Por Gerardo A. Carlo-Altieri, exjuez presidente de la Corte de Quiebra de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y presidente de Dictum Puerto Rico.
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El pueblo puertorriqueño enfrenta con valentía la pandemia del COVID-19, en medio de una paralización casi total de ingresos, un cierre de negocios y un desplome económico nunca visto.
El anuncio del gobierno de una moratoria bancaria de tres meses por los bancos de Puerto Rico en préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito ha causado confusión por la falta de detalles y por la experiencia con moratorias anteriores.
Las moratorias bancarias voluntarias, luego de la Gran Recesión de 2008, tomaron demasiado tiempo en resolverse, debido a la complicada reglamentación gubernamental y las políticas internas bancarias, atado a la incapacidad de los deudores para cumplir con el cúmulo de requisitos.
También hay que reconocer que dichos procesos, aunque dificultosos y defectuosos, evitaron miles de ejecuciones de hipotecas y desahucios.
Sin embargo, los préstamos bancarios traspasados a corporaciones localizadas fuera de Puerto Rico, que operan sin supervisión de reguladores y cuyos préstamos están administrados por compañías de administración alejadas de la banca tradicional, siguen entorpeciendo la rehabilitación económica de los negocios locales.
La complejidad de las moratorias bancarias anteriores y la negativa de la industria de seguros local a cubrir pérdidas a pequeños negocios hace imperativo considerar las enmiendas al Código de Quiebra Federal (“Small Business Reorganization Act of 2019”, o “SBRA”) efectivas desde el 23 de febrero de 2020, especialmente para que pequeños negocios e individuos puedan planificar la resolución de sus insolvencias.
La citada ley establece un subcapítulo V al Código para acelerar los casos, reducir el poder de los acreedores, cubrir a negocios con hasta $2,725,625 en deudas, eliminar los comités de acreedores, conceder poder exclusivo al deudor para radicar su plan de reorganización y eliminar la radicación de una Declaración Informativa.
Además, los planes de pago hasta cinco años se aprueban sin el voto de una clase afectada, siempre que “no discrimine”, sean “justos y equitativos” y el ingreso del deudor se incluya en el plan de pagos.
La SBRA también permite a los dueños del negocio mantener el título de los activos, sin invertir capital nuevo en la empresa, y modificar hipotecas residenciales si parte del préstamo se utilizó en el negocio.
A la vez, el “Corona Aid, Relief and Economic Securites Act” (CARES), proyecto aprobado por unanimidad por el Senado federal el miércoles, 25 de marzo, enmienda el SBRA para conceder beneficios adicionales a deudores y pequeños negocios.
CARES expande el SBRA, aumentando la elegibilidad hasta $7,500,000 en deudas, eximiendo el ingreso de ayudas por coronavirus, y permite a individuos sujetos al Capítulo 13 solicitar la modificación de su repago hasta siete años.
A la luz de lo anterior, empresas con deudas menores de $7,500,000 deben considerar una reorganización bajo el subcapítulo V del Código, como alternativa a una moratoria o incluir la moratoria dentro del caso.
Las moratorias interrumpen la obligación de pagar una deuda específica del negocio, pero no paralizan automáticamente todas las deudas, según provee el Código. Además, normalmente no reducen el pago de principal o interés y muchas veces requieren la renuncia de defensas que podría tener un deudor dentro del SBRA.
Por otro lado, las moratorias no afectan el crédito y no requieren la magnitud de costos legales, contabilidad y fiscalización de un proceso de rehabilitación bajo el Código, que normalmente son las razones principales para no utilizar los remedios tan favorables que provee el Código.
En fin, tanto el proceso voluntario de moratorias como el proceso judicial de rehabilitación de insolvencias de negocios tienen ventajas.
Pero, corresponde a los reguladores federales y locales de la industria bancaria asegurar que los procesos de moratoria se simplifiquen al máximo para estimular su uso, sin afectar la industria.
A la vez, los profesionales, agencias del gobierno y tribunales que manejan los casos judiciales de rehabilitación de negocios pequeños bajo el Código, deben hacer lo posible para reducir los costos y las complicaciones que muchas veces desalientan utilizar el sistema federal de bancarrota a tiempo.
