Antonio Caba Tena

El socio Antonio Caba interviene en la «Jornada sobre violencia y corrupción en el fútbol» organizada por LaLiga

El pasado 10 de mayo se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Estepona (Málaga) la «Jornada sobre violencia y corrupción en el fútbol«, organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) y el Ayuntamiento de Estepona y en la que intervinieron el socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena y la profesional Yolanda Morales.

En concreto, el también profesor asociado de Derecho penal de la Universidad de Málaga ofreció la ponencia «El delito de corrupción en el deporte»,  en una jornada cuyo objetivo era exponer y reflexionar sobre cómo atajar o minimizar algunos de los aspectos más negativos del deporte rey en nuestro país, abordando tanto la competencia y las funciones en materia de integridad y seguridad como su regulación normativa en las vertientes administrativa y penal.

También participaron en esta sesión el director de Integridad y Seguridad de LaLiga, Florentino Villabona Madera, y el inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional y Málaga y coordinador de Seguridad en partidos de fútbol, Julio Bujalance Oteros.

El socio Antonio Caba publica el libro «El concepto de grupo de sociedades»

El socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena publicó el mes pasado en la editorial Tirant lo Blanch la monografía «El concepto de grupo de sociedades«.

En esta obra, el autor hace un recorrido desde la génesis del fenómeno grupal, su distinción de otras figuras afines, el tratamiento en Derecho comparado y en el de la Unión Europea, los diferentes modelos y tipologías de grupos, la evolución del concepto de grupo de sociedades en el derecho español (incluyendo el análisis de textos prelegislativos) hasta su tratamiento en la legislación sectorial (derecho societario, derecho del trabajo, derecho financiero y tributario, mercado de valores y normativa contable, entre otras).

«No existe todavía en nuestro ordenamiento jurídico una normativa sustantiva propia de grupos de sociedades. Antes de 2007 se contaba con normas mercantiles y fiscales que establecían regulaciones acordes a la materia, de las que podía extraerse un concepto de grupo de sociedades», subraya el socio de la firma, quien en este libro incide en la definición de la figura en el Derecho de la insolvencia, repasando el tratamiento dispensado en la práctica forense y criticando la posición de la Sala de lo Civil de nuestro más alto Tribunal en dos sentencias que, a su juicio, se separan de la correcta interpretación del artículo 42.1.

El socio Antonio Caba, ponente del III Congreso Nacional de Derecho de Sociedades

Los días 7 y 8 de febrero, Málaga acoge el III Congreso Nacional de Derecho de Sociedades, organizado por el área de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, con la participación de diversas instituciones y bajo la dirección de María Belén González Fernández (profesora titular de Derecho mercantil de la Universidad de Málaga) y Amanda Cohen Benchetrit (magistrada especialista en asuntos propios de lo Mercantil por el Consejo General del Poder Judicial y asesora del ministerio de Justicia).

Después del éxito de las dos ediciones anteriores, en cada una de las cuales se dieron cita medio millar de profesionales, el congreso, de cuyo Comité Científico es vocal la catedrática de Derecho mercantil de la Universidad CEU-San Pablo y directora del Consejo Académico de Dictum, Ana Belén Campuzano, reunirá un año más a magistrados, profesores, registradores, notarios y abogados para abordar juntos temas de actualidad del Derecho de sociedades.

El socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena participará en uno de ellos, en concreto, en la ronda jurídica titulada “Cuestiones procesales en el ejercicio de los derechos del socio”, que tendrá lugar el 8 de febrero entre las 12:00 y las 13:10 horas.

El Congreso Nacional de Derecho de Sociedades pretende establecer un foro permanente de reflexión sobre aspectos actuales del Derecho de sociedades y en esta ocasión tiene por objeto la problemática relacionada con los derechos de los socios.

El programa de este año cuenta con especialistas de renombre que abordarán cuestiones como las nuevas tecnologías y el blockchain en el ejercicio de los derechos (conferencia de apertura) o el tratamiento jurisprudencial de los mismos (conferencia de clausura).

Con el ánimo de fomentar el debate constructivo y dinámico sobre los temas, este año, además, dos de las mesas (la dedicada al Derecho a los beneficios y la relativa a las cuestiones procesales que se plantean en el ejercicio judicial de los derechos del socio) tendrán un formato particular bautizado como «ronda jurídica», que permitirá que tanto ponentes como asistentes puedan debatir sobre cuestiones controvertidas en la práctica, la doctrina y la jurisprudencia.

El socio Antonio Caba, coordinador y ponente del Curso de Experto en Derecho de la Empresa del ICAMÁLAGA

Desde el pasado 6 de noviembre y hasta el 20 de diciembre, se imparte en el Colegio de Abogados de Málaga (ICAMÁLAGA) el Curso de Experto en Derecho de la Empresa, el cual coordina, junto con Javier Téllez, el socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena.

El abogado, doctor en Derecho y profesor asociado de la Universidad de Málaga, imparte, además, dentro del módulo de Derecho Concursal, la primera parte del tema «La insolvencia de la persona jurídica. ¿Cómo afrontar la preparación de un concurso?», que continúa con la ponencia del también socio de la firma Francisco Fernández Zurita, abogado y profesor de posgrado de Derecho mercantil de la Universidad CEU-San Pablo.

Se trata de un curso especialmente dirigido a aquellos abogados que pretenden convertirse en el asesor de confianza de cualquier sociedad y, en concreto, de la sociedad empresarial malagueña, compuesta principalmente por empresas pequeñas y medianas, de manera que cualquier asesor debe tener unos conocimientos básicos de diversas disciplinas.

Societario, concursal, digital, nuevas técnicas de financiación desde el punto de vista jurídico, fiscal y, como no, laboral, no pueden faltar si se quiere acompañar al cliente en la ardua tarea de la gestión empresarial.

Sobre la extinción de la responsabilidad penal de una persona jurídica (sociedad de capital) por su disolución real

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I. INTRODUCCIÓN

Desde que, por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, se introdujera en nuestro Ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas, erradicándose así el tradicional principio “societas delinquere non potest”, han sido muchas las cuestiones que han suscitado polémica tanto en la doctrina científica como en sede judicial.

Algunas de ellas, como los requisitos mínimos que han de cumplir los modelos de organización y gestión (programa de prevención de delitos o compliance programs), fueron abordadas por el Legislador en la posterior reforma operada en el texto punitivo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (cfr. art. 31 bis.5 CP).

Otras, como las garantías procesales de las personas jurídicas, han sido concretadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (a veces sin criterio uniforme y en ocasiones con planteamientos enfrentados a los de la Fiscalía General del Estado), en las siguientes Sentencias:

(i) La núm. 154/2016, de 29 de febrero. Que afirmó la responsabilidad por el hecho propio y la reivindicación de un injusto diferenciado como presupuestos sine qua non para proclamar la autoría penal de una persona jurídica, añadiendo que la responsabilidad de los entes colectivos aparece ligada a lo que la propia resolución denomina»…, la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos”.

(ii) La núm. 221/2016, de 16 de marzo. Que, en relación al derecho a la presunción de inocencia de la persona jurídica, nos recordaba que “… sería contrario a nuestra concepción sobre ese principio estructural del proceso penal admitir la existencia de dos categorías de sujetos de la imputación. Una referida a las personas físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal alcanzaría la máxima exigencia, y otra ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría como excusa para rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica, frente a la que se hace valer el ius puniendi del Estado”.

(iii) La núm. 516/2016, de 13 de junio. Que confirmó la línea jurisprudencial favorable a la autorresponsabilidad, indicando que “… en el diseño de esta imputación a título de autor del delito a la persona jurídica, el legislador ha optado por un sistema de autorresponsabilidad (cfr. auto de aclaración), siendo independiente la responsabilidad penal de la persona física y de la jurídica (art. 31 ter CP), respondiendo cada una de ellas de su propia responsabilidad”.

(iv) La núm. 455/2017, de 21 de junio. Que negó la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario entre la persona jurídica y la persona física, recordando la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica frente a la del directivo o empleado que comete el delito en beneficio directo o indirecto de la primera.

(v) La núm. 583/2017, de 19 de julio. Que recalcaba la necesidad de preservar cualquier conflicto de intereses entre la dirección letrada de la persona jurídica investigada y la persona física autora del delito de referencia, exponiendo que “… dejar en manos de quien se sabe autor del delito originario, la posibilidad de llevar a cabo actuaciones como las de buscar una rápida conformidad de la persona jurídica, proceder a la indemnización con cargo a ésta de los eventuales perjudicados y, obviamente, no colaborar con las autoridades para el completo esclarecimiento de los hechos, supondría una intolerable limitación del ejercicio de su derecho de defensa para su representada, con el único objetivo de ocultar la propia responsabilidad del representante o, cuando menos, de desincentivar el interés en proseguir las complejas diligencias dirigidas a averiguar la identidad del autor físico de la infracción inicial, incluso para los propios perjudicados por el delito una vez que han visto ya satisfecho su derecho a la reparación”. También descartaba la vulneración del derecho de defensa que alegaba el recurrente a la vista del no ofrecimiento por el Tribunal a quo del derecho a la última palabra a la persona jurídica investigada, además de a la persona física, en base que la coincidente estrategia defensiva de ambos sujetos acusados, descartaba en el caso sometido a su enjuiciamiento cualquier vulneración con trascendencia constitucional.

(vi) Y la núm. 668/2017, de 11 de octubre. Que, repasando previamente las garantías procesales de la persona jurídica, declaró que, más allá de las disquisiciones doctrinales, independientemente de que se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio (autorresponsabilidad), ya por uno de heterorresponsabilidad, cualquier condena a una persona jurídica debe estar basada en los principios irrenunciables que informan el Derecho penal, entre los que se encuentra el principio de culpabilidad del artículo 5 del Código Penal, o el de presunción de inocencia; los cuales apreció que no se conculcaban en el supuesto examinado, por la ausencia de todo hilo argumental que avalase una base fáctica, ligada a la ausencia de alusión a las medidas de control eficaz para evitar la actividad del concreto ilícito por el que había sido enjuiciada la entidad.

Pero otras cuestiones relevantes, como la posibilidad de extinción de la responsabilidad penal de la persona jurídica por causa de disolución de la misma, ha sido objeto de poca atención doctrinal, así como, que sepamos, tampoco existen resoluciones al respecto en la práctica forense.

Daremos una opinión al respecto en las líneas que siguen.

  1. AUSENCIA DE REGULACIÓN LEGAL EN SEDE PENAL

El Legislador, en el artículo 130.2 del Código Penal, aborda la cuestión de forma negativa, disponiendo que la responsabilidad penal de la persona jurídica no se extingue por el mero hecho de que se fusione, sea absorbida o se escinda de otra; al igual que establece que tampoco se extingue en los casos en que la disolución de la misma sea aparente y no real (encubierta), es decir, que posteriormente continúe con su actividad económica y mantenga una identidad sustancial de clientes, proveedores, empleados, etc. (cfr. el texto de la norma citada).

Esto es, en los casos de que se produzca una modificación estructural, se entiende que la persona jurídica que surja de la fusión, absorción o se beneficie de la escisión societarias sucederá procesalmente a la desaparecida como consecuencia de la modificación estructural operada y proseguirá el proceso en el mismo momento en el que se hubiera quedado antes de dicha modificación. Por tanto, de esta forma, el Legislador penal pone en conocimiento de los socios de la entidad que tales modificaciones de su estructura no suponen la extinción de las obligaciones procesales y penales que tuviera impuestas con anterioridad. Y de igual modo sucede cuando la persona jurídica no se haya disuelto realmente, sino que lo haya verificado de forma encubierta (disolución aparente).

Pero ninguna consecuencia del mismo tenor prevé el reseñado precepto para el caso de que la disolución no sea encubierta o meramente aparente sino real; de lo que debe colegirse que, en estos supuestos, la disolución de la persona jurídica extingue necesariamente su responsabilidad penal3.

III. DIFERENTES CONSECUENCIAS DE LA DISOLUCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIETARIO Y EL PENAL

Cierto es que, en el ámbito mercantil-societario, la disolución de una sociedad de capital no produce automáticamente su extinción, sino que conlleva la apertura del periodo de liquidación de la misma, fase durante la cual subsiste su personalidad jurídica (cfr. el art. 371 de la LSC), aunque muta su objeto para estar exclusivamente destinada a la realización de los bienes y derechos de que sea titular para, con su producto, atender a sus obligaciones.

Pero no es menos cierto que el Legislador penal anuda a la disolución de la persona jurídica otras consecuencias muy distintas. Así, al regular la pena de disolución, el artículo 33.7.b) del Código Penal (única norma del texto punitivo que concreta en qué consisten sus efectos) preceptúa que la disolución de la persona jurídica (en este caso la acordada por el juez o tribunal penal en sentencia) producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. Cuestión esta que también puede resultar controvertida, pero que, por la limitación de espacio, nos abstenemos de tratar en este trabajo.

  1. CONCLUSIONES

Por consiguiente, si una sociedad de capital investigada en un procedimiento penal se disuelve de forma real y no ficticia, pendiente el mismo, porque, por ejemplo, esté incursa en una de las causas legales de disolución establecidas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital (dejamos a un lado las eventuales causas de disolución adicionales que pudieran estar estatutariamente previstas), se abre ipso iure el periodo de liquidación de la misma. Esto ya sea ordenada la liquidación por el propio juez instructor (para no conculcar la norma mercantil y aun a riesgo de poder entenderse la decisión como la anticipación de la pena más grave que cabe imponer a una persona jurídica); o ya sea propuesta a la junta general por la administración social o por un administrador judicial que haya sido nombrado cautelarmente en el proceso penal. De este modo, culminada la liquidación, la personalidad jurídica que resta a la sociedad sería la denominada “residual”4, con lo que no cabría sino declarar extinguida la responsabilidad penal de la misma, ex artículo 130.2-II del Código Penal, a contrario sensu; pues se habría tratado de una disolución y liquidación reales, acordadas válidamente y con apoyatura legal. Y ello incluso si la disolución pudiese afectar negativamente a los stakeholders de buena fe (trabajadores, acreedores, socios o incluso al propio Estado, como posible acreedor de una eventual pena pecuniaria a imponer en el procedimiento penal).

Finalmente, desde el punto de vista procesal, si admitimos que la disolución real de la persona jurídica es una causa de extinción de la responsabilidad penal, se trataría, al igual que la prescripción del delito, de una cuestión de orden público y, como tal, podrá ser alegada en cualquier estado de la causa e incluso deberá ser apreciable de oficio por los Tribunales, pues así lo exige la seguridad jurídica (vid., por todas –respecto a la prescripción–, la STS, Sala 2ª, núm. 793/2011, de 8 de julio).

[1]  Profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y profesor de postgrado de Derecho Mercantil de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid y de la Universidad de Málaga).

[2] Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto “Asignaturas pendientes del sistema procesal español” (DER2017-83125-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno de España); cofinanciado con FEDER.

[3] Vid., en este sentido, González-Cuéllar Serrano, N. y Juanes Peces, A., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas a adoptar antes de su entrada en vigor”. Diario La Ley nº 7501, 3 noviembre 2010, pág. 6.

[4] Cfr. Sentencia de Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, núm. 324/2017, de 24 de mayo.

El Colegio de Abogados de Málaga celebra el 14º Congreso Jurídico de la Abogacía

Los próximos 18 y 19 de octubre se celebra, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el 14º Congreso Jurídico de la Abogacía, que organiza el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (ICAMÁLAGA).

La Sección de Derecho Concursal, que coordina el socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena, ha programado dos ponencias. Una es la titulada «La rendición de cuentas de la Administración Concursal«, que ofrecerá el Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres, magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, el día 18 a partir de las 17:30 horas en la sala Wolter Kluwers.

La segunda ponencia es «El deber de lealtad de los administradores sociales y calificación del concurso«, que correrá a cargo de la Profª. Dra. Dña. Juana del Pulgar Ezquerra, catedrática de Derecho mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y vocal permanente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, y que tendrá lugar el día 19 a partir de las 9:00 horas en la sala Mutualidad de la Abogacía.

«La Sección de Derecho Concursal está convencida de que los temas a debate en el congreso colegial servirán para disipar dudas sobre extremos de crucial importancia para nuestra especialidad, a la vez que permitirá a los asistentes estar al tanto de las recientes e importantes innovaciones legislativas y jurisprudenciales. Por eso os animamos a que os inscribáis para seguir formándonos profesionalmente ante tantos retos acompasados de las referidas novedades legislativas y jurisprudenciales de calado», explica el coordinador.

Puedes consultar el programa completo del 14º Congreso Jurídico de la Abogacía aquí.

El socio Antonio Caba Tena participa en la presentación del libro «Fiscalidad y contabilidad del concurso de acreedores»

El socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena participó en Málaga, el pasado 20 de julio, en la presentación del libro «Fiscalidad y contabilidad del concurso de acreedores«, del economista, auditor de cuentas, administrador concursal, asesor fiscal y doctor en Derecho José María Muñoz Jiménez.

La presentación, que moderó el abogado de Dictum, contó además con la intervención de Enrique Sanjuán y Muñoz, magistrado especialista en asuntos de lo Mercantil, quien ofreció la conferencia titulada «El impacto de la fiscalidad en la destrucción de empleo en el concurso de acreedores«.

El socio de Dictum Antonio Caba participa como ponente en un curso del CGPJ

El socio de Dictum Abogados Antonio Caba Tena ha participado como ponente en el curso «Encuentro de la jurisdicción mercantil y penal«, organizado en Madrid por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los pasados días 6, 7 y 8 de junio.

En concreto, su conferencia versó sobre “La responsabilidad de los administradores en el ámbito mercantil y su relación con la nueva redacción del artículo 31 bis del Código Penal”. Tuvo lugar la mañana del 7 de junio y fue compartida con el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Torremolinos, Luis Miguel Jiménez Crespo.

Otros temas del curso fueron «El compliance en el ámbito penal y la inserción del órgano del compliance en la estructura societaria» o la «Nueva regulación de los delitos societarios: la legitimación de la administración concursal para ejercer la acción penal en los delitos societarios».