Desde que comenzó la reestructuración de la banca española en el año 2009, como consecuencia de la crisis financiera, la larga lista de entidades financieras que se han fusionado, agrupado, creado -o desparecido- parece interminable, hasta el punto de que prácticamente requiere un ejercicio detectivesco dibujar un mapa evolutivo del sector y, más aún, localizar en un mar de siglas y denominaciones a todas las que se han involucrado en estos procesos.
Sin duda alguna, las cajas de ahorros han sido, con diferencia, las más nombradas y mediáticas; también algunos bancos por razón de sus propios procesos intrasectoriales o por adquirir excajas de ahorros, o por ser ahora bancos surgidos de éstas; pero igualmente, aunque de otro modo no traumático, el tercer pilar del sector bancario, el formado por las cooperativas de crédito (la mayoría denominadas cajas rurales –y de ahí la inadecuada confusión popular del término “cajas” con las cajas de ahorros) también ha experimentado el más intenso proceso de reorganización de su centenaria historia.
Este sector cooperativo, constituido actualmente por 60 entidades, pero agrupadas ya en menos de 40 instituciones o grupos consolidables, representa una importante y significativa cuota del 6% del mercado bancario español y, afortunadamente para todos, no ha precisado de ninguna ayuda pública, a pesar de haber conocido igualmente los rigores y las restricciones del lustro de crisis económica.
El sector fue pionero en España con la creación, por parte de Cajamar, del primer Sistema Institucional de Protección (SIP) conforme a la Directiva Europea 2006/48, que tuvo lugar a finales del año 2009, meses antes de aquell frenética primavera del año 2010, en la que semanalmente se anunciaban uno o más procesos concentratorios en la banca española.
(…)
Ver artículo completo
