“Mi sueño es contribuir a la mejora de la sociedad a través del estudio y modernización del Derecho y las instituciones”
Aurelio Gurrea Martínez 
ha sido condecorado recientemente con la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort que entrega el Ministerio de Justicia. Apasionado de la actividad académica y socio de Dictum, en septiembre comenzará a trabajar en la Universidad de Harvard. Este malagueño que se autodefine como emprendedor, entusiasta y soñador, promueve el análisis del Derecho desde una perspectiva económica.
Aurelio, ¿Qué ha supuesto para ti recibir esta condecoración?
En primer lugar, que mi trabajo haya sido reconocido por el Ministro de justicia me supone un tremendo honor, a la vez que una responsabilidad. Esta condecoración reconoce los méritos relevantes en el ámbito de la administración de Justicia, el estudio del Derecho en todas sus ramas y los servicios prestados en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia. En mi caso, esta distinción significa un reconocimiento a mis actividades investigadoras, así como a la colaboración que, de manera desinteresada, llevo realizando desde hace algún tiempo con el Ministerio de Justicia. Sin duda alguna, creo que esta condecoración constituye un aliciente para que jóvenes investigadores puedan seguir trabajando por la mejora y modernización del Derecho y las instituciones, sabiendo que su trabajo se verá valorado y reconocido por los poderes públicos.
¿En qué ha consistido tu colaboración con el Ministerio de Justicia?
Esta colaboración se ha limitado a ayudar en diversos trabajos y reformas legales que el Ministerio de Justicia ha emprendido en los últimos años. Según me informaron, una de las líneas de actuación del Ministerio era acometer reformas legales que pudieran promover el crecimiento económico en España. Precisamente, en esta área es donde intento ayudar en la modesta medida que pueda, no sólo por ser el enfoque que creo es el más acertado, sino porque, además, creo firmemente que es lo que necesita nuestro país: reformas legales y tendencias metodológicas que promuevan el crecimiento económico y la mejora del bienestar colectivo. Por este motivo, y a instancias de esta colaboración, propuse por iniciativa propia una reforma estructural de la normativa de insolvencia española. Además, aproveché este mismo trabajo para proponer diversas reformas legales relacionadas que también podrían contribuir al crecimiento y competitividad de la economía española.
¿Qué te llevó a presentar este tipo de proyecto?
Mi propuesta de reforma concursal parte de una observación: el hecho de que España es uno de los países a nivel mundial con menor tasa de concurso de acreedores por número de empresas. La principal explicación ofrecida por los académicos españoles es que no existe una “cultura concursal” de los operadores económicos, principalmente empresarios. Por este motivo, los deudores no acuden al concurso o lo hacen tarde. Sin embargo, desde mi punto de vista, la falta de cultura concursal no es de los operadores sino de las personas encargadas del diseño del sistema concursal, que no han tenido en cuenta el impacto que las leyes y las instituciones pueden suponer en el comportamiento de los individuos y en la actividad económica. En consecuencia, han creado un procedimiento que resulta escasamente atractivo tanto para el deudor como para los acreedores. Esto hace que sea completamente racional que nadie quiera acudir al concurso.
¿Cuál es el objetivo de la reforma de la Ley Concursal que propones?
Mi propuesta de reforma tiene por objeto que el concurso sea más eficiente y atractivo tanto para deudores como para acreedores, ya que si ambos evitan la utilización del concurso puede provocar dos posibles consecuencias desfavorables para la economía. La primera hipótesis es que las empresas españolas no utilicen el concurso porque minimicen el uso de deuda o asuman un nivel demasiado bajo de riesgos. Bajo estas circunstancias, la economía podría verse perjudicada porque las empresas españolas tendrían menos capacidad de financiación que sus competidoras extranjeras (al desincentivarse el uso de una fuente esencial –e incluso deseable– de financiación como es la deuda) y, por otro lado, se reducirían las inversiones en activos rentables pero arriesgados como es la investigación, el desarrollo o la innovación. La segunda hipótesis explicativa del escaso uso de los procedimientos concursales en España, es que las empresas españolas asuman el mismo nivel de deuda y riesgo que sus competidoras extranjeras. Es una afirmación que mi trabajo rechaza con base en datos empíricos, pero evitan el concurso a toda costa una vez que devienen insolventes. En tales circunstancias, la no utilización del concurso sólo puede ser deseable para el sistema si la alternativa al concurso es un acuerdo extrajudicial (al ahorrarse para el deudor y, por tanto, para los acreedores, todos los costes directos e indirectos que supone el concurso). Sin embargo, la escasa evidencia empírica existente en España parece descartar esta hipótesis. A partir de los datos existentes, las principales alternativas reales al concurso son las ejecuciones hipotecarias y el mantenimiento en el mercado de empresas insolventes, incluso con desaparición de sus dueños y/o administradores. En consecuencia, se produce una inevitable pérdida de valor en el sistema, no sólo por el hecho de mantener empresas insolventes que puedan generar un perjuicio, normalmente quebranto económico a terceros, sin también por la pérdida de valor potencialmente ocasionada por la ejecución aislada de los bienes de una empresa que, en ocasiones, será económicamente viable, pero simplemente, se encuentra atravesando problemas financieros.
A tu parecer ¿Qué se debería modificar para que la economía española fuera más competitiva?
Mi propuesta de reforma concursal es solamente una pieza del puzzle. Lógicamente, habría que realizar numerosas reformas legales. Algunas de ellas las apunto en mi propuesta de reforma concursal. Entre estas reformas se encuentran una revisión de la normativa de sociedades que, a mi juicio, resulta excesivamente pro-acreedora, y puede desincentivar la utilización de deuda, la asunción de riesgos o incluso la desaparición de empresas viables que, simplemente, se encuentran atravesando una situación temporal de pérdidas; una reforma de la normativa de garantías mobiliarias, al objeto de favorecer igualmente la utilización de activos mobiliarios e inmobiliarios; y un cambio de la cultura de préstamo bancario existente en España, donde los préstamos se conceden en función de las garantías –principalmente personales o hipotecarias– que pueda ofrecer el deudor, en lugar de su capacidad para generar flujos de caja. Este cambio de cultura de préstamo bancario es una cuestión que, aunque resulte complicada de reformar por ser una política interna de las entidades de crédito, puede incentivarse a partir de ciertas reformas legales tendentes a crear competencia en el mercado de la financiación empresarial.
En el acto de entrega de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, el Ministro de Justicia en funciones destacó la aportación que realizas a la sociedad con el traslado de tu conocimiento ¿Cómo realizas esta labor?
Cuando un académico escribe algo, lo primero que debería preguntarse es por qué se encuentra escribiendo sobre un determinado tema (motivación), cuál es el problema que pretende resolver (pregunta de investigación) y cuál es la aportación novedosa que realiza al debate científico (contribución). Por desgracia, este planteamiento no suele fomentarse en la investigación jurídica española. Además, las contribuciones de los profesores e investigadores de derecho podríamos dividirlas en dos tipos: aquellas que mediante la descripción o análisis de las normas legales vigentes (españolas o extranjeras), facilitan el trabajo de los estudiosos y aplicadores del derecho; y otras que verdaderamente, suponen una contribución al estado de la ciencia. Salvo contadas excepciones, en España sólo se realizan las primeras, ya que las segundas requieren una inversión mayor (en tiempo, en estudio, en conocimiento de idiomas, en conocimiento de otras disciplinas, en creatividad, etc.) y además, el sistema no suele valorarlas. Sin embargo, éstas últimas son las que, precisamente, necesita conocer el legislador, al objeto de discutir, evaluar y, en su caso, reformar el sistema jurídico, con la finalidad de mejorar el bienestar de los ciudadanos. En mis últimos trabajos, he intentado centrarme en este tipo de contribuciones, examinando si a partir de la literatura económica y la experiencia comparada, existe algún aspecto de la legislación española susceptible de ser mejorado. Seguidamente, y para dar conocimiento a mis trabajos, suelo colgarlos como working papers en www.ssrn.com, que es una web de acceso libre y gratuito donde se publican los trabajos académicos realizados por profesores de derecho, economía y finanzas de todo el mundo. De esta manera, puedo facilitar el conocimiento de mis trabajos a la sociedad, al objeto de que, en su caso, mis ideas puedan tenerse en cuenta para el debate académico y legislativo. Mi sueño es contribuir a la mejora de la sociedad a través del estudio y modernización del derecho y las instituciones. Y este sueño no podría conseguirse si los trabajos que realizo, a pesar de ser publicados en revistas de prestigio, no resultan conocidos por la sociedad.
¿Cómo te iniciaste en el mundo del Derecho?
Desde niño y probablemente influenciado por la vocación de servicio público inculcada por mis padres, siempre he creído en la importancia de crear valor en la sociedad. Una forma de creación de valor que siempre me llamó la atención fue la empresa. Por este motivo, decidí estudiar Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Desde mi punto de vista, el fenómeno empresa no podía ser entendido sino desde una perspectiva multidisciplinar, principalmente: jurídica, económica, financiera y organizativa. Tras finalizar mis estudios de licenciatura, me convertí en auditor de cuentas y, al mismo tiempo, inicié mi actividad profesional como abogado y como profesor e investigador en el ámbito del Derecho mercantil. Esto último fue gracias al profesor Emilio Beltrán, que es el principal “culpable” de que me dedique a la Universidad. Me contagió su entusiasmo por la vida académica. Por otro lado, mi estancia en Oxford consiguió romper todos mis esquemas respecto al modo de entender y analizar el derecho. Al mismo tiempo, logró adentrarme en un fascinante debate académico internacional hasta entonces para mí desconocido. Por este motivo, a finales del año 2014 puse en marcha la creación del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, que es una asociación sin ánimo de lucro con la que intento perseguir lo que, desde entonces, se ha convertido en mi sueño y, al mismo tiempo, una inexorable vocación de servicio público: la mejora, cooperación e internacionalización de la academia jurídica iberoamericana, que sigue anclada en debates doctrinales de siglos pasados.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
En septiembre empiezo como profesor ayudante de Derecho concursal e investigador asociado en el programa de gobierno corporativo de la Universidad de Harvard. Al mismo tiempo, seguiré como socio de Dictum, con numerosos proyectos que estoy promoviendo desde el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas y como profesor y director de programas internacionales del Centro de Estudios Garrigues . También continuaré colaborando, en la modesta medida que pueda y de manera desinteresada, con el Ministerio de Justicia o con cualquier otra institución española que pretenda promover la mejora y modernización del Derecho.
¿Te queda algo de tiempo para tu vida personal?
Por supuesto. Desde niño, siempre he jugado mucho al fútbol, al balonmano y al tenis, y he sido un gran aficionado de la pesca y la música. Durante mi estancia en Oxford, por no ir más lejos, tocaba la batería en una jazz band. Me considero una persona especialmente sociable, a la que le gusta viajar, conocer gente y tomarme unas cañas con mis amigos. Si no soy feliz en lo personal, no puedo ser ni creativo ni productivo en lo profesional.
