Descarga en PDF el artículo de Doctrina de noviembre de 2021, firmado por Gerardo Carlo-Altieri
El Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos (US Bankruptcy Code, 11 USCA) contiene el proceso especial para la reorganización de negocios, personas físicas o entidades jurídicas. El llamado “Chapter 11”, que incluye los principios básicos del “fresh start”, o segunda oportunidad, basado en la paralización automática que surge desde la radicación electrónica de una “petición”, provee la sombrilla de protección contra cualquier acción de cobro por un acreedor o parte contra el deudor desde el comienzo del caso de reorganización hasta el final del mismo al homologarse un plan de reorganización, desestimarse o convertirse el caso a un Capítulo 7 (liquidación) por orden judicial.
Hasta febrero de 2020, los pequeños negocios que acudían a la protección del “Chapter 11” y de la paralización automática básicamente tenían que cumplir con todos los requisitos del “Chapter 11”, que han resultado muy costosos y difíciles para los pequeños y medianos negocios.
Atendiendo estas deficiencias que ocurren al aplicar los requisitos del “Chapter 11” a los pequeños negocios, el Congreso de Estados Unidos enmendó el Código de Bancarrota para añadir un Sub-Capítulo V al “Chapter 11”, exclusivamente para negocios en manos de personas jurídicas o naturales cuyas deudas no sobrepasen los 7,5 millones de dólares por deudas establecidas y no-contingentes. Además, el Sub-Capítulo V incluye una serie de enmiendas para facilitar, simplificar y reducir los costos a estas entidades que cualifiquen para el tratamiento especial que desde febrero 2020 se hace disponible.
Por supuesto, el deudor y sus representantes deben comparar el tratamiento ofrecido por la nueva enmienda y decidir voluntariamente cuál de los dos (“Chapter 11” tradicional o “Sub Chapter V”) les favorece antes de radicar la petición concursal bajo una u otra opción.
Las enmiendas que se proponen bajo el “Sub Chapter V” incluyen el nombramiento de un síndico para facilitar la reorganización del deudor, pero sin poderes de administración o liquidación del negocio; eliminar los comités de acreedores, excepto si el tribunal lo considera necesario; conceder la exclusividad al deudor para radicar y proponer un plan de reorganización y modificación de reclamaciones al deudor; requiere la radicación del plan de reorganización acelerado por el deudor dentro de un máximo de 90 días; ordena la celebración de una reunión de acreedores inmediata bajo la sección 341 del Código; y elimina el requisito de un informe explicativo (“Disclosure Statement”) separado y una vista de aprobación del mismo, con aviso a todos los acreedores previo a la solicitación de los votos para la aprobación o confirmación judicial del plan de reorganización.
Las enmiendas para los pequeños negocios no cambian las disposiciones del código de quiebra sobre el descargo y sus reglas, aunque el “Discharge” se puede conseguir en algunos casos al momento en que se firma la orden de confirmación del plan por el tribunal y, en otros casos, se pospone su efecto hasta cuando se completan todos los pagos.
Las enmiendas también mantienen en vigor el principio básico de todo “Chapter 11” de que el administrador o socio del negocio se mantiene a cargo de la administración de este, luego de radicada la petición y durante todo el proceso del caso, con control total sobre los bienes del negocio (excepto en caso de ventas fuera del curso ordinario de los negocios) como un “Debtor in Possession” o deudor en posesión (DIP).
Sobre la homologación del Plan, las enmiendas también hacen mucho más fácil el proceso y los requisitos de aprobación comparado con un “Chapter 11” tradicional, porque la enmienda no requiere el “absolute priority”, o la prueba de prioridad absoluta, como se requiere bajo el Chapter 11 tradicional, que permite a los dueños anteriores del negocio poseer los activos del negocio luego de la confirmación del plan de reorganización.
Además, la regla del “Best Interest”, o sea, la prueba necesaria para la homologación por el tribunal de que el plan de reorganización no requiere un análisis comparativo con la liquidación de los activos del deudor (“Liquidation Analysis”), sino solamente probar al tribunal que los acreedores bajo el Sub-Capítulo V, recibieron igual o más en sus dividendos comparado con una liquidación del negocio.
Aparte de la homologación consensual donde todas las clases de acreedores votan a favor del plan, la enmienda permite el llamado “cram down”, o sea, la posibilidad de modificar las reclamaciones de un acreedor disidente, quien emitió su voto en contra del plan, siempre que tal tratamiento sea justo, no sea “inequitativo” o “discriminatorio” y cumpla con todos los demás requisitos para la homologación consensual bajo la sección 1129 (a) y (b) del Código de Bancarrota.
En conclusión, el Sub-Capítulo V del Capítulo 11 resulta muy favorable a los pequeños negocios con menos de 7.5 millones de dólares en deuda al simplificar todo el proceso, incluso la oportunidad de conseguir un descargo de las deudas (“discharge”) por medio de la confirmación judicial de un Plan de Reorganización acelerado, menos costoso y simplificado.
También hay que decir que el Congreso federal limitó el aumento de los límites de elegibilidad de deuda (7,5 millones de dólares) por un término de un año, aunque se espera que, debido a la tardanza en la recuperación de la economía estadounidense, se extienda por otro término o se convierta en un cambio permanente luego del primer año de vigencia.
