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Juan Carlos Rodríguez Maseda habla de tecnología y derecho en el último Seminario Dictum de la temporada

«Se trata de perder el miedo a la problemática en la evolución del Derecho y la dinámica de trabajo en los despachos«, empezó diciendo el socio de Dictum Abogados Juan Carlos Rodríguez Maseda para abrir el último el Seminario Dictum de la temporada, celebrado el pasado 26 de junio.

Como abogado especializado en economía digital y estudioso y gran apasionado de la tecnología blockchain y el mundo «cripto», el director de Dictum Galicia y Dictum Hong Kong eligió un tema que la firma está viviendo muy de cerca -prueba de ello es la constitución en 2017 por parte de algunos socios de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED) y la posterior puesta en marcha de la spin off del bufete Dictum Futurae– que, en concreto, se titulaba «Tecnología y Derecho: apuntes conceptuales para un mundo digital».

Rodríguez Maseda, a quien el CEO y socio de Dictum, Vicente J. García Gil, presentó como un «caso paradigmático de esa aplicación de las nuevas tecnologías a la profesión y un abogado de raza perfectamente adaptado a esta nueva realidad», apuntó a la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, como el origen de la «electronificación» del Derecho mercantil en España, «el momento en el que el legislador empezó a interesarse por ello, si bien llegaba tarde», apostilló.

«Más tarde, el artículo 1.262 del Código Civil entraba de lleno en el caballo de batalla de la contratación electrónica, el consentimiento«, explicó el también socio fundador de Dictum Futurae, un terreno en el que ideas como la inmediatez y la trazabilidad son claves y que ya marcaba el camino que permite prescindir de las figuras del notario y el registro.

La posterior Ley 59/2003, de firma electrónica, por su parte, de la que se desgrana el problema de la identidad digital, «supone el germen de ese cambio de medio en el que nos movemos», continuó el abogado, también miembro del Comité Legal de Alastria,  quien, irremediablemente, condujo su discurso hacia Satoshi Nakamoto y el bitcoin, el momento, en su opinión, en el que nace la historia de la humanidad.

«El verdadero salto cualitativo se produce con la posibilidad de transferir información y valor sin necesidad de intermediarios, sin que deba existir un tercero de confianza que verifique esa información, que en el mundo digital es la red, el individuo, todos nosotros, con lo que cambia el modelo que ha marcado las relaciones comerciales a lo largo de la historia y, con ello, las instituciones que lo han hecho viable, que no pueden seguir funcionando bajo un prisma del siglo XIX», sentenció Rodríguez Maseda.

En su presentación, tuvo tiempo también de referirse a blockchain, la tecnología que sustenta bitcoin y todas las criptomonedas, además de los smart contracts, en los que la información no se  puede modificar ni falsear porque es trazable e inmutable y que, según el socio de Dictum, serían de aplicación, por ejemplo, en la relación entre el franquiciador y el franquiciado, «plagada de desconfianza».

«No sabemos qué pasará en un futuro», dijo para terminar, «pero estos fenómenos se producen en primer lugar en el mercado y ahí estaremos los mercantilistas, trabajando con el Derecho y la tecnología, que no son cosas diferentes: son la misma cosa».

El CEO y socio de Dictum, Vicente García Gil, docente de la novena edición del curso de Experto Legal en Blockchain, Smart Contracts, Tokenización e ICOS/STOS

Los pasados 3, 4 y 5 de junio ha tenido lugar la novena edición del curso de Experto Legal en Blockchain, Smart Contracts, Tokenización e ICOS/STOS, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española, en colaboración con Blockchain Intelligence Law Institute, y en el que el consejero delegado y socio de Dictum, Vicente J. García Gil, ha repetido como docente.

En concreto, García Gil, abogado experto legal en blockchain, ha impartido el módulo sobre smart contracts, materia que investiga actualmente en el Programa Internacional de Doctorado de la Universidad CEU-San Pablo .

La compresión del funcionamiento de los smart contracts, las implicaciones jurídicas de la autoejecución, la función de los oráculos, la jurisdicción aplicable y los casos de uso son algunos de los temas vistos en este módulo, al que se han sumado otros como «Tecnología blockchain», «Identidad digital», «Tokenización de activos» o «ICOS y STOS».

El equipo docente de este curso, que cuenta con tres labs prácticos y un caso de compraventa en smart contract, se compone de los mejores juristas expertos en blockchain, así como de ingenieros informáticos, macroeconomistas, business developers, innovadores y emprendedores, todos ellos líderes en cada uno de estos campos y con altos niveles de formación teórica y de experiencia práctica en el mundo blockchain.

El CEO y socio de Dictum, Vicente J. García Gil, habla del uso de smart contracts en la prevención del blanqueo de capitales para el SEPBLAC

El pasado 25 de abril, el consejero delegado y socio de Dictum Abogados, Vicente J. García Gil, ofreció una conferencia en el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) sobre el uso de smart contracts en la prevención del blanqueo de capitales.

La sesión ofrecida en la autoridad supervisora y Unidad de Inteligencia Financiera de España formaba parte del programa de formación in house a cargo de Blockchain Intelligence, la plataforma de recursos y capacitación en torno a los desarrollos en blockchain, de cuyo Consejo Asesor es miembro García Gil.

El abogado, experto legal en blockchain, smart contracts e ICOs y presidente, asimismo, de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED), viene impartiendo una serie de charlas sobre distintos aspectos de esta herramienta, su aplicación y casos de uso, la más reciente, la celebrada el pasado 6 de marzo en FIDE (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa) sobre la tutela del consumidor en los smart contracts.

EL CEO y socio de Dictum, Vicente García Gil, acompaña a Alastria en Alicante

Por segunda vez, Alastria, el consorcio estatal para una red semipública y permisionada de blockchain, ha visitado Alicante para reunirse con el ecosistema (ECO) provincial, que coordina el CEO y socio de Dictum, Vicente J. García Gil, junto con Antonio Gálvez, de Smart Knowledge.

El encuentro tuvo lugar el pasado 8 de abril en Torre Juana Open Space Technology, un espacio abierto y colaborativo donde tiene su sede AlicanTec, entidad miembro de Alastria y una de las protagonistas de la jornada.

La mesa estuvo presidida por su presidente, Andrés Pedreño, quien estuvo acompañado de Manuel Bonilla, CEO de SUMA Gestión Tributaria; Carmen Pastor, directora de BAES Blockchain Labs; Miguel caballero, CEO de Tutellus; los coordinadores del ECO, Antonio Gálvez y Vicente García Gil, así como la directora general de Alastria, Montse Guardia.

El consorcio para el establecimiento de una red de blockchain viajó a Alicante con el propósito de potenciar allí su presencia, en colaboración con las entidades mencionadas, impulsar redes de emprendimiento y ayudar en la aceleración de proyectos relacionados con el turismo.

Montse Guardia aseguró que el ecosistema de Alicante es uno de los que más valor genera en el ámbito de la red descentralizada que representa Alastria y manifestó que esta apostará por proyectos de incubación que permitan explotar el talento local, especialmente en el ámbito del turismo.

La jornada sirvió, asimismo, para poner de relieve la ambición y proyección internacional del consorcio y el dinamismo de los proyectos de Alicante en torno a Alastria: AlicanTec, BAES y SUMA Innova.

Vicente García Gil (segundo por la derecha), durante su intervención.

Las criptomonedas y su fiscalidad

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Durante los últimos años, se ha venido desarrollando, gracias a la evolución tecnológica, la creación de los criptoactivos (más popularmente, pero inapropiadamente, llamadas criptomonedas), que, entre otras funcionalidades, permiten transacciones monetarias por medios electrónicos sin el sustento de un Estado que respalde su emisión o su valor como moneda o divisa. La primera y más popular es Bitcoin (BTC), nacida en 2008. No obstante, existen otras muchas -se estima que más de un millar-, muchas de las cuales se han originado mediante procesos de financiación de nuevas empresas de base tecnológica, utilizando para ello las denominadas Initial Currency Offers (traducible como oferta inicial de criptomoneda).

En la actualidad, son muchas las definiciones o acepciones de lo que es un criptoactivo o criptomoneda; por ello, se toma el BTC como referencia para iniciar un primer objeto de estudio y análisis. Bajo la enigmática creación de Satoshi Nakamoto, en su web oficial, se define como: “Una red consensuada que permite un nuevo sistema de pago y una moneda completamente digital”.

Es la primera red entre pares de pago descentralizado impulsado por sus usuarios, sin una autoridad central o intermediarios. Desde un punto de vista de usuario, el Bitcoin es como dinero para Internet. En la actualidad el BTC actúa como dinero digital, que puede ser usado, en la medida en que lo acepten las partes, para comprar productos o servicios; y, también, puede ser cambiado por dinero de curso legal.

Aparte de ser dinero “no oficial” estos criptoactivos tienen como característica principal la utilización de los sistemas criptográficos y de registro distribuido de la tecnología blockchain o de cadena de bloques en sus diversas modalidades (Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin, Dash…).

Ante esta nueva realidad monetaria de base digital, se ha de atender a su fiscalidad y las repercusiones que tienen sobre los diferentes agentes que intervienen en sus transacciones. En este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 22 de octubre de 2015 (asunto C-264/14), asignó al Bitcoin y, por tanto, a los restantes criptoactivos o criptomonedas, a la categoría de medio de pago y, consiguientemente, introdujo un cambio en la repercusión del IVA sobre sus transacciones. Sin embargo, a efectos de la declaración de la renta de los contribuyentes, especular con Bitcoins no es diferente a invertir, por ejemplo, en el mercado de divisas, Forex. De hecho, se aplica el mismo régimen fiscal.

A partir de la fecha de dicha sentencia de 2015, todas las operaciones que se realicen con Bitcoin no llevarán IVA, puesto que se les otorga la consideración de medios de pagos. Esto es, la sentencia equipara la moneda virtual o digital a otros medios de pago y, por tanto, no debe incluir IVA.

El TJUE decreta así que Bitcoin (y por extensión los restantes criptoactivos o criptomonedas) son una divisa virtual de flujo bidireccional que se intercambia por divisas tradicionales en las operaciones de cambio de moneda y que no puede calificarse como bien corporal, porque su única finalidad es la de ser un medio de pago (apartado 24). Concretamente, se trata de un medio de pago contractual directo entre los operadores que la aceptan (apartado 42) y se indica que sus transacciones pueden constituir operaciones financieras si han sido aceptadas por las partes como medio alternativo a los medios legales de pago (apartado 49).

En definitiva, lo que cambia es la concepción sobre las criptomonedas, que dejan de ser un elemento de mero intercambio o trueque para pasar a ser un medio de pago virtual, de tal modo, que los monederos o escritorios de criptomonedas (wallets) tienen la consideración de una cuenta similar a la bancaria en una moneda diferente que es la moneda virtual correspondiente.

El tratamiento fiscal que reciben las criptomonedas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), con motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo de la Unión Europea, es la exención del mismo, al igual que ocurre con el IVA. No obstante, habrá que estar a los futuros pronunciamientos sobre esta materia en el momento en que se produzcan.

En España, desde el año 2015, el Bitcoin tiene la consideración de medio de pago y su transmisión se encuentra exenta del IVA (art. 20. Uno.18º LIVA), al no haber relación directa entre el servicio prestado y la contraprestación recibida, tal y como se establecen en las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos V1029-15, V2846-15, V3625-16, V1748-18, V2034-18 y V2670-18. De igual modo, las citadas consultas establecen, al igual que la sentencia del alto tribunal europeo, que la venta de Bitcoin se encuentra exenta de IVA: “Las monedas virtuales Bitcoin actúan como un medio de pago y por sus propias características deben entenderse incluidas dentro del concepto «otros efectos comerciales» por lo que su transmisión debe quedar sujeta y exenta del Impuesto”.

La compra o venta de criptomonedas desde el punto de vista del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tiene la consideración de ganancia o pérdida de patrimonio (art. 33.1 LIRPF) cuyo importe, conforme al art. 34 LIRPF, es la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición y, la misma, se ha de integrar en la base imponible del ahorro.

Esto significa, que en el supuesto de que un contribuyente persona física obtuviese una ganancia por la transmisión de criptomonedas, tributará para los primeros 6.000€ de ganancia al tipo del 19%, desde 6.000,01€ hasta 50.000€ al tipo del 21%; y, desde 50.000,01€ en adelante, al tipo del 23%.

Por lo que respecta al momento de la imputación de esta ganancia o pérdida de patrimonio, cuando existe un lapso de tiempo entre que se emite la orden de venta de la moneda virtual y se recibe el dinero en la cuenta corriente, la Dirección General de Tributos (DGT) en la consulta vinculante V0808-18 del 22 de marzo establece: “… en la venta de monedas virtuales, la alteración patrimonial habrá de entenderse producida en el momento en que se proceda a la entrega de las monedas virtuales por el contribuyente en virtud del contrato de compraventa, con independencia del momento en que se perciba el precio de la venta, debiendo, por tanto, imputarse las ganancia o pérdida patrimonial producida al período impositivo en que se haya realizado dicha entrega”. En definitiva, la alteración patrimonial se produce en el momento de la orden de venta y no cuando se perciba el importe de la transmisión.

Otra cuestión interesante, sobre la que se ha pronunciado la DGT en las consultas vinculantes V0999-18 y V1149-18, es la relativa al intercambio entre diferentes monedas virtuales, en la que se establece que la misma produce una ganancia o pérdida patrimonial siempre que el contribuyente, persona física, realice este intercambio al margen de una actividad económica. Por lo que respecta al robo de criptomonedas la DGT en la consulta V1979-18 establece que se produce una pérdida de patrimonio bajo determinadas condiciones.

Por lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, las criptomonedas conforme a la consulta vinculante V0250-18, deben declararse por su precio de mercado, determinado a la fecha de devengo (31 de diciembre) de acuerdo, respectivamente, con los artículos 24 y 28 de la Ley. En este punto se plantea la ambigüedad en cuál es la referencia de ese precio de mercado que debe tomarse.

En cuanto a la actividad de “minería” de criptomonedas por parte de los nodos que lo realizan en las redes blockchain, como se ha indicado anteriormente, un minero de criptoactivos es una persona, física o jurídica, que genera o participa en la creación de una moneda virtual. En este sentido, tal y como indica la Dirección General de Tributos, en las consultas vinculantes V3625-16 y V2908-17, la actividad del minero de criptodivisas es considerada una actividad económica en los términos indicados en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). De tal modo que es preciso realizar una declaración censal al inicio de la actividad de minado. El epígrafe en el que se ha de inscribir es el 831.9 de la sección primera, correspondiente a Otros Servicios Financieros NCOP.

En conclusión, la actividad de minería de criptomonedas se encuentra obligada a reflejar su actividad en la declaración del IRPF, si se trata de persona física, o en el Impuesto sobre Sociedades si se opera a través de una sociedad, además de las correspondientes obligaciones son la seguridad social, cotizando en el correspondiente régimen de trabajadores autónomos.

La transformación digital y el entorno tecnológico supone también una sujeción a las cuestiones tributarias; y su devenir, para entender la evolución de este ámbito de actividad, no carente de lagunas tanto legales como fiscales que, con el tiempo, se irán completando y precisando según la práctica y los problemas que a futuro puedan desarrollarse, pudiendo tener especial trascendencia las interpretaciones de otros Estados o de organizaciones internacionales, dada la globalidad de este fenómeno y la dificultad para establecer jurisdicciones nacionales.

Como en otros aspectos de la vida, la tecnología va por delante de la normativa y, de momento, en España no existe una legislación fiscal o contable específica para las criptomonedas o criptoactivos. De momento, sólo se cuenta con las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos y los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por tanto, se está ante una materia que inicia su andadura en la normativa fiscal, no exenta de múltiples transformaciones en el futuro.

Conforme se vayan desarrollando las nuevas realidades financieras y la normativa regule y regularice su actividad, fiscalmente se irá desarrollando las implicaciones que vayan a tener los diferentes sujetos intervinientes en la misma.

Por tanto, también el mundo virtual o digital está bajo la atención de las autoridades tributarias, lo que conforma un momento de apasionante expectación, no sólo desde el punto de vista tecnológico sino también en el ámbito regulatorio y tributario.

“La contratación inteligente y sus posibilidades de aplicación inmediata”, una nueva entrega del Seminario Dictum

El pasado 26 de febrero tuvo lugar un nuevo Seminario Dictum, la herramienta de formación interna en torno a la cual se reúnen cada mes los profesionales de la firma y los profesores y catedráticos que componen su Consejo Académico para abordar un tema de actualidad.

«En esta ocasión, nos saldremos de lo societario y concursal», empezó diciendo el consejero delegado y socio de Dictum Abogados, Vicente J. García Gil, investigador en formación en materia de smart contracts y ponente del seminario.

Con el título «La contratación inteligente y sus posibilidades de aplicación inmediata: sectores y casos de uso», el también CEO y socio fundador de Dictum Futurae dio a conocer al resto del equipo el trabajo que se está llevando a cabo desde la spin-off del despacho, dedicada a la asesoría en transformación digital.

«No somos una gran consultora global, pero, además del desiderátum académico, en el ADN de Dictum está la tecnología y la innovación, siempre apegados a la realidad«, continuó el también presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED).

Así, García Gil hizo un recorrido desde aspectos básicos como los conceptos y las características de blockchain y los smart contracts hasta cuestiones más técnicas como el uso de la plataforma Clause, una librería de contratos que convierte en código las cláusulas introducidas en lenguaje natural. «Un nuevo escenario para el trabajo de los abogados», explicó, «que gracias a estas herramientas podemos automatizar algunas prestaciones».

En su exposición, aludió también a los contratos ricardianos, un contrato digital que define los términos y condiciones de una interacción entre dos o más partes y que está firmado y verificado criptográficamente. «Desde el punto de vista jurídico, es nuestra apuesta: en un momento como el actual, solo tiene sentido hacer contratos que sean legibles tanto para los humanos como para las máquinas», afirmó el abogado.

Como «un caso de uso excepcional», el miembro del Comité Legal y co-coordinador del ecosistema (ECO) de Alicante de Alastria se refirió a este consorcio multisectorial y descentralizado que ya aglutina a más de 330 entidades, entre las que se encuentran Dictum Futurae y FIFED, y que aspira a proveer a España de la infraestructura blockchain básica, la “Red Alastria”, y del estándar de identidad digital “ID Alastria” que permita que las transacciones sobre la red tengan validez legal y, con ello, que la sociedad española pueda desarrollar su propia estrategia.

Después de repasar las muy distintas funcionalidades de un smart contract y el papel de los oráculos, el CEO de Dictum planteó los retos en la adopción de estos «contratos inteligentes»: tecnológicos (escalabilidad en la rapidez de la ejecución e interoperabilidad con los sistemas existentes), legales (retos regulatorios en las leyes aplicables) y organizativos (gobernanza en la blockchain y falta de talento en smart contracts).

«Necesitamos los smart contracts para ofrecer un mayor grado de confianza y minimizar riesgos, para reducir los costes de administración y servicio, así como para eliminar los procesos de negocio ineficientes», resumió Vicente García Gil, quien, por último, se detuvo en el caso de uso que está desarrollando el Grupo Dictum: la aplicación de blockchain a un acuerdo de refinanciación mediante su despliegue en un smart contract, donde poder controlar el cumplimiento de los acuerdos de refinanciación en el marco de las instituciones preconcursales.

Los socios Vicente García Gil y Juan Carlos Rodríguez Maseda imparten una conferencia sobre el uso de smart contracts en la actividad financiera

Dentro del amplio programa de eventos a los que son invitados y como extensión de su investigación en el campo de la economía digital y el derecho aplicado a la innovación, los socios de la firma Vicente J. García Gil y Juan Carlos Rodríguez Maseda impartieron, el pasado 30 de enero en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (Recoletos, 13), la ponencia “El uso de smart contracts en la actividad financiera: desafíos y oportunidades”.

Organizada por Blockchain Intelligence Law Institute (BI), entidad de cuyo Consejo Asesor forma parte el CEO de Dictum Abogados, la sesión contó con una parte de análisis, seguida de un caso de uso de un smart contract en un acuerdo de refinanciación, combinando así la experiencia jurídica con el conocimiento real del desarrollo de aplicaciones, objetivo que marca la línea de actuación de Blockchain Intelligence. Si quieres el el video completo de la sesión, entra aquí.

Dirigida a abogados, profesionales de cumplimiento normativo y reguladores, Blockchain Intelligence Law Institute es una plataforma que facilita recursos y capacitación para dar respuesta a las necesidades de los desarrollos en torno a esta tecnología.

En colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, aporta formación, debate y conocimiento sobre temas como la propiedad intelectual, la privacidad, la identidad digital, las ICOs (Initial Coin Offering), la tokenización de activos o la gobernanza.

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Dictum, en la presentación del ecosistema de Galicia de Alastria, coordinado por el socio Juan Carlos Rodríguez Maseda

El pasado 3 de diciembre tuvo lugar, en el Centro ABANCA Obra Social de Santiago de Compostela, la inauguración oficial del Ecosistema de Coordinación (ECO) de Galicia de Alastria, coordinado por el socio fundador de Dictum Abogados y secretario de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED), Juan Carlos Rodríguez Maseda.

En el encuentro, que contó con la asistencia de un nutrido grupo de empresarios y directivos locales, se abordaron los principales retos de la implementación de la tecnología blockchain en la comunidad autónoma. En el debate participaron el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde López; la vicepresidenta de Alastria, María Parga; la líder de la comisión de Innovación y Talento de Alastria, Carmen Chicharro, y el líder de la comisión de Relación con Administraciones Públicas, Roberto Fernández Hergueta, además de los coordinadores del ECO.

La jornada sirvió como acto fundacional del ecosistema gallego, centrado en cómo optimizar los procesos dentro de las empresas utilizando blockchain. A la ponencia sobre identidad digital le siguió otra en torno a los aspectos jurídicos y económicos de esta tecnología, ofrecida por Rodríguez Maseda, así como una mesa redonda que abordó las “oportunidades para Galicia”.

Uno de los objetivos a corto plazo de Alastria National Blockchain Ecosystem, el consorcio promovido por empresas e instituciones españolas para el establecimiento de una infraestructura semipública blockchain/DLT, es la creación de ecosistemas de coordinación descentralizados en todo el territorio nacional, en los que se fomente un modelo de formación mediante la creación de certificaciones profesionales reconocidas en tecnología blockchain.

Los ECO nacen para nutrir el ámbito de la Comunidad Autónoma de conocimiento blockchain, tanto en lo que se refiere a aspectos técnicos como funcionales; fomentar la innovación para desarrollar casos de uso entre los socios, así como para retar a la comunidad de desarrolladores para que aporten herramientas a la plataforma de Alastria, sirviendo a los casos de uso.

El coordinador de Galicia Juan Carlos Rodríguez Maseda define la puesta en marcha de este ecosistema como “la creación de un grupo heterogéneo de actores, provenientes de los más diversos sectores, capaces de pensar en nuevas formas de producción y de organización, sobre la base de la disrupción que proponen las tecnologías del libro distribuido. Un grupo formado por empresas tradicionales, innovadoras startups, desarrolladores, profesionales…; un verdadero ecosistema, capaz de debatir, desenvolver e implementar una cultura de innovación que proponga caminos de triunfo para la empresa y la sociedad gallegas”.