias empresas del parque tecnológico) ya conoce.

La actividad forma parte del objetivo de impulsar la competitividad de las empresas del parque y de los grupos de investigación que trabajan en los diferentes centros instalados en él, mediante la promoción de su tecnología y la colaboración en el intercambio de conocimientos tecnológicos.