Artículo de Ricardo Palomo Zurdo, publicado por el Observatorio de ética en los negocios
La regulación normativa del gobierno de las empresas se ha desarrollado considerablemente y ha evolucionado hacia un sistema cada vez más amplio e imperativo; pero no puede, por sí sola, evitar los comportamientos contrarios a la ética que puedan darse en cualquiera de las múltiples categorías de profesionales de las empresas.
Si bien la ética en los negocios debe ser exigida en todos los niveles de una estructura, con independencia del puesto o jerarquía, es cierto que los directivos y máximos responsables deben predicar con el ejemplo. Además, hay que tener en cuenta que el impacto mediático y el riesgo reputacional de una compañía aumenta exponencialmente a medida que los comportamientos contrarios a la ética -o los meros indicios de ello- apuntan a sus cúpulas directivas.
Dado que en el mundo de la economía y de la empresa el comportamiento ético es, a menudo, un concepto de perfiles ampliamente indefinidos, ajustables e interpretables subjetivamente; ética y honor podrían relacionarse, en su acepción de rectitud y cumplimiento del deber con objetividad y sin desviaciones interesadas. Asimismo, dado que puede ser enorme la distancia entre las malas prácticas en que puede incurrir una persona y la línea roja que marca una sanción expresa desde el punto de vista judicial, lo idóneo sería no dar lugar, ni siquiera, a la sospecha o a la sombra de duda sobre el comportamiento ético de los profesionales.
En los tiempos actuales, es demasiado frecuente la sucesión de casos de corrupción empresarial que, a menudo, se encuentran en ese limbo entre lo legal, lo alegal y lo ilegal; amparados, en ocasiones, en lo que los acusados aducen como “el uso y costumbre” de esas prácticas, o en la “colectivización” de la culpa que parece atenuar responsabilidades individuales, cuando no la justificación en la dejadez de funciones de las autoridades supervisoras de las que se dice que no supieron, o que no pudieron, evitar lo acontecido; cuando no que comunicaron pero no se actuó a tiempo por parte de los responsables de tal supervisión.
Son escándalos con pésimas consecuencias por la irritación que causan entre los ciudadanos, por el grave perjuicio a la imagen de las empresas en que ocurren y por la negativa repercusión externa o internacional, que se traduce en la desconfianza de los inversores y que, como he argumentado alguna vez, cabría plantear a los acusados el resarcimiento (al menos moral) por el lucro cesante nacional que ello supone.
El conocido escándalo de las tarjetas “black” en una importante entidad financiera española ha aumentado hasta los 300 el número de altos cargos que tienen que rendir cuentas ante los tribunales; si bien, hasta comienzos de 2015 sólo había 9 procesados y 4 condenados que, sumados, no suponen, hasta la fecha, más del 4% de los referidos 300. Con independencia de las argumentaciones de acusación y defensa sobre la culpa o la inocencia de los imputados, es innegable que la conciencia ética no ha funcionado a juzgar por el despilfarro y la gravedad de algunos casos.
Curiosa, sin duda, es la antagonía entre ese número de los 300 imputados y los gloriosos 300 espartanos que combatieron por honor en la batalla de las Termópilas, que sin duda daría lugar a más de una parodia que ayudaría a mitigar la alarma social entre los habitantes del mundo de los honrados. Pero a pesar de lo indicado, esta sucesión de escándalos financieros, que afectan a empresas, instituciones públicas, partidos políticos y sindicatos, no debe llevar, por causa de su amplia difusión mediática y de la arrogancia y autojustificación de algunos imputados que hiere a una población muy castigada por la crisis, a una visión pesimista y peligrosamente generalizable.
El mundo de los honrados es mucho más grande. Efectivamente, “no todo es black” pues hay muchos miles de directivos, mandos intermedios y empleados de base que desarrollan su actividad profesional ofreciendo un verdadero ejemplo de desempeño con comportamiento ético y responsable, muchas veces desde la vocación por su trabajo y desde su callada actuación diaria. Son legión frente a 300 o varios 300 y en ello radica la garantía de que la ética en los negocios puede mejorar en España sustancialmente y alcanzar poco a poco la que corresponde a los países más avanzados en este campo.
Para ello se debe perseverar en la aplicación de una justicia “justa” y en un elemento principal: la formación de los jóvenes bajo criterios de rectitud y de comportamiento ético en su actividad diaria para que en el futuro lo apliquen también en su actividad profesional.
La regulación normativa del gobierno de las empresas se ha desarrollado considerablemente y ha evolucionado hacia un sistema cada vez más amplio e imperativo; pero no puede, por sí sola, evitar los comportamientos contrarios a la ética que puedan darse en cualquiera de las múltiples categorías de profesionales de las empresas.
Si bien la ética en los negocios debe ser exigida en todos los niveles de una estructura, con independencia del puesto o jerarquía, es cierto que los directivos y máximos responsables deben predicar con el ejemplo. Además, hay que tener en cuenta que el impacto mediático y el riesgo reputacional de una compañía aumenta exponencialmente a medida que los comportamientos contrarios a la ética -o los meros indicios de ello- apuntan a sus cúpulas directivas.
Dado que en el mundo de la economía y de la empresa el comportamiento ético es, a menudo, un concepto de perfiles ampliamente indefinidos, ajustables e interpretables subjetivamente; ética y honor podrían relacionarse, en su acepción de rectitud y cumplimiento del deber con objetividad y sin desviaciones interesadas. Asimismo, dado que puede ser enorme la distancia entre las malas prácticas en que puede incurrir una persona y la línea roja que marca una sanción expresa desde el punto de vista judicial, lo idóneo sería no dar lugar, ni siquiera, a la sospecha o a la sombra de duda sobre el comportamiento ético de los profesionales.
En los tiempos actuales, es demasiado frecuente la sucesión de casos de corrupción empresarial que, a menudo, se encuentran en ese limbo entre lo legal, lo alegal y lo ilegal; amparados, en ocasiones, en lo que los acusados aducen como “el uso y costumbre” de esas prácticas, o en la “colectivización” de la culpa que parece atenuar responsabilidades individuales, cuando no la justificación en la dejadez de funciones de las autoridades supervisoras de las que se dice que no supieron, o que no pudieron, evitar lo acontecido; cuando no que comunicaron pero no se actuó a tiempo por parte de los responsables de tal supervisión.
Son escándalos con pésimas consecuencias por la irritación que causan entre los ciudadanos, por el grave perjuicio a la imagen de las empresas en que ocurren y por la negativa repercusión externa o internacional, que se traduce en la desconfianza de los inversores y que, como he argumentado alguna vez, cabría plantear a los acusados el resarcimiento (al menos moral) por el lucro cesante nacional que ello supone.
El conocido escándalo de las tarjetas “black” en una importante entidad financiera española ha aumentado hasta los 300 el número de altos cargos que tienen que rendir cuentas ante los tribunales; si bien, hasta comienzos de 2015 sólo había 9 procesados y 4 condenados que, sumados, no suponen, hasta la fecha, más del 4% de los referidos 300. Con independencia de las argumentaciones de acusación y defensa sobre la culpa o la inocencia de los imputados, es innegable que la conciencia ética no ha funcionado a juzgar por el despilfarro y la gravedad de algunos casos.
Curiosa, sin duda, es la antagonía entre ese número de los 300 imputados y los gloriosos 300 espartanos que combatieron por honor en la batalla de las Termópilas, que sin duda daría lugar a más de una parodia que ayudaría a mitigar la alarma social entre los habitantes del mundo de los honrados. Pero a pesar de lo indicado, esta sucesión de escándalos financieros, que afectan a empresas, instituciones públicas, partidos políticos y sindicatos, no debe llevar, por causa de su amplia difusión mediática y de la arrogancia y autojustificación de algunos imputados que hiere a una población muy castigada por la crisis, a una visión pesimista y peligrosamente generalizable.
El mundo de los honrados es mucho más grande. Efectivamente, “no todo es black” pues hay muchos miles de directivos, mandos intermedios y empleados de base que desarrollan su actividad profesional ofreciendo un verdadero ejemplo de desempeño con comportamiento ético y responsable, muchas veces desde la vocación por su trabajo y desde su callada actuación diaria. Son legión frente a 300 o varios 300 y en ello radica la garantía de que la ética en los negocios puede mejorar en España sustancialmente y alcanzar poco a poco la que corresponde a los países más avanzados en este campo.
Para ello se debe perseverar en la aplicación de una justicia “justa” y en un elemento principal: la formación de los jóvenes bajo criterios de rectitud y de comportamiento ético en su actividad diaria para que en el futuro lo apliquen también en su actividad profesional.
El Observatorio de ética en los negocios tiene como fin promover la investigación, el debate, la formación, la difusión de información y la emisión de opinión en materia de ética corporativa, con el fin de incentivar prácticas responsables en el seno de las corporaciones.
Más información en www.etica-negocios.org
