Juan Carlos Rodríguez Maseda

El CEO y socio de Dictum, Vicente J. García Gil, ingresa en el Consejo Asesor de Blockchain Intelligence

El consejero delegado y socio de Dictum Abogados, Vicente J. García Gil, ha sido designado como uno de los miembros del Consejo Asesor de Blockchain Intelligence, la plataforma que facilita recursos y capacitación para dar respuesta a las necesidades de los desarrollos en torno a esta tecnología.

Dirigida a abogados, profesionales de cumplimiento normativo y reguladores, esta iniciativa, que trabaja en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, aporta formación, debate y conocimiento sobre temas como la propiedad intelectual, la privacidad, la identidad digital, las ICOs (Initial Coin Offering), la tokenización de activos, la gobernanza

Dentro de su programa de eventos, el próximo 30 de enero, los socios de Dictum Vicente García Gil y Juan Carlos Rodríguez Maseda ofrecerán la ponencia “El uso de smart contracts en la actividad financiera: desafíos y oportunidades”.

La actividad, de entrada libre (puedes inscribirte aquí) y que dará comienzo a las 12:00 horas en la sede del Consejo General de la Abogacía (Recoletos, 13), contará con una parte de análisis y otra práctica, que abordará un caso de uso de un smart contract en un acuerdo de refinanciación, combinando así la experiencia jurídica con el conocimiento real del desarrollo de aplicaciones, objetivo que marca la línea de actuación de Blockchain Intelligence.

La posición jurídica de los acreedores no concurrentes en el proceso concursal

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Algunos autores consideran que, para el caso de no aprobación del convenio, a los acreedores no concurrentes, no reconocidos, sí les afecta el concurso, aunque no toman parte en el mismo[1]. Porque, dicen estos autores, es esencial en el proceso concursal que los acreedores comparezcan mediante la insinuación de sus créditos, puesto que el eventual ejercicio – una vez expirado el plazo para comunicar y todos los supuestos para ser reconocido– de acciones que únicamente podrían ser, al menos en teoría, meramente declarativas, pero ante el Juez del Concurso (art 8 LC), dada la imposibilidad de ejecutar fuera del concurso y en su vigencia (art 56 LC) que podría llevar a la declaración de la existencia de un derecho que, eventualmente, podría obtener satisfacción una vez concluido el proceso concursal, porque, se dice, que no se extinguirían al no haber sido reconocidos en ninguna de las categorías que establece el artículo 136 de la Ley Concursal, por lo que no le alcanzarían los efectos novatorios, o alcanzándoles, únicamente en cuanto a las quitas y esperas, que podría pretender finalizado el concurso por cumplimiento del convenio o finalizada la fase de liquidación.

Se dice por estos autores que, si el crédito queda al margen del procedimiento concursal, el acreedor no podrá ostentar ningún derecho frente a la masa activa, derivando su hipotético derecho, al momento de la conclusión del procedimiento. En todo caso, de alguna manera el Convenio les vincula, y el procedimiento también, puesto que deben esperar a la conclusión del concurso; y también tendrán que esperar a finalizar la fase de liquidación, en su caso, sin que puedan beneficiarse de los activos constitutivos de la masa activa para pretender cobrar su eventual crédito no concurrente. En definitiva, los acreedores no reconocidos, se dice, quedan al margen de cualquier mecanismo concursal de satisfacción total o parcial de los créditos contra la masa activa, pero, en alguna medida, resultan afectados por el concurso. En estos autores parece que subyace la idea de configuración de la masa pasiva y la masa activa con una cierta “personalidad jurídica”, propia de un patrimonio separado constituido por la Ley. Pero como dice el Profesor Beltrán[2], la masa no constituye una persona jurídica ni un sujeto de derecho distinto de los acreedores que la integran, porque entre los acreedores concursales no existe ninguna relación jurídica de naturaleza sustancial, dado que su unión es un hecho procesal.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión, muy reciente, de enfrentarse a esta cuestión en Sentencia número 655/2016 de fecha 4 de noviembre, recaída en el Recurso de Casación 707/2014. El alto Tribunal parte de una consideración vinculada a la admisión del cauce del incidente concursal que impugna la lista de acreedores para el reconocimiento de créditos, que consiste en reconocer que un acreedor puede tener algún interés legítimo en obtener un pronunciamiento judicial, más allá de la esencial, inherente al proceso, pretensión de ser reconocido en la lista de acreedores. Es decir, para un acreedor no concurrente, dice que “el interés del acreedor persiste porque el crédito no se ha extinguido, y el acreedor en cuestión podría reclamar el pago de su crédito con posterioridad a la conclusión del concurso, tanto en el caso de liquidación (art 178 de la Ley Concursal) como en el caso de convenio, tras el cumplimiento del mismo, pues el titular de un crédito anterior al concurso que no haya sido reconocido en el mismo, puede reclamar el pago de su crédito tras el cumplimiento del convenio, con las quitas establecidas en el convenio…”[3].

Dice el Tribunal Supremo que un crédito que no aparezca reconocido en la lista de acreedores no puede ser reclamado durante la fase de cumplimiento del convenio, pero considera que el crédito permanece vivo y puede ser reclamado, pero afectado por las quitas y esperas establecida en el convenio. Así, el Tribunal Supremo califica a estos créditos como concursales no concurrentes puesto que no serán satisfechos en el concurso, ni sus titulares pueden tener en el concurso la intervención que la Ley Concursal atribuye a los titulares de créditos concursales reconocidos.

En la fundamentación de esta Sentencia, parece que el alto Tribunal infravalora las analizadas obligaciones de insinuación de créditos[4], configurándolas como un apoyo a la labor de la administración concursal, y a los efectos de garantizar la integridad del crédito y el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de acreedor concursal, pero no analiza las consecuencias de la no insinuación, que, literalmente, constituyen un supuesto de incumplimiento de una obligación legal, que es lo que determina -el incumplimiento de la obligación legal- la no concurrencia y sus efectos.  En todo caso, se adentra, también, el Tribunal Supremo en esta Sentencia número 655 del año 2016, abundando en su fundamentación, indicando en el extremo séptimo del Fundamento sexto[5] en relación con los créditos de necesario reconocimiento, que, si eventualmente no son reconocidos por no estar, finalmente, incluidos en la lista de acreedores, serán concursales, pero no concurrentes, no pudiendo participar en el procedimiento concursal, ni ostentar ningún derecho frente al concursado[6].

En definitiva, el Tribunal Supremo sigue lo que podríamos denominar la posición mayoritaria de la doctrina que habla de la supervivencia del crédito de los no concurrentes. Así, dice que: “De lo expuesto se deriva que, aunque pueda considerarse extemporánea la solicitud de reconocimiento de un crédito concursal a efectos de su inclusión en la lista de acreedores y su satisfacción en el concurso, cuestión que será analizada con detalle más adelante, es necesario que el juez del concurso se pronuncie sobre la pretensión de declaración de existencia de un crédito o de otro derecho de contenido patrimonial cuando se ha ejercitado una acción de contenido patrimonial contra el patrimonio del concursado a través de un incidente concursal, para cuyo conocimiento solo es competente el juez del concurso conforme a los artículos 8.1 y 50.1 de la Ley Concursal”. La competencia del juez del concurso es incuestionable, y la conclusión es acertada en cuanto permite el acceso al concurso por vía judicial directa, al menos desde el punto de vista procesal.

Esta Sentencia hunde sus raíces en un sector mayoritario de la doctrina[7], que abunda en que esos créditos, no concurrentes, serán concursales por haberse devengado con anterioridad, pero no se extinguirán. Un crédito concursal que no haya sido reconocido en el concurso no deja por ello de existir, se dice. Simplemente no queda reflejada cuota de responsabilidad alguna por dicho crédito, razón por la cual el acreedor no puede ser satisfecho con cargo a la masa activa, pero el convenio le afecta (art. 132 LC)[8].  Estos autores, ciertamente precursores de la Sentencia del Tribunal Supremo, dicen que el convenio les afectará, les vinculará (art 134 LC) dado que se extienden a los créditos no reconocidos en el concurso algunos efectos novatorios del convenio para no hacerlos eventualmente de mejor condición que los concurrentes.  La conclusión a la que llega la mayoría de la doctrina es que los créditos de los no reconocidos desaparecen, pero solo a los efectos del concurso, porque no tendría sentido la subordinación denominada de primer rango del artículo 92.1 de la Ley Concursal previsto para créditos tardíos, no resultando mencionado ningún supuesto dentro del artículo 92, ni constando ninguna categoría dentro del artículo 89 que regule la situación de los no concurrentes, otorgándole un régimen legal excepcional como exigiría el artículo 40 de la Ley Concursal.

En todo caso, el Tribunal Supremo se ha pronunciado, y de tal pronunciamiento resulta (i) una cierta relativización de la obligación de insinuación; (ii) una sobredimensión de las facultades de reconocimiento de créditos por parte de la administración concursal, con especial intensidad en el marco de los supuestos de reconocimiento obligatorio o de oficio; (iii) la posibilidad de articular reconocimientos de créditos no comunicados por la vía de impugnación de la lista de acreedores; (iv) la posibilidad de que existan créditos concursales no concurrentes, que no serán satisfechos con la masa activa, ni otorgarán a sus titulares ningún derecho, pero que no serán extinguidos, manteniéndose así, una expectativa de cobro o de derecho, paraconcursal, a pesar de considerarlos créditos concursales.

 

1 DÍAZ MORENO, A. “Efectos del Convenio”, en Enciclopedia de Derecho Concursal, (BELTRÁN – GARCÍA CRUCES), T II, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2012.

2 BELTRÁN, E. “Artículo 49. De los efectos sobre los acreedores”, en Comentario de la Ley Concursal, (ROJO – BELTRÁN), Civitas, Madrid, 2004.

3 En el mismo sentido, la Sentencia número 608 del Tribunal Supremo de fecha 7 de octubre del 2016, recaída en el Recurso de Casación 503/2014.

4 Considera la referida sentencia en el apartado 4 del Fundamento Sexto: “La comunicación de los créditos que, según la ley, tienen la consideración de concursales, por parte de sus titulares, va encaminada a que la administración concursal incluya tales créditos en la lista de acreedores y queden de este modo reconocidos en el concurso, permitiendo a sus titulares tener la intervención que la Ley Concursal reconoce a los acreedores concursales, y que los créditos sean satisfechos, en lo que sea posible, en el concurso. Para que la comunicación de créditos pueda considerarse hecha en tiempo y forma, debe realizarse en el plazo previsto en el artículo 21.1.5º, del modo previsto en el artículo 85, ambos de la Ley Concursal, en cuyo caso deberán ser clasificados conforme a su naturaleza.

La comunicación de créditos que se realice por el acreedor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 85.1 de la Ley Concursal pero antes de la presentación por los administradores concursales de los textos provisionales de su informe, de la lista de acreedores y del inventario, ha de considerarse tardía. Otro tanto ocurre cuando se formula la impugnación de la lista de acreedores en el trámite previsto en el artículo 96 de la Ley Concursal, y en la demanda incidental se solicita el reconocimiento de un crédito que no había sido previamente comunicado a la administración concursal. La duda sobre si la posibilidad de reconocimiento por esta última vía se circunscribía a los créditos comunicados entre la finalización del plazo del artículo 21.1.5º y la presentación de los textos provisionales por la administración concursal o se extendía también a aquellos créditos cuya primera comunicación al concurso se hubiera realizado impugnando directamente la lista de acreedores en el trámite del artículo 96 de la Ley Concursal, fue resuelta, a favor de la segunda opción en la sentencia 316/2011, de 13 de mayo (RJ 2011, 3859)”.

5 Extremo 7 del Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia número 655/2016: La previsión de reconocimiento forzoso contenida en el artículo 86.2 de la Ley Concursal releva a la administración concursal del juicio de hecho sobre la existencia del crédito. Se justifica por el modo reforzado en que se considera acreditada la existencia del crédito, de forma que quien tenga acreditada en alguna de estas formas su crédito no debe soportar que su pretensión sea puesta en entredicho por la administración concursal, ni que, caso de no reconocerse por esta su crédito y verse obligado a impugnar la lista de acreedores, ello suponga la degradación de su crédito a la categoría de crédito subordinado.

Pero si estos créditos no son incluidos en la lista de acreedores, inclusión que puede producirse bien inicialmente porque sean comunicados por los acreedores a la administración concursal o incluidos por esta de oficio, bien mediante la oportuna impugnación de la lista de acreedores por la no inclusión de los mismos en la lista de acreedores, no pueden ser satisfechos en el concurso. Serán créditos concursales, pero no concurrentes. Solo los créditos concursales reconocidos en la lista de acreedores son créditos concurrentes en el concurso, que otorgan un derecho efectivo a participar en el procedimiento concursal y a verse satisfecho con la masa activa.

6 Frente a esta consideración se podría reflexionar si pudiéramos estar ante un supuesto de responsabilidad de la administración concursal que deberá responder por el daño causado al acreedor que ha devenido no concurrente como consecuencia de la infracción de los artículos 86 y 87, es decir, por incumplir la Ley por una omisión realizada sin la debida diligencia, ante el incumplimiento de los supuestos de reconocimiento de cuasioficio.

7 ALONSO–CUEVILLAS SAYROL, J. La «vis atractiva» del proceso concursal, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2007, pg. 353, distingue dos supuestos en función de que el crédito fuera contemplado mediante su inclusión o expresa exclusión, en cuyo caso la vía tendría que ser la impugnación de la lista por imperativo del artículo 97.1 LC; o que el crédito no comunicado no hubiera sido objeto de inclusión o expresa exclusión en cuyo caso considera que el acreedor podría presentar una demanda declarativa. También la admite GARRIDO, J.Mª. “Artículo 134. Extensión subjetiva”, en Comentario de la Ley Concursal, (ROJO – BELTRÁN), Civitas, Madrid, 2004, pag. 2224, siempre que el acreedor no hubiese impugnado el texto provisional de la lista de acreedores confeccionada por la administración concursal, porque este autor cuestiona los efectos de cosa juzgada de la lista de acreedores, olvidando, quizás que el concurso es un proceso.

8 BERMEJO, N.  “Artículo 86. Reconocimiento de créditos”, en Comentario de la Ley Concursal, (ROJO – BELTRÁN), Civitas, Madrid, 2004.

Dictum, en la presentación del ecosistema de Galicia de Alastria, coordinado por el socio Juan Carlos Rodríguez Maseda

El pasado 3 de diciembre tuvo lugar, en el Centro ABANCA Obra Social de Santiago de Compostela, la inauguración oficial del Ecosistema de Coordinación (ECO) de Galicia de Alastria, coordinado por el socio fundador de Dictum Abogados y secretario de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED), Juan Carlos Rodríguez Maseda.

En el encuentro, que contó con la asistencia de un nutrido grupo de empresarios y directivos locales, se abordaron los principales retos de la implementación de la tecnología blockchain en la comunidad autónoma. En el debate participaron el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde López; la vicepresidenta de Alastria, María Parga; la líder de la comisión de Innovación y Talento de Alastria, Carmen Chicharro, y el líder de la comisión de Relación con Administraciones Públicas, Roberto Fernández Hergueta, además de los coordinadores del ECO.

La jornada sirvió como acto fundacional del ecosistema gallego, centrado en cómo optimizar los procesos dentro de las empresas utilizando blockchain. A la ponencia sobre identidad digital le siguió otra en torno a los aspectos jurídicos y económicos de esta tecnología, ofrecida por Rodríguez Maseda, así como una mesa redonda que abordó las “oportunidades para Galicia”.

Uno de los objetivos a corto plazo de Alastria National Blockchain Ecosystem, el consorcio promovido por empresas e instituciones españolas para el establecimiento de una infraestructura semipública blockchain/DLT, es la creación de ecosistemas de coordinación descentralizados en todo el territorio nacional, en los que se fomente un modelo de formación mediante la creación de certificaciones profesionales reconocidas en tecnología blockchain.

Los ECO nacen para nutrir el ámbito de la Comunidad Autónoma de conocimiento blockchain, tanto en lo que se refiere a aspectos técnicos como funcionales; fomentar la innovación para desarrollar casos de uso entre los socios, así como para retar a la comunidad de desarrolladores para que aporten herramientas a la plataforma de Alastria, sirviendo a los casos de uso.

El coordinador de Galicia Juan Carlos Rodríguez Maseda define la puesta en marcha de este ecosistema como “la creación de un grupo heterogéneo de actores, provenientes de los más diversos sectores, capaces de pensar en nuevas formas de producción y de organización, sobre la base de la disrupción que proponen las tecnologías del libro distribuido. Un grupo formado por empresas tradicionales, innovadoras startups, desarrolladores, profesionales…; un verdadero ecosistema, capaz de debatir, desenvolver e implementar una cultura de innovación que proponga caminos de triunfo para la empresa y la sociedad gallegas”.

El socio Juan Carlos Rodríguez Maseda pone el broche a los “Desayunos tecnológicos” de Tecnópole con blockchain, descentralización e identidad digital

Tecnópole, el Parque Tecnológico de Galicia (Orense), termina este mes su programa de charlas en formato de desayuno con la participación del socio fundador de Dictum Abogados y abogado experto en economía digital, Juan Carlos Rodríguez Maseda, quien hablará, el próximo 23 de noviembre, de “Blockchain, descentralización e identidad digital“.

El también coordinador del ECO de Galicia y miembro del Comité Legal de Alastria, explorará las bases de las criptomonas, como Bitcoin, así como los desafíos que representan a nivel legal para garantizar la protección de la gestión de los datos y de la identidad digital.

Los “Desayunos tecnológicos” de Tecnópole son encuentros de formato reducido que buscan actualizar y profundizar en el conocimiento sobre los usos de las tecnologías y los mercados, pero también la proactividad de aquellos que el público (las propias empresas del parque tecnológico) ya conoce.

La actividad forma parte del objetivo de impulsar la competitividad de las empresas del parque y de los grupos de investigación que trabajan en los diferentes centros instalados en él, mediante la promoción de su tecnología y la colaboración en el intercambio de conocimientos tecnológicos.

Gran éxito del XIV Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal

El viernes 9 de noviembre fue clausurado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el XIV Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, celebrado en esta edición en la capital de la Costa del Sol, con la asistencia de más de ciento sesenta profesionales del ámbito jurídico y económico entre profesores universitarios, jueces, abogados, economistas, titulares mercantiles y auditores.

El congreso ha estado presidido por el socio fundador de Dictum Abogados Aurelio Gurrea Chalé, quien, a su vez, es presidente del capítulo español del Instituto, y a quien, después de sus palabras en el acto de clausura, los asistentes le tributaron una larga y sentida ovación que fue refrendada por el alcalde de Málaga al finalizar el acto con citas continuadas al buen hacer de Aurelio en la organización y el desarrollo del congreso.

Han sido profesionales y académicos de catorce países los que han participado en el evento y todos ellos han mostrado su satisfacción y agradecimiento a la organización por el recibimiento y hospitalidad demostrada con ellos, así como por el nivel, tanto de los ponentes y conferenciantes como de los asistentes, que tuvieron la oportunidad de intervenir en numerosas ocasiones a lo largo de las secciones académicas.

Crónica del congreso publicada en el periódico Diario Sur.

La organización ha corrido por cuenta del capítulo español del Instituto y del Colegio de Titulares Mercantiles de Málaga, siendo los miembros de sus respectivas Juntas de Gobierno quienes se han volcado en dicha organización, con el también miembro de Dictum Abogados Francisco J. Fernández Zurita.

De los treinta y tres ponentes y conferenciantes que han intervenido, seis son miembros de esta firma: José Luis García-Pita, catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de La Coruña; Ana Belén Campuzano, catedrática de Derecho mercantil de la Universidad San Pablo-CEU; Antonio Caba Tena, profesor asociado de la Universidad de Málaga; Juan Carlos Rodríguez Maseda, director de Dictum Galicia y Dictum Hong Kong; Gerardo Carlo-Altieri, presidente de Dictum Puerto Rico, y Vicente García Gil, presidente de FIFED.

Un éxito que, en boca de muchos de los asistentes, será recordado como uno de los mejores congresos que ha organizado el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, cuya próxima cita será el año que viene en Viña del Mar, Chile.

El socio Juan Carlos Rodríguez Maseda escribe sobre economía digital en El Progreso de Lugo

Cada jueves, el socio de Dictum Abogados Juan Carlos Rodríguez Maseda escribe sobre economía digital en una sección dedicada a la innovación financiera y tecnológica del diario El Progreso de Lugo.

De forma sencilla y amena, el también secretario de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital se dirige a los lectores con una serie de artículos de opinión en los que aborda las novedades en criptomonedas, smart contracts o blockchain.

La última de estas columnas trata los aspectos fiscales y contables de bitcoin y puede leerse aquí.

El socio fundador de Dictum Futurae es, además de abogado, experto legal en blockchain y en legaltech y profesor del programa avanzado en Economía Digital, Fintech y Sociedad Inteligente de la Universidad San Pablo CEU.

Dictum Abogados colabora en la jornada “Blockchain. Oportunidades para la empresa gallega”

El próximo 30 de mayo, en el hotel A Quinta Da Agua de Santiago de Compostela, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) organiza el encuentro directivo “Blockchain. Oportunidades para la empresa gallega“, en el que Dictum colabora y participan como expertos en economía digital los socios Vicente J. García y Gil y Juan Carlos Rodríguez Maseda.

Patrocinado por Dictum Futurae, la spinoff de Dictum Abogados, el evento pretende dar a conocer esta tecnología entre los directivos para que puedan ser capaces de anticiparse a los grandes cambios y oportunidades que blockchain brindará a la sociedad.

El también CEO de Dictum, Vicente J. García Gil, ofrecerá la ponencia “Los smart contracts o contratos inteligentes. Concepto y funcionalidades”, mientras que el CEO de Dictum Galicia y Dictum Consultant (Hong Kong), Juan Carlos Rodríguez Maseda, hablará de los “Aspectos legales del blockchain. Criptomonedas, ICOS y tokens”.

La inscripción a esta jornada puede realizarse a través de la web de la APD, cuyos socios tienen la asistencia gratuita.

El Capítulo Español del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal prepara su Congreso Anual en Málaga

La Junta Directiva del Capítulo Español del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal (IIDC) se reunió el pasado 27 de febrero en su sede social, cedida por Dictum Abogados, para continuar con las acciones preparatorias de su próximo Congreso Anual, que en esta XIV edición se celebrará en Málaga los días 7, 8 y 9 de noviembre.

El IIDC es una institución profesional y académica creada en 2005 y con sede permanente en el Distrito Federal (México), que está formada por una comunidad de profesionales interesados en el desarrollo de la investigación científica del derecho concursal. La institución cuenta con profesionales y académicos de diversos países (entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Italia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela), que se postulan en capítulos nacionales y conforman el Instituto.

La Junta del Capítulo Español está compuesta por los socios de Dictum Aurelio Gurrea Chalé (presidente),  Juan Carlos Rodríguez Maseda (vicepresidente), Vicente José García Gil (secretario) y  Ana Belén Campuzano (vocal), además de Tomás Torres Peral (tesorero) y Jesús Quijano González y José Pajares Echeverría (vocales).

“Una visión comparada de la insolvencia” es el tema central del Congreso de este año, en el que intervendrán destacados profesionales y académicos del ámbito jurídico y económico de los distintos países que conforman el contorno iberoamericano, así como de Italia, que abordarán la experiencia tanto en sus países como en otras latitudes.

Entre los ponentes se encuentran miembros del Banco Mundial, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) y de la International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy (INSOL), que hablarán para más de 150 asistentes.

“Desde el Capítulo Español del IIDC, queremos que este Congreso alcance el máximo nivel y brillantez, dada la calidad de los participantes, que acuden a este evento año tras año y que nos permite reencontrarnos con colegas de toda la geografía iberoamericana e italiana”, asegura su presidente, Aurelio Gurrea Chalé.