Por Alicia Ferrer Montenegro, profesora de Derecho Comercial de la Universidad de la República (UdelaR) de Uruguay.
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La Normalidad (nuestra vida hasta 2019) ha sido sacudida por un virus desconocido. América Latina, desde donde se escriben estas líneas, está padeciendo la pandemia con intensidad. Demasiadas cosas han cambiado en muy poco tiempo.
Mientras buena parte del continente permanece aislada para evitar la expansión del COVID-19, los gobiernos latinoamericanos- con manejo diferente en cada caso- tienen sobre la mesa una serie de medidas económicas destinadas a paliar el impacto que este virus causará a las economías de la región. El Derecho debe acompañarlas.
Para el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, las cuarentenas, necesarias para contener la pandemia, paralizan alrededor del 50% de las actividades económicas. Se registran cierres parciales o totales de plantas de producción; cortes en la provisión de servicios y en las cadenas de suministro; contracción del consumo; reducción drástica de los viajes de negocio y turismo, así como el cierre de servicios de esparcimiento, colegios y universidades.
El incumplimiento de los contratos por razones de fuerza mayor está a la orden del día con el trastorno que ello genera en la producción de bienes y servicios de aquellos sectores que aún pueden desarrollar sus actividades.
Los sectores productivos más golpeados, y que por lo tanto más deben protegerse, serán las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan a más del 99% del tejido empresarial en América Latina y generan alrededor del 30% de su PIB. Ante esta realidad, en primer lugar se necesitan medidas macroeconómicas para asegurar la continuidad en la cadena de pagos.
En cuanto al flujo de créditos, las empresas más pequeñas deben contar con liquidez inmediata para superar la presión de las obligaciones salariales, mientras que las grandes preferirán alivios tributarios.
En el sector de servicios a las empresas, debe habilitarse el crédito a mediano y largo plazo.
El sector de servicios a los hogares debería revitalizarse muy rápidamente al recuperarse la demanda, por lo que la necesidad de apoyo debería ser relativamente limitada, con alivios y aplazamiento de pagos. Algunos han intentado paliar la situación través de subsidios directos.
Los países latinoamericanos han tomado diversas medidas para evitar su desplome económico, que no tendría precedentes.
En el ámbito financiero, por ejemplo, algunos han fortalecido o ampliado sus sistemas de garantía para facilitar el crédito a empresas; han flexibilizado los encajes bancarios para ampliar la liquidez; han establecido normas temporales para permitir a los bancos la reestructuración de créditos o la ampliación de plazos y moratorias para los pagos de cuotas, entre otras.
Otros han establecido directamente líneas de crédito para capital de trabajo para pequeñas y micro empresas, y han creado fondos para respaldar las operaciones del sector financiero hacia las empresas. Hoy la preocupación es “aplanar la curva de contagio” del COVID-19, pero sin descuidar el aplanamiento de la curva de caída de la actividad económica y el cierre de empresas.
Salta a la vista, la necesidad de recursos financieros frescos, ya no para otorgar liquidez transitoria, sino para reactivar sectores productivos completos.
El sistema financiero puede y debe ser parte de la solución: para mitigar el impacto de la crisis y también para que la salida sea más rápida.
La solidez que tienen hoy y las disposiciones regulatorias le proporcionan a los bancos un marco bastante bueno para mantener funcionando el sistema de pagos, para mitigar el temor (ante situaciones de crisis las instituciones financieras tienen incentivos grandes a disminuir el crédito) y para que el sistema de intermediación funcione como aliado del sector real. Esto es, evitar que en el medio de la situación empiecen a golpear la puerta para que los clientes le paguen y lo amenacen con ejecutarle las garantías u otros activos.
Otro tema es que la crisis llevará inexorablemente a los países a un mayor déficit fiscal en un monto difícil de cuantificar por las enormes incertidumbres vigentes.
Son hechos consumados la fuerte contracción de ingresos por la menor actividad y el simultáneo aumento de ciertos gastos, sobre todo en salud, seguro de paro, transferencias a la población y subsidios a empresas.
Estas partidas deberán ser incrementadas, junto con prolongar y extender medidas como la postergación en el pago de impuestos. El nuevo gasto fiscal y las renuncias impositivas deberían ser financiados con reasignación desde otras partidas, alzas moderadas de tarifas públicas y eliminación de subsidios regresivos, pero sobre todo mayoritariamente con deuda pública. En este aspecto, la realidad de los distintos países del sur del continente es bien disímil. Ciertos países carecen de la posibilidad de acceder a créditos externos, y los restantes tienen que asumir un costo diferente en función de su grado inversor. Para salvar la situación presente, se hipotecan los esfuerzos futuros.
Todas estas cuestiones que he tratado de resumir, han dejado al descubierto la insuficiencia de las normas legales que pre-pandemia resultaban satisfactorias. La crisis llegó también al Derecho, nuestros saberes y experticia práctica como abogados están desbordados.
Representa un enorme y urgente desafío para los juristas contemplar esta nueva realidad y construir –por lo pronto en forma transitoria- un sistema legal de protección ante situaciones límites que atraviesan empresas y personas físicas. Kelsen nos enseñó que el derecho ya no es más considerado como una categoría eterna y absoluta. Se reconoce que su contenido varía según las épocas y que el derecho positivo es un fenómeno condicionado por las circunstancias de tiempo y de lugar.
En momentos en que las ciencias biológicas intentan dominar el virus, las ciencias jurídicas deben dar respuesta a sus consecuencias económico-sociales. Debemos seguir las enseñanzas de K. Popper: la investigación científica empieza con un problema y se continúa resolviéndolo.
