La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, publicada el 31 de octubre de 2006 en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor -tras cinco largos años de vacatio legis– el pasado 31 de octubre de 2011. Ese mismo día también entró en vigor el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla. Tanto la Ley como el Reglamento han venido a dar respuesta a una de las más antiguas reivindicaciones de la abogacía española: la necesidad de una redefinición de la profesión de abogado que permita abandonar el tradicional sistema de colegiación inmediata tras la finalización de los estudios universitarios. España deja de ser un país en el que un recién Licenciado en Derecho puede colegiarse, sin ningún otro requisito, al día siguiente de terminar la carrera y actuar ante cualquier instancia, incluso ante el Tribunal Supremo.
