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La configuración de la unidad productiva en la Ley Concursal y los límites a la exoneración de responsabilidad contemplados en la normativa concursal

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La empresa, bien en su integridad o bien parcialmente, puede ser objeto de negocios jurídicos en el marco de un proceso concursal. La Ley Concursal contempla la transmisión de unidades productivas con el objetivo de lograr una mejor satisfacción de los acreedores. A efectos laborales, esto supone que durante la vigencia de las relaciones laborales puede producirse la sustitución o cambio del sujeto que ocupa la posición de empleador. Tras la reforma operada por el Real Decreto Ley 11/2014 se introduce un precepto en la Ley Concursal que regula las especialidades de la transmisión de unidades productivas en sede de concurso (art. 146 bis). Lo dispuesto en este artículo se aplica tanto a la transmisión que se produzca en la fase común, como a la que tenga lugar como contenido de un convenio o en sede de liquidación. A este respecto, con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2018 (Roj: STS 752/2018) merece especial atención la configuración de la unidad productiva en la Ley Concursal y los límites a la exoneración de responsabilidad contemplados en la normativa concursal.

El precepto que regula la sucesión de empresa en el marco de un procedimiento concursal no supone novedad alguna con respecto a la normativa general. La transmisión de una empresa, tanto en el marco de un procedimiento concursal como fuera del concurso, es una sucesión de empresa y lo es, especialmente, a efectos de la aplicación de la normativa sobre tutela de los trabajadores y de la transmisión de los contratos de trabajo (art. 44 ET). En esta línea, el Tribunal Supremo ha señalado que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores es una norma de carácter imperativo y, por tanto, para que no opere el fenómeno de la sucesión es necesario que exista una disposición que estableciera que en el caso de que una empresa se encuentre en situación de concurso no se produce la sucesión de empresa [sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2018 (Roj: STS 752/2018)].

La transmisión de la unidad productiva y la posterior sucesión de empresa se producirán, por un lado, en el supuesto de que la empresa se transmita de acuerdo con un plan de liquidación (art. 148 LC) y, por otro, cuando como consecuencia de las propuestas de convenio en el que se incluyan proposiciones de enajenación de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada (art. 100.2 LC). Ahora bien, las peculiaridades establecidas legalmente solo son aplicables cuando la transmisión se realice dentro de la fase de liquidación y en ausencia de plan aprobado judicialmente, es decir, cuando sean resultado de la enajenación a la que se refiere la regla primera del artículo 149 (art. 149.2 LC).

El artículo 149 de la Ley Concursal establece las normas generales que son aplicables a la enajenación de unidades productivas. En primer lugar, no toda enajenación en el ámbito de la liquidación concursal tiene la virtualidad de generar el efecto de la sucesión de empresa, solo la que reúna los requisitos contemplados en la propia norma. La Ley Concursal establece los presupuestos que deben darse a efectos de que la transmisión patrimonial esté acompañada de una sucesión de empresa: por un lado, que vaya referida a una organización de medios materiales y humanos afectos al desarrollo de alguna actividad económica esencial o accesoria y, por otro, que la actividad de ese ente organizado sea objeto de continuidad por el adquirente.

En segundo lugar, el mencionado precepto, entre sus reglas, señala que si la entidad económica de que se trate mantiene su identidad se entenderá que existe sucesión de empresa, pudiendo acordar el juez que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial, y el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán acordar modificaciones de las condiciones colectivas de trabajo (art. 149.4 LC).

La posibilidad de que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación trata de evitar que el potencial adquirente se desmotive al constatar la entidad de las deudas laborales pendientes de pago; deudas cuyo vencimiento tuvo lugar con anterioridad a la transmisión de la empresa y que acompañan a esta en el cambio de titularidad, correspondiendo su asunción al cedente y al cesionario en régimen de solidaridad (art. 44.3 ET). Ahora bien, la posibilidad de que el juez libere al adquirente de la obligación de hacer frente a una parte de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago al momento de sustanciarse la enajenación se limita a la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación y que sean asumidos por el Fondo de Garantía Salarial, por lo que el adquirente solamente quedará subrogado en lo que exceda de lo asumido por este organismo.

En esta línea, el Tribunal Supremo en la sentencia de 27 de febrero de 2018 (Roj: STS 752/2018) dictada con motivo de unificación de doctrina, añade que en caso de sucesión empresarial no solo se produce la subrogación del nuevo empresario en los derechos y obligaciones del anterior respecto de los trabajadores cedidos, sino que se mantiene la responsabilidad solidaria de ambas empresas respecto de las deudas laborales que la empresa cedente tuviera pendientes de abonar. Así pues, la única diferencia que existiría entre vender una unidad productiva dentro o fuera del concurso es la facultad que el artículo 149.2 de la Ley Concursal le otorga al juez del concurso de exonerar al adquirente de la deuda laboral en la parte que queda cubierta por el Fogasa con arreglo al artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Por el contrario, respecto al resto de deudas laborales y de seguridad social que excedan de este límite, sí se aplicaría la sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en toda su extensión.

LEGISLACIÓN, E-DICTUM Nº79, JULIO DE 2018

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Normativa estatal  

Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación (BOE 142/2018, publicado el 12 de junio)

La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea representó la unificación normativa en el Derecho español, en un texto único, de todas las decisiones marco y las directivas aprobadas en esta materia incluyendo tanto las que ya habían sido transpuestas en nuestro Derecho como las que estaban pendientes. La técnica legislativa empleada permitió evitar la dispersión normativa y facilitar su conocimiento y manejo por los distintos profesionales del Derecho. Se articuló a través de un esquema en el que tendría fácil cabida la incorporación de las futuras directivas que puedan ir adoptándose en esta materia. Se trata de normas muy específicas, sujetas a la propia dinámica legislativa de la Unión Europea, lo que justificó que no se integraran en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que constituyeran una ley distinta, eso sí, complementaria y coordinada.

La Ley 3/2018, de 11 de junio, cumple con el mandato de transposición de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, y, a tal fin, modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, con el fin de incorporarla al Derecho español. También se prevén una serie de pequeños ajustes de cuestiones surgidas durante la vigencia de dicha Ley y que era necesario actualizar o corregir.

La Ley se estructura en un artículo con veintisiete apartados, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, seis disposiciones finales y un anexo que aglutina la modificación y creación de nuevos anexos en la ley vigente.

El proceso de transposición conlleva modificar los artículos relevantes de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, con la introducción de las previsiones que el Derecho de la Unión Europea requiere. Esta forma de transposición es la más idónea, la más adecuada desde el punto de vista de la técnica normativa y la que ofrece mayor seguridad jurídica, ya que se continúa con el sistema de inclusión y regulación en una sola norma –con rango de ley por exigencia formal y material– de los instrumentos y medidas de reconocimiento mutuo penales dentro de la Unión Europea, ofreciendo así a los operadores jurídicos una visión completa del sistema de reconocimiento mutuo penal dentro de la UE y de su regulación en un único instrumento jurídico en el ordenamiento interno y evitando la dispersión normativa.

El apartado veintidós del artículo único introduce un nuevo Título X en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, que regula la orden europea de investigación, sustituyendo al exhorto, derogado por la normativa europea; en particular, por el Reglamento (UE) 2016/95 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, por el que se derogan determinados actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal. Dicho Título se estructura siguiendo el esquema de la Ley modificada, esto es, un capítulo de cuestiones generales de la orden de investigación, y sendos capítulos para emisión y ejecución.

En coherencia con lo anterior, se sustituye el anexo XIII de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, que se correspondía con el anexo correspondiente al exhorto, incluyendo en la modificación los anexos correspondientes a la orden europea de investigación.

Por último, se efectúan algunas modificaciones de cuestiones que era necesario adaptar y que se han puesto de manifiesto durante la aplicación de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre.

Así, se modifica en primer lugar el capítulo de ejecución de la orden europea de detención y entrega con vistas a adecuarlo a las exigencias de los derechos establecidos para el detenido por la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, así como a los derechos recogidos en la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.

En siguiente lugar, se adecua la norma a la existencia de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y al protagonismo que ésta ha adquirido en el marco del embargo y decomiso en España, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actuación en el ámbito del reconocimiento mutuo, y perfilando aspectos para la mejor sujeción al articulado de la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.

Además, se modifica la norma para la transposición de algunos aspectos de la Directiva (UE) 2016/1919, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención, con vistas a garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado, financiada por los Estados miembros, a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención conforme a la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI.

En otro orden de cosas, la norma introduce a través de tres disposiciones finales sendas reformas de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

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Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (BOE 142/2018, publicado el 12 de junio) 

La Ley 4/2018, de 11 de junio, tiene por objeto modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La finalidad de esta modificación normativa se encuentra en la necesidad de erradicar del ordenamiento jurídico aquellos aspectos que limiten la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación por cualquier motivo, en este caso, por ser portadoras del VIH/SIDA, u otras condiciones de salud, en lo que respecta al ámbito de contenidos discriminatorios en determinados negocios jurídicos, prestaciones o servicios.

La sistemática de la ley resulta sencilla. Comprende un artículo único, con dos apartados. El primero añade una disposición adicional al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, donde se establece la nulidad de estas cláusulas. El segundo apartado añade un nueva disposición final cuarta, en la que se establece un plazo de un año para que el Gobierno presente un proyecto de ley en el que determine la aplicación de esta ley a otras enfermedades, con respecto a las que se puedan producir los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas.

Asimismo, se incluyen dos disposiciones finales. La primera modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, para suprimir la discriminación por razón de VIH/SIDA u otras condiciones de salud en el sector referido. La disposición final segunda regula la entrada en vigor.

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Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas (BOE 142/2018, publicado el 12 de junio) 

Actualmente la recuperación inmediata de la vivienda por el propietario o titular de otros derechos legítimos de posesión de viviendas no es sencilla en la vía civil, como tampoco encuentra protección suficiente la función social que han de cumplir las viviendas que tienen en su haber las entidades sociales o instrumentales de las Administraciones públicas, para ser gestionadas en beneficio de personas y familias vulnerables, puesto que un porcentaje demasiado elevado del referido parque de viviendas se encuentra ocupado de forma ilegal, especialmente en los núcleos urbanos.

La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes públicos, eso sí, deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho y, en ese marco, preocuparse de forma particular por aquellas personas en riesgo de exclusión social. De ahí que las Administraciones vengan trabajando en planes y actuaciones que permitan generar un parque de vivienda social para atender de manera rápida, ágil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial.

Si bien la legislación vigente permite acudir a la vía penal, articulada con frecuencia al amparo de los artículos 245.2 y concordantes del Código Penal como delito de usurpación, esta forma de tutela jurídica responde a una respuesta propia del Derecho penal, es decir, de «ultima ratio», por lo que no comporta ni puede comportar una solución general que trascienda o sustituya los mecanismos civiles para la tutela de los derechos posesorios.

La legislación en la vía civil, si bien contempla varias opciones amparadas en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, todas ellas presentan algún tipo de problema o limitación en su aplicación en los casos de ocupación ilegal, que es la cuestión objeto de esta ley. En este sentido, ante la demanda creciente de respuestas ágiles y eficaces sin tener que recurrir a las penales, se plantea esta reforma en la que se adecúa y actualiza el tradicional interdicto de recobrar la posesión para una recuperación inmediata de la vivienda ocupada ilegalmente previsto en el artículo 250.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante el procedimiento desarrollado en los artículos 437, 441 y 444 de la misma.

En el nuevo apartado 1 bis del artículo 441, en previsión de que el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, se regula la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento. Asimismo, se generaliza la regulación de esta comunicación incorporando un nuevo apartado 4 al artículo 150, en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolución señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontraran en dicha situación, para dar conocimiento a los servicios públicos competentes en materia de política social, por si procediera su actuación, buscando así una rápida respuesta de los poderes públicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad.

Del mismo modo, la disposición adicional de esta ley establece medidas de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas competentes para que resulten eficaces estas comunicaciones.

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Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, sobre los requisitos aplicables a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias (BOE 151/2018, publicado el 22 de junio)

El Real Decreto 337/2018 transpone formalmente al Derecho nacional lo previsto en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre las previsiones macroeconómicas y presupuestarias.

Este Real Decreto se estructura en ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.

El artículo 1 define el ámbito de aplicación de este real decreto, que afecta a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias, y el artículo 2 hace referencia a los departamentos encargados de la elaboración de estas previsiones, así como a su publicación.

Los artículos 3, 4 y 5 recogen los principios aplicables a la elaboración de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias, estableciendo que se basarán en la información disponible más reciente y que la planificación presupuestaria se basará en el escenario macroeconómico más probable o en uno más prudente.

Los artículos 6, 7 y 8 regulan diversos aspectos del proceso de elaboración de estas previsiones, como su comparación con las previsiones de otros órganos o entidades independientes, en particular de la Comisión Europea, la realización de un análisis de sensibilidad y de una evaluación ex post.

Las disposiciones adicionales primera y segunda transponen otras cuestiones recogidas en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, que todavía no se habían regulado en ninguna norma nacional. En concreto, la Disposición adicional primera regula la publicación, a través de la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas, de los datos presupuestarios basados en la contabilidad pública para todos los subsectores de las Administraciones Públicas, algo que ya se venía haciendo. La Disposición adicional segunda, por su parte, establece la presentación de la incidencia combinada en los saldos y deudas de las Administraciones Públicas de todos los organismos y fondos de las mismas que no formen parte de los presupuestos ordinarios de los distintos subsectores.

Las disposiciones finales recogen el título competencial, la transposición parcial al Derecho español de la citada Directiva, la habilitación normativa a los Ministerios para adoptar las medidas necesarias para la ejecución de lo dispuesto en este real decreto y regulan la entrada en vigor del mismo.

Por último, cabe señalar que este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés general al mejorar la calidad de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias y contribuir así a la mayor eficacia y eficiencia en la toma de decisiones de política económica, no existe ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico, no introduce nuevas cargas administrativas y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos.

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Normativa autonómica 

Comunidad Autónoma de Illes Baleares 

Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social (BOE 148/2018, publicado el 19 de junio)

Esta ley tiene por objeto crear un marco legal del Tercer Sector de las Illes Balears, a través de las organizaciones y redes que lo conforman; adoptar y promover medidas orientadas a fortalecer estas organizaciones y redes; regular la manera de relacionar las administraciones competentes y las entidades del Tercer Sector Social en la provisión y la financiación de servicios de responsabilidad pública e interés general por parte de las entidades del Tercer Sector Social; impulsar la cooperación y la colaboración de las organizaciones entre sí y con el sector público, las empresas y otros agentes sociales; y promover su contribución e interlocución con la administración, en el ámbito de la intervención social y en las políticas y los sistemas de responsabilidad pública relacionados con este ámbito.

Las organizaciones del Tercer Sector Social de las Illes Balears, así como las actuaciones que lleven a cabo por sí mismas o en colaboración con otras, deben someterse a los siguientes principios:

  1. Participación social.
  2. Solidaridad y justicia.
  3. Responsabilidad pública y corresponsabilidad en la inclusión social.
  4. Diálogo civil y democracia participativa.
  5. Cooperación entre el sector público y las organizaciones del Tercer Sector
  6. Transversalidad de las actuaciones orientadas a la inclusión social.
  7. Responsabilidad social corporativa.

A efectos de esta ley, forman parte del Tercer Sector Social de las Illes Balears las entidades de iniciativa social y privada, en las cuales la finalidad principal es promover la inclusión socio-laboral y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afronten situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desprotección, discapacidad o dependencia; presten apoyos o realicen las actividades necesarias en los ámbitos de servicios sociales, laboral, educativo, sanitario, o cualquiera otro transversal que afecte a los mencionados colectivos.

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Comunidad Autónoma de Cantabria

 Ley 3/2018, de 28 de mayo, de creación del Consejo de la Mujer (BOE 155/2018, publicado el 27 de junio) 

Se crea el Consejo de la Mujer de Cantabria como órgano colegiado de participación, representación y consulta en todas aquellas materias y políticas que afecten a los derechos e intereses de las mujeres cántabras, tanto en las políticas de igualdad de género, como en las políticas públicas globales incluyendo la perspectiva de género, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Consejo de la Mujer de Cantabria se regirá, en su organización y funcionamiento, por lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo, así como por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por la normativa autonómica reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa que le resulte de aplicación.

El Consejo de la Mujer de Cantabria estará adscrito a la Consejería competente en materia de igualdad y mujer, sin participar en su estructura jerárquica, y desarrollará sus funciones de participación, representación y consulta con plena autonomía funcional.

Los fines del Consejo de la Mujer de Cantabria son:

  1. Ofrecer y ser el cauce de participación e interlocución de las mujeres, promoviendo su participación y garantizando su concurrencia en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
  2. Defender, escuchar, atender, promover y reivindicar los intereses y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres de Cantabria.
  3. Difundir los valores de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la no discriminación por razón de sexo de las mujeres.
  4. Fomentar el asociacionismo entre las mujeres, potenciar las actividades e infraestructuras de sus organizaciones, promover la integración de los grupos y asociaciones de mujeres, estimular su creación, y prestar el apoyo y la asistencia que le fuera requerida.
  5. Aquellos otros relacionados con las mujeres que se determinen reglamentariamente.

El Consejo de la Mujer de Cantabria funcionará en Pleno o en Comisión Permanente.

Reglamentariamente se determinará el ámbito de actuación correspondiente al Pleno y a la Comisión Permanente, así como su composición.

Podrán crearse comisiones técnicas, en los términos que se fijen reglamentariamente, para el análisis previo de una cuestión que deba someterse posteriormente a la consideración del Pleno o la Comisión Permanente.

Reglamentariamente se determinarán los términos y condiciones en que, con voz pero sin voto, personas expertas en la materia objeto de deliberación puedan asistir a las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente o de las comisiones técnicas.

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Comunidad Foral de Navarra 

Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad (BOE 157/2018, publicado el 29 de junio) 

La presente ley foral tiene por objeto la prevención de la generación de residuos y la mejora en su gestión con el fin de cumplir con la jerarquía de residuos y alcanzar los objetivos de la economía circular y cambio climático en el marco de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

En concreto, la presente ley foral tiene como fines:

  1. Garantizar que los residuos se gestionen sin poner en peligro el medio ambiente y la salud humana, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía de la Comunidad Foral de Navarra.
  2. Incentivar la reducción en la generación de residuos y su aprovechamiento mediante la reutilización y el reciclado.
  3. Desincentivar la eliminación en vertedero y la incineración de residuos.
  4. Establecer el régimen jurídico del impuesto a la eliminación en vertedero y a la incineración de residuos.
  5. Regenerar los espacios degradados y la descontaminación de los suelos.
  6. Establecer un modelo adecuado de gobernanza en la Comunidad Foral de Navarra en materia de residuos.
  7. Garantizar de forma coordinada entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades locales una adecuada gestión de los residuos domésticos y comerciales en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, tanto en el transporte y tratamiento como en la recuperación de materiales.

La ley foral se estructura en diez títulos, ocho disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y tres anejos.

El título I contiene el objeto, el ámbito de aplicación de la ley foral y los principios de la política y la gestión en materia de residuos, que no son otros que la protección de la salud humana y el medio ambiente; la prevención; quien contamina paga; proximidad y autosuficiencia; información y participación pública; y todo ello de acuerdo con la jerarquía en la gestión de residuos y con los principios de gobernanza y economía circular.

El título II está dedicado a precisar las competencias y la planificación en materia de residuos, y se divide en dos capítulos.

El título III se ocupa en exclusiva de la regulación del Ente Público de Residuos de Navarra

El título IV recoge las medidas de prevención y gestión de residuos, con el fin de promover e impulsar los escalones superiores de la jerarquía de residuos.

El título V está dedicado al régimen económico de los residuos en Navarra, y se divide en tres capítulos. El primero es relativo al impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos. El segundo se ocupa de las garantías financieras de las instalaciones y actividades en relación con los residuos; y el tercer capítulo está dedicado al Fondo de residuos de Navarra.

El título VI es el dedicado a la creación del Registro de producción y gestión de residuos de Navarra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. También recoge las obligaciones de inscripción, las clases de asientos y sus efectos.

El título VII se ocupa de regular el régimen que se aplicará para el traslado de residuos exclusivamente en el interior de Navarra, manteniendo la coherencia con el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, y permitiendo además garantizar una adecuada simplificación administrativa y de modo estandarizado.

El título VIII está dedicado a los suelos contaminados, en el sentido de complementar la normativa básica sobre este tema. De este modo se incluye la definición de suelo alterado, el procedimiento para la declaración de calidad del suelo, el inventario de actividades potencialmente contaminantes, de suelos alterados y de suelos contaminados, y el régimen aplicable para los antiguos vertederos de residuos.

En el título IX se establece el régimen de restauración de la legalidad ambiental, distinguiendo entre las actividades que pueden legalizarse y aquellas que no será posible. Se regula la legalización de las actividades que no disponen de autorización, así como las medidas cautelares y de suspensión para garantizar tal legalización. Se establece además la posibilidad de la ejecución forzosa de las medidas correctoras y la reposición de la situación alterada así como el procedimiento para la determinación de los deberes de reposición e indemnización; y todo ello sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales o administrativas que pudieran imponerse.

En el título X se regula el régimen sancionador. Este título se divide en tres capítulos.

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LEGISLACIÓN, E-DICTUM Nº78, JUNIO DE 2018

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Normativa estatal 

Real Decreto 271/2018, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto

2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario (BOE 116/2018, publicado el 21 de mayo) 

El Real Decreto 271/2018, obliga a las empresas ferroviarias y administradores de infraestructuras ferroviarias a elaborar sus respectivas contabilidades de forma separada, con objeto de evitar la transferencia de fondos públicos abonados para la gestión de infraestructuras hacia actividades de transporte ferroviario y viceversa. Complementariamente, se faculta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para requerir información estadística y contable a los administradores de infraestructuras ferroviarias, explotadores de instalaciones de servicio y empresas ferroviarias. Por otra parte, se concreta la cobertura económica del seguro con que deben tener cubierta su propia responsabilidad aquellas empresas que, sin realizar por sí mismas transporte ferroviario, ceden sus coches de viajeros o vagones de mercancías para que dicho transporte se lleve a efecto.

Se completa la transposición de la Directiva 2012/34/UE por la que se Establece un Espacio Ferroviario Europeo Único.

El presente Real Decreto modifica el apartado 1 del artículo 63. Añade un apartado 2 al artículo 45, un apartado 7 al artículo 63 y una disposición adicional única. Asimismo, también suprime la disposición transitoria quinta, todo ello del Real Decreto 2387/2004 por el que se aprueba el Reglamento del sector ferroviario. Por último, deroga la disposición transitoria cuarta de la Orden FOM/233/2006 por la que se regulan las condiciones para la homologación del material rodante ferroviario y de los centros de mantenimiento y se fijan las cuantías de la tasa por certificación de dicho material.

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Real Decreto 335/2018, de 25 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos que regulan el sector del gas natural (BOE 128/2018, publicado el 26 de mayo) 

El presente real decreto modifica el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y el Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural, con el fin de regular y actualizar determinados aspectos en el funcionamiento del sistema gasista.

El Real Decreto 335/2018, de 25 de mayo contiene una batería de medidas destinadas a impulsar la utilización de las infraestructuras gasistas, así como a mejorar el funcionamiento del mercado. Por medio de este Real Decreto se adapta el marco regulatorio para facilitar la contratación de nuevos servicios en las instalaciones gasistas y hacer un uso más eficiente de los existentes.

Las modificaciones operadas por este Real Decreto son las siguientes:

En primer lugar, los artículos 18, 29, 30, el primer párrafo y el apartado A) del artículo 31 y los artículos 32 y 33 del Real Decreto 949/2001 por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural.

En segundo lugar, los artículos 12.3, 18 y 88 y el apartado 2 del artículo 90 del Real Decreto 1434/2002 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

En tercer lugar, el artículo 6.2 del Real Decreto 984/2015 por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural.

Además, añade los preceptos 17 bis, 30 bis, 30 ter y 30 quater, un nuevo apartado C) al artículo 31 y los artículos 31 bis y 33 bis del Real Decreto 949/2001 por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural y los artículos 18 bis y 91 bis y una nueva disposición adicional del Real Decreto 1434/2002 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

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Corrección de errores de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 131/2018, publicado el 30 de mayo) 

Advertidos errores en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 177, de 25 de julio de 2015, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: En la página 62800, en el artículo 59, apartado 4, donde dice:

«Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.», debe decir: «Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.»

En la página 62806, en el artículo 79, apartado 5, donde dice: «Inscrito en el Registro de Patentes alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el artículo 81.1,…», debe decir: «Inscrito en el Registro de Patentes alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el artículo 82.1,…».

En la página 62830, en el artículo 146, apartado 3, donde dice: «… se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 145 de esta Ley.», debe decir: «… se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 149 de esta Ley.».

En la página 62833, en el artículo 158, apartado 1b), donde dice: «Cuando se considere retirada por aplicación del artículo 90.3 del CPE en la medida en que se refiere al artículo 14.2 del mismo.», debe decir: «Cuando se considere rechazada por aplicación del artículo 90.5 del CPE en la medida en que se refiere al artículo 14.2 del mismo.».

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Normativa autonómica 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento (BOE 127/2018, publicado el 25 de mayo) 

La presente ley tiene por objeto fomentar el emprendimiento en Andalucía, en un marco de igualdad de oportunidades, conforme a los principios que la propia norma establece, el reconocimiento y puesta en valor de la actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como un proceso de desarrollo personal y profesional, así como el fomento del emprendimiento de segunda oportunidad, apoyando de forma expresa a las personas emprendedoras que han tenido experiencias fallidas y optan por emprender nuevas iniciativas empresariales. A tal fin, la presente norma regula los instrumentos y servicios para el impulso y desarrollo de la actividad emprendedora a través de la creación e implantación del Sistema Andaluz para Emprender.

La ley desarrolla un texto compuesto por un total de treinta y un artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El título preliminar, «Disposiciones generales», establece el objeto general de la presente ley, la definición del concepto de emprendimiento y los principios rectores que han de regir la actuación de la Administración en esta materia.

El título I, «Estructura de apoyo al emprendimiento», regula el Sistema Andaluz para Emprender, entendido como el conjunto de actuaciones que tienen como objeto promover el derecho al emprendimiento mediante el establecimiento de servicios de información, asesoramiento, asistencia técnica, formación, tutorización, preincubación e incubación para la creación de una empresa y el inicio de la actividad económica. Dichos servicios cubrirán todas las fases del desarrollo de una idea emprendedora, desde el acceso a la investigación y la innovación hasta el proceso de creación, ejecución, desarrollo y consolidación de una empresa, e irán dirigidos a aumentar la probabilidad de supervivencia de las iniciativas emprendedoras.

El título II, «Fomento del emprendimiento en sectores específicos», define y regula los principios y la caracterización de los programas y medidas para el fomento de la actividad emprendedora en el ámbito de las entidades de emprendimiento en economía social y en el medio rural.

El título III, «Fomento y difusión de la cultura emprendedora», establece las bases para el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito del sistema educativo andaluz y universitario, como unión de cuatro grandes competencias: la creatividad, la innovación, la responsabilidad social y el emprendimiento personal y colectivo, así como el reconocimiento social de las personas emprendedoras.

Por último, el título IV, «Plan General de Emprendimiento», recoge expresamente la elaboración y aprobación de un plan general, entendido como instrumento de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas desarrolladas en la materia, para garantizar la máxima eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos establecidos en esta ley.

La disposición adicional primera establece la adecuación, en su caso, de los estatutos de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, al desarrollo de los servicios que la presente ley recoge, así como la fuente y formas de financiación mediante transferencias de financiación y transferencias de asignación nominativa.

La disposición final primera habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de esta ley, y la disposición final segunda establece su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 

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Comunidad Autónoma de Aragón 

Ley 7/2018, de 26 de marzo, de Seguridad Ferroviaria (BOE 131/2018, publicado el 30 de mayo)

El sector del taxi ha ido evolucionando en los últimos años en sintonía con la realidad social y económica, y con esta nueva regulación se pretende unificar los criterios destinados a ofrecer un mejor servicio a los usuarios del taxi, adecuando su regulación a la nueva realidad jurídico-sociológica, guiados por criterios de claro contenido social y por el respeto, en último término, al interés general. Se busca conseguir una mejora efectiva en las condiciones de prestación del servicio que, por un lado, favorezca a los profesionales del sector, y, por otro, consiga mantener y aun incrementar los niveles de calidad en la atención dispensada a los usuarios.

El objeto de esta ley es la regulación de los servicios de taxi que transcurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El texto de la ley se articula comenzando por un capítulo I en el que se delimita el objeto de la ley, se introducen definiciones, se articulan las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Aragón y las corporaciones locales, y se establecen los principios generales a los que debe sujetarse la prestación de este tipo de transporte, teniendo en cuenta la naturaleza de servicio público de carácter impropio que le atribuyen la doctrina y la jurisprudencia.

El capítulo II establece el estatuto jurídico del usuario del taxi y desarrolla un elenco básico de derechos y deberes.

El capítulo III, «Títulos habilitantes y su régimen jurídico», contempla la dualidad de títulos habilitantes para la prestación del servicio (urbano e interurbano). Se fija qué Administración es la competente para la determinación del número de licencias a otorgar, a saber, los respectivos ayuntamientos en consonancia con su autonomía municipal y la necesaria adecuación a las necesidades propias de cada uno de ellos conforme a los factores que la propia ley determina, estableciéndose una vinculación entre el número máximo de títulos a otorgar y la población del municipio. Asimismo, se introduce un completo régimen jurídico de dichos títulos en relación con los requisitos exigidos, vigencia, transmisibilidad, extinción y la constancia en un registro de títulos habilitantes.

El capítulo IV se dedica a establecer el régimen relativo a los vehículos a adscribir a la prestación de los servicios de taxi, mientras que el capítulo V establece el régimen jurídico relativo a los conductores. La ley dispone, como regla general, que solo podrán ser titulares de licencia de taxi y de autorizaciones interurbanas de taxi las personas físicas, y que estos títulos únicamente podrán ser transmitidos a dichas personas. Sin embargo, introduce una excepción para los municipios de menos de 10.000 habitantes, en los que permite que puedan ser titulares de dichas licencias y autorizaciones personas jurídicas. Este régimen específico está regulado en el capítulo VI.

El capítulo VII establece el régimen jurídico de los servicios de transporte a prestar, otorgando cobertura normativa a la prestación de servicios no discrecionales, en las modalidades de transporte público regular de uso general y de uso especial, y en él se determinan los elementos del objeto, contratación y concertación, prestación, denegación y documentación exigibles, así como reglas especiales relativas al inicio de los servicios de taxi; se ampara así la recogida de viajeros en la prestación de los citados servicios regulares.

El régimen económico de los servicios de taxi se regula en el capítulo VIII.

Por último, el capítulo IX recoge el régimen sancionador aplicable en el caso de incumplimiento del régimen jurídico que se establece en esta ley respecto a la prestación de los servicios de taxi. De este modo se fija un único régimen jurídico en la prestación de los servicios y un único régimen sancionador, pero atribuyendo las competencias sancionadoras a los entes territoriales competentes en función del ámbito urbano o interurbano del servicio en el que se detecte la comisión de una infracción administrativa. Se introduce como novedad un instrumento eficaz de lucha contra el intrusismo en servicios cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio aragonés, al igual que han hecho otras comunidades autónomas como Islas Baleares, Madrid, Andalucía o Navarra. Dicho instrumento consiste en la aplicación de una medida cautelar ya prevista por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, para los no residentes, consistente en la inmovilización del vehículo infractor hasta la prestación de un depósito por el sancionado o por entidad autorizada.

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LEGISLACIÓN, E-DICTUM Nº77, MAYO DE 2018

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Normativa estatal  

Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (BOE 97/2018, publicado el 21 de abril) 

El Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y modificado en la materia por el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, establece, en sus artículos 181 y 182 determinadas condiciones en relación con el ejercicio de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor y el otorgamiento de las autorizaciones que habilitan para ello.

Este Real Decreto-ley señala que actualmente se está produciendo un incremento exponencial del número de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, que no pudo ser inicialmente previsto por las Administraciones competentes, que comienza a afectar de manera inmediata y significativa a la prestación de otras modalidades de transporte y, muy especialmente, a los servicios prestados por los taxis en el ámbito urbano, los cuales, dada la consideración de servicios de interés público fundamental que tradicionalmente les viene atribuyendo en ese ámbito la reglamentación local y autonómica que les resulta de aplicación, se encuentran fuertemente regulados, con consecuencias que no sólo están generando una situación de conflicto entre los dos sectores profesionales afectados sino que amenazan con tener repercusiones sobre los propios usuarios de los servicios. Con este Real Decreto-ley se pretende abordar la situación a que han dado lugar las circunstancias descritas adoptando medidas que garanticen de forma inmediata y hacia futuro la adecuada coordinación entre las normas de aplicación a dos modalidades de transporte que, inevitablemente interactúan en un mismo segmento del mercado, de forma que se evite cualquier repercusión sobre los usuarios de los servicios y el orden público.

Se trata de garantizar la aplicación en todo el territorio nacional de unas condiciones únicas de prestación de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor. Asimismo, se reafirma el ámbito nacional de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, que habilitan para realizar servicios de transporte en todo el territorio nacional. Si bien señala que, sin perjuicio de ello, los servicios prestados por los vehículos adscritos a dichas autorizaciones deberán dedicarse habitualmente (al menos el 80% de los servicios computados trimestralmente) a realizar servicios de transporte en el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentren domiciliadas.

A través de este Real Decreto-ley se modifica el artículo 9.1. También se añade un nuevo apartado 3 al artículo 48 y un apartado 2 al artículo 91, todo ello de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres. Finalmente, se deroga el apartado 3 del artículo 181 y los dos primeros párrafos del apartado 5 del artículo 182 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990.

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Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados. (BOE 105/2018, publicado el 1 de mayo) 

El Real Decreto 235/2018 tiene como objeto:

a)Establecer un método de cálculo para determinar la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía utilizados en el transporte y regular la remisión de información al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo.

  1. b) Establecer un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.
  1. c) Adaptar los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos a lo establecido en la Directiva (UE) 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. d) Completar el desarrollo del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos pasando a un sistema definitivo

Los preceptos que modifica este Real decreto son: los artículos 4 apartado 1, 5 apartado 2, 8 apartado 4, 11 párrafos 1, 2, 3, último párrafo del apartado 1.c. y apartado 3, 12 apartado 2, 14, la disposición transitoria única apartados 1 y 4 , la disposición final tercera apartados 1 y 4 y el punto 7 de la parte C del anexo I del Real Decreto 1597/2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo y el apartado 4 del artículo 2, del Real Decreto 1085/2015, de Fomento de los Biocarburantes.

Además, se añaden: los apartados 9 a 18 en el artículo 2 y los anexo III y IV. Y se suprime el apartado 3 del artículo 5, el cuarto párrafo del apartado 1.c) del artículo 11, los apartados 2 y 5 de la disposición transitoria única y los apartados 3.d), 5.c) y 6 de la disposición final tercera, todo ello del citado Real Decreto 1597/2011.

Por medio de este Real Decreto se deja sin efecto la Resolución de 2 de abril de 2014, por la que se aprueba el listado de materias primas para la fabricación de biocarburantes de doble cómputo a efectos del cumplimiento de las obligaciones de consumo y venta de biocarburantes con fines de transporte, de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados en materia de energías renovables y del objetivo establecido para la utilización de la energía procedente de fuentes renovables en todas las formas de transporte.

Por último, cabe mencionar que el mencionado Real Decreto sirve para incorporar al Ordenamiento Jurídico español la Directiva 2015/652 por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la citada Directiva 98/70/CE y parcialmente la Directiva 2015/1513 por la que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

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Resolución de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se aprueba la modificación del Reglamento interno del Banco de España, de 28 de marzo de 2000 (BOE 102/2018, publicado el 27 de abril) 

La Resolución de 24 de abril de 2018 adapta el procedimiento de aprobación de circulares externas del Banco de España previsto en el artículo 8 del Reglamento interno de esta institución a las previsiones sobre participación de los ciudadanos contenidas en el artículo 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente, en el ámbito de la potestad reglamentaria del Banco de España, se introducen determinadas previsiones relacionadas con la aprobación de un plan anual normativo, así como de una memoria de evaluación normativa. También se incorpora una referencia al ejercicio por parte del Banco de España del control de eficacia y supervisión continua de sus entidades instrumentales y prevé la creación de un registro electrónico de convenios propio del Banco de España, en el que figure en cada momento la información actualizada sobre los convenios suscritos por esta institución.

Adicionalmente a las modificaciones anteriores, se estima oportuno aprovechar esta modificación del Reglamento Interno para reflejar la posible participación del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con voz pero sin voto, en las reuniones de la Comisión Ejecutiva del Banco de España cuando se traten asuntos relacionados con las competencias de dicha autoridad, en consonancia con lo que sucede en el ámbito europeo con las reuniones del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, a las que puede asistir la presidenta de la Junta Única de Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.4 del Reglamento (UE) n.º 806/2014, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Por otra parte, se considera conveniente modificar la disposición adicional primera del Reglamento Interno, que regula la figura del representante del personal con derecho a asistencia al Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la continuidad entre los mandatos del representante cesante y del entrante elegido tras el correspondiente proceso electoral interno. Otro aspecto adicional de la presente modificación del Reglamento Interno se centra en la introducción de modificaciones en el ámbito de actuación y funcionamiento del Comité de Dirección y de la Comisión de Auditoría, como elemento de mejora de la gobernanza en el Banco de España. Por último, se aprovecha esta modificación para actualizar determinadas referencias que han quedado obsoletas.

Así, se modifica el artículo 8; el apartado 3 del artículo 12; los apartados 3 y 7 del artículo 17; el artículo 32; la denominación de la sección 14.ª del capítulo I; el artículo 76; el apartado 1 del artículo 80; y, el apartado 10 de la disposición adicional primera. Además, se añaden dos nuevos apartados, numerados 4 y 5, respectivamente, al artículo 7; un nuevo artículo 34 bis de manera que el artículo anteriormente numerado como «artículo 34 bis», rubricado «Normas sobre el uso de recursos materiales», se renumera, pasando a ser el «artículo 34 ter»; una nueva sección 16.ª al capítulo I, titulada «Registro de convenios del Banco de España»; y, un nuevo apartado 3 al artículo 67, todo ello del Reglamento interno del Banco de España, aprobado por su Consejo de Gobierno, de fecha 28 de marzo de 2000.

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Circular 1/2018, de 17 de abril, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance del informe especial de revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboración (BOE 100/2018, publicado el 25 de abril) 

El objeto de esta circular es desarrollar, en el ámbito de la revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia, aquellos aspectos del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, no recogidos en la Circular 1/2017, de 22 de febrero, y en concreto, los modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance de las revisiones a realizar a partir del ejercicio 2017. Asimismo, se amplía la regulación contenida en la Circular 1/2017, de 22 de febrero, en relación con los responsables de la elaboración del informe especial de revisión, incluyendo una distribución de las materias a revisar por cada revisor, y se regula el umbral de materialidad que los revisores deben tener en cuenta en su trabajo.

Esta circular se aplica a todas las entidades de seguro, de reaseguro y sucursales de entidades aseguradoras o reaseguradoras de terceros países que ejerzan su actividad aseguradora o reaseguradora en España, que estén bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como a todos los grupos o subgrupos de entidades aseguradoras o reaseguradoras respecto de los cuales la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sea el supervisor del grupo o subgrupo, que estén obligadas a la publicación del informe sobre su situación financiera y de solvencia (en adelante entidad o entidades revisadas) de acuerdo con los artículos 80 a 82 y 144 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En el supuesto de entidades individuales integradas en grupos o subgrupos de entidades aseguradoras o reaseguradoras autorizados para emitir informe sobre la situación financiera y de solvencia único a nivel de grupo, el informe especial de revisión de tales entidades individuales deberá versar sobre la información relativa a cada una de ellas contenida en el informe único a nivel de grupo y, en su caso, sobre la información adicional a la que se refiere el artículo 181.2 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

La circular, además, incorpora una disposición final que modifica el artículo 6 de la Circular 1/2017, de 22 de febrero, que reduce el alcance de la revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia de grupo.

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Circular 1/2018, de 18 de abril, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia (BOE 102/2018, publicado el 27 de abril) 

La Circular 1/2018 establece las normas de organización y funcionamiento del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. Esta Circular deroga la Circular 6/2012 que regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia que, no obstante, será de aplicación para los trámites relacionados con garantías de origen relativas a energía eléctrica producida antes del 1 de enero de 2018.

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Normativa autonómica 

Comunidad Foral de Navarra 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (BOE 108/2018, publicado el 4 de mayo)

Esta ley foral tiene por objeto la regulación de los contratos públicos celebrados por las personas y entidades contempladas en la misma norma dentro del ámbito de competencias de la Comunidad Foral de Navarra.

La Estructura de la presente ley foral abandona el paradigma anterior en el que la regulación de la parte general se estableció de acuerdo con el modelo de contratación de las Administraciones Públicas y resultaba sólo parcialmente aplicable al resto de poderes adjudicadores que además tenían unas reglas propias establecidas en libro aparte. En cambio, en esta ley foral se establece una regulación general de los contratos públicos aplicable a todos los poderes adjudicadores con independencia de su naturaleza, para contemplar después las particularidades propias de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con lo anterior, esta ley foral contiene un título preliminar, tres títulos, dieciocho disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El título preliminar está compuesto por ocho artículos, en los que se incluye su objeto, ámbito objetivo y subjetivo y los principios fundamentales elaborados por la jurisprudencia europea que se han positivizado en las directivas y resultan ineludibles para los operadores jurídicos a la hora de interpretar y aplicar la ley foral.

El título I «Disposiciones Generales» establece el régimen general de la contratación pública aplicable a todos los poderes adjudicadores.

El capítulo I de este Título se denomina «De los poderes adjudicadores» y además de establecer por primera vez una definición del concepto de poder adjudicador y órgano de contratación, recoge dos instrumentos de colaboración entre los mismos, para agrupar sus compras y favorecerse así de la economía de escala y de la reducción de cargas administrativas que permitan una mayor eficiencia en el gasto público. Las centrales de compras y la contratación conjunta, se regulan para dar la seguridad jurídica necesaria para impulsar su utilización.

En el capítulo II denominado «De los Contratistas», con el objetivo de reforzar las medidas para luchar contra la corrupción, se hace una nueva regulación de las prohibiciones de contratar que amplía los supuestos de prohibición y, desde el punto de vista de las mejoras técnicas, se modifica la competencia, el procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo.

El capítulo III «Tipología de los Contratos y Régimen Jurídico», recoge el régimen jurídico específico correspondiente al contrato de obras, al de suministros y al contrato de servicios (que deja atrás la tradicional denominación de «asistencia»), así como las concesiones tanto de obras como de servicios, en cuyas disposiciones no se han incluido reformas de calado excepto la introducción del concepto de riesgo operacional en los contratos de concesión y el cambio en el plazo máximo de duración de contratos de servicios y suministros cuya duración se amplía a cinco años, excepto para los Acuerdos Marco cuya duración máxima no puede exceder de cuatro años.

El capítulo IV regula los «Principios y reglas de la Gestión Contractual de los Contratos Públicos», en él se contienen novedades relevantes.

El capítulo V regula las «Reglas de Publicidad y Procedimientos de adjudicación». Este capítulo se divide en 7 secciones, que contienen importantes novedades derivadas tanto de la Directiva como de la propia experiencia de los operadores jurídicos durante los últimos años.

El capítulo VI recoge las «Reglas comunes para la ejecución de los contratos de los poderes adjudicadores».

El capítulo VII regula las «Reclamaciones y otras medidas de Control de las Contrataciones», que también es de aplicación común para todos los poderes adjudicadores.

El título II de la presente ley foral está dedicado a «Las Normas específicas de los contratos que celebran las Administraciones Públicas».

El título III recoge el régimen de los contratos de las Administraciones Públicas, que ha sufrido pocas modificaciones relevantes salvo en lo referente al régimen de las concesiones tanto de obras como de servicios. 

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Comunitat Valenciana 

Ley 7/2018, de 26 de marzo, de Seguridad Ferroviaria (BOE 96/2018, publicado el 20 de abril) 

La Ley 7/2018 tiene por objeto es el establecimiento de normas y procedimientos de carácter preventivo y correctivo, destinados a promover la seguridad ferroviaria en el ámbito de competencias de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la administración general del Estado. A tal efecto, esta ley regula:

  1. a) El ejercicio de competencias que, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, corresponden a la Generalitat en materia de seguridad de la circulación ferroviaria.
  1. b) La creación de una autoridad responsable, como organismo regido por los principios de independencia y transparencia, con funciones de autorización, supervisión e investigación de los aspectos relacionados con la seguridad de los sistemas ferroviarios de competencia autonómica, la circulación ferroviaria, la puesta en servicio del material rodante, los administradores de infraestructuras y operadores, así como la formación, habilitación y certificación del personal relacionado con la seguridad de la circulación.
  1. c) El establecimiento de métodos, objetivos e indicadores de seguridad, así como mecanismos de evaluación de riesgos. d) El régimen de infracciones y sanciones.

La ley consta de seis títulos, ocho disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El título I de la ley, que lleva por título «Disposiciones generales», delimita el objeto y el ámbito de aplicación de la ley así como el concepto y alcance de la seguridad ferroviaria, definiciones legales y principios fundamentales.

El título II regula la creación de la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària y sus aspectos fundamentales.

En el título III se regula la estructura del sistema ferroviario de la Comunitat Valenciana, clasificado en dos tipos de subsistemas atendiendo a su carácter estructural o funcional, para la determinación de sus específicas exigencias de seguridad. Se establece, asimismo, el régimen de seguridad aplicable al personal adscrito a la circulación ferroviaria.

El título IV regula la certificación de seguridad que las entidades ferroviarias deberán obtener con carácter previo y necesario para la prestación de cualquier servicio ferroviario.

El control de la seguridad ferroviaria afronta los aspectos de prevención, investigación y corrección, abordando de forma diferenciada la investigación de accidentes y notificación de incidentes en el título V; y el régimen disciplinario de la seguridad en el título VI, que a su vez comprende la inspección y supervisión, el régimen sancionador y la previsión de medidas no sancionadoras para el cumplimiento efectivo de la norma.

Por último se recogen una serie de disposiciones adicionales, transitorias y finales cuyo finalidad es contemplar aquellas situaciones que van a permitir una correcta aplicación de la ley.

La ley se complementa con dos anexos que regulan diversos aspectos para su eficacia inmediata, sin perjuicio de la habilitación reglamentaria para su desarrollo y continua adaptación por el Consell. Se trata así de dotar a la nueva agencia de las necesarias herramientas iniciales para la puesta en marcha de sus funciones.

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Bethencourt trata la tutela de los acreedores en las operaciones de escisión en el último Seminario Dictum

Cada mes, los profesionales de Dictum reciben, de la mano de profesores y catedráticos de la Universidad, un seminario sobre temas del Derecho de actualidad o que suscitan alguna controversia.

Se trata de los Seminarios Dictum, un instrumento de formación interna de la firma, que, como lo describe el propio CEO y socio, Vicente José García Gil, está en el ADN del despacho.  “Es una voluntad constante de evolución, que trasladamos desde el mundo de la academia al profesional”.

El de abril, celebrado el pasado día 17, fue impartido por la profesora de Derecho mercantil y abogada Geraldine Bethencourt Rodríguez, quien explicó al equipo la tutela de los acreedores en las operaciones de escisión.

BIBLIOGRAFÍA, E-DICTUM Nº76, ABRIL DE 2018

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LA REHABILITACIÓN DE CONTRATOS DE FINANCIACIÓN

Autor: Asencio Pascual, Cristina

Editorial: Wolters Kluwer España

Págs.: 333

Edición: Primera

ISBN: 9788415651628

La presente monografía constituye un estudio sistemático y riguroso de la rehabilitación de contratos de financiación en cuanto institución irreductible que tiene su causa en el concurso y que representa un efecto de éste sobre los contratos de financiación, al tiempo que constituye también un mecanismo sui generis de financiación postconcursal. Se trata de un instrumento especialmente adecuado para nuestras PYMES dirigido a intentar resolver con prontitud las posibles dificultades financieras del deudor permitiéndole continuar con su actividad profesional o empresarial a fi n de poder alcanzar una solución conservativa y solutoria dentro del concurso.

Esta novedosa y original figura del Derecho español ha quedado en la Ley Concursal excesivamente encorsetada con una redacción rígida que contrasta con la flexibilidad con la que nuestro legislador la concibió e ideó lo que dificulta su utilización en la práctica. Por ello, en el libro se plantea la necesidad de flexibilizar la redacción dada a este instituto, con la finalidad de potenciar y facilitar su desarrollo como mecanismo sui generis de financiación postconcursal, convirtiéndolo en un instrumento útil a disposición de los operadores económicos y jurídicos del concurso.

Se propone, además, la conveniencia de ofrecer mayores incentivos al acreedor afectado por la rehabilitación, más allá de otorgar a los créditos derivados de la rehabilitación de su contrato la clasificación de créditos contra la masa. Y se incita a nuestro legislador a acometer esta reforma del art. 68 LC, en un contexto de regulación expresa, eficiente y flexible de la financiación postconcursal, atendiendo a las recomendaciones de UNCITRAL, del FMI y del BM, en sintonía con lo que acontece en otros ordenamientos jurídicos de primer orden, como el americano, en el que el régimen de la financiación postconcursal constituye una de las piezas clave de su exitoso procedimiento de reorganización.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FINCAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Autor: Trujillo Cabrera, Carlos

Editorial: Boletín Oficial del Estado. (BOE)

Págs.: 370

Edición: Primera

ISBN: 9788434024151

Una de las principales preocupaciones de todo sistema hipotecario ha sido siempre la correcta identificación de las fincas. Si no se sabe cómo es la finca y dónde se encuentra ubicada, difícilmente se podrá garantizar la propiedad, la prosperidad pública, el crédito territorial, la circulación de la riqueza, la adquisición de bienes inmuebles o la debida seguridad a quienes se sirven de aquélla. Desde la promulgación de la Ley Hipotecaria de 1861 la sociedad ha evolucionado y con ella, necesariamente, también lo ha hecho el mercado inmobiliario, tanto en su extensión como en su complejidad.

La indicada evolución ha venido acompañada en los últimos años, de un desarrollo tecnológico acelerado y fulgurante que, sobre todo de la mano de la informática y, especialmente, de Internet, se ha hecho notar en prácticamente todos los sectores de la sociedad, incluyendo el campo del Derecho. Sin embargo, la mayoría de los cambios se han producido al margen del Registro de la Propiedad. Es cierto que se han aprobado algunas modificaciones registrales que tenían por objeto el establecimiento de mejoras tecnológicas; pero éstas, además de ser poco numerosas y extremadamente tímidas, se han centrado sobre todo en aspectos meramente administrativos.

Para lograr la seguridad jurídica, y para conseguir la misma es necesario contar con una identificación y localización de las fincas lo más precisa posible, con lo que resulta evidente que los cambios tecnológicos que el Registro de la Propiedad experimente deben ir encaminados también, y principalmente, a favorecer tal identificación y localización.

LITIGIOS SOBRE CONSUMO. Especialidades procesales y acciones colectivas: conflictos y reclamaciones habituales

Autor: Vallespín Pérez, David

Editorial: Bosch

Págs.: 727

Edición: Primera

ISBN: 9788490902776

La presente monografía se centra en los litigios sobre consumo, poniendo el foco en las especialidades procesales que presentan y en las eventuales reclamaciones mediante el ejercicio de acciones colectivas. En concreto, se examina la cohabitación entre acciones individuales y acciones colectivas, prestando especial atención al papel que corresponde en su ejercicio al abogado (v. gr., competencia judicial, capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación, diligencias preliminares, publicidad e intervención de terceros, acumulación de procesos, tutela cautelar, carga de la prueba, efectos subjetivos de la sentencia, cosa juzgada, y ejecución forzosa).

Del mismo modo, se aborda la protección de consumidores y usuarios en el sector bancario, con examen de las cláusulas de vencimiento anticipado, de las de interés de demora, de las cláusulas suelo, de las relativas a los gastos de apertura del préstamo hipotecario, de las preferentes y subordinadas, de las cláusulas IRPH, y de las hipotecas multividisa); la defensa de consumidores y usuarios en el sector turístico (v. gr., transporte aéreo y utilización fraudulenta de las viviendas de uso turístico); y los conflictos que se suscitan en el sector de los suministros energéticos (luz, agua y gas) y de telecomunicaciones (v. gr., la telefonía fija y móvil, así como internet).

TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES INNOVACIÓN, DERECHO Y MERCADO

Directores: Hernández Bejarano, Macarena; Todolí Signes, Adrián

Editorial: Aranzadi

Págs.:  635

Edición: Primera

ISBN: 9788491770077

La prestación de servicios difícilmente se puede considerar colaboración entre particulares, puesto que el sujeto que realiza la prestación no está poniendo en el mercado un bien infrautilizado (esencia de la economía colaborativa) sino ofreciendo su tiempo a cambio de dinero -como cualquier profesional o trabajador-. Por ello, cuando se habla de plataformas donde se ofrecen servicios, no se estaría ante la economía colaborativa sino ante la llamada “on demand” o “Gig” economy. La presente obra:

– Analiza la economía colaborativa y el capitalismo de plataformas.

– Identifica los indicios de laboralidad en la economía de plataformas virtuales.

– Expone el papel de las plataformas como intermediadoras en el mercado laboral.

Destinado a abogados de derecho laboral, expertos en Seguridad Social, asesoría y gestorías y empresas.

EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LA DISCRECIONALIDAD DE LOS ORGANISMOS REGULADORES. Un análisis de casos en los ámbitos de la energía y las telecomunicaciones

Autor: Ruiz Palazuelos, Nuria

Editorial: Aranzadi

Págs.: 299

Edición: Primera

ISBN: 9788491527909

La obra constituye un estudio exhaustivo de la jurisprudencia sobre decisiones de las autoridades de regulación en los sectores de la energía y las telecomunicaciones y tiene por objeto comprobar cuál es el verdadero alcance del control jurisdiccional en estos sectores de alto carácter técnico. Así, se lleva a cabo:

– El estudio de la jurisprudencia de todos los tribunales relativa a decisiones de los organismos reguladores en los sectores de la energía y las telecomunicaciones

– La clasificación de las sentencias en función de áreas de actividad del regulador y del tipo de control utilizado

– La incorporación de las sentencias comentadas y el resumen de los hechos del caso

Destinado a abogados expertos en derecho administrativo, empresas de los sectores regulados y administraciones públicas, así como para cualquier operador que intervenga en el tráfico jurídico.

INSTRUMENTOS PROCESALES PARA LA TUTELA JUDICIAL DEL CRÉDITO

Autores: Peiteado Mariscal, Pilar; Cubillo López, Ignacio

Editorial: Dykinson

Págs.: 187

Edición: Primera

ISBN: 9788491485889

Destinado a promover la reflexión y el debate jurídicos y la difusión asequible pero precisa de las parcelas del ordenamiento jurídico sobre las que se proyecta nuestra actividad diaria, con la idea de ofrecer una visión sencilla y concreta de los procesos judiciales para la reclamación y recuperación de derechos de crédito. Se pretende, así, que el lector, jurista o no, pueda realizar una primera aproximación sintética, rigurosa y clara a una materia siempre sometida a cambios y con una indudable repercusión social.

La obra se compone de seis secciones, que tratan de los procesos declarativos ordinarios y el sistema de recursos, la tutela ejecutiva y cautelar, los procesos especiales para la tutela del crédito, la reclamación de créditos transfronterizos, la insolvencia del deudor y el concurso de acreedores. Combinando así la perspectiva dinámica y concreta de los abogados con la mirada más global y analítica de quienes se dedican a la enseñanza y a la investigación, se persigue que la obra resulte didáctica y práctica a la vez.

CORPORATE COMPLIANCE. La prevención de riesgos penales y delitos en las organizaciones penalmente responsables

Autor: Lledó Benito, Ignacio

Editorial: Dykinson

Págs.: 118

Edición: Primera

ISBN: 9788491485896

La presente monografía aborda las principales cuestiones que suscita y concita la aplicación de un programa de compliance o programa de prevención de riesgos penales y delitos en las empresas u organizaciones que pueden incidir en responsabilidad penal y para ello es fundamental una Cultura de Cumplimiento Normativo, así como la instauración de un Código Ético o Código de Conducta que tenga un asentamiento ejemplar y eficaz más que puramente simbólico. La finalidad de todo Compliance es la exoneración o atenuación de los delitos en que pudiera incurrir la organización empresarial o persona jurídica responsable en sentido extenso. También se aborda la posible responsabilidad del Compliance Officer, así como la falta de supervisión, vigilancia y control del órgano de cumplimiento externo o interno en la empresa, y el decisivo papel para un funcionamiento correcto del Compliance del Canal de Denuncias o Whistleblowing y las características y requisitos que debe tener el mismo. La monografía es un riguroso estudio en el ámbito de la doctrina especializada sobre Compliance y un referente necesario para obtener una visión global de la todas las cuestiones relevantes sobre el Compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde su introducción el año 2010 y con la amplia reforma llevada a cabo en el año 2015.

GPS Sucesiones

Autor: Juárez González, Javier Máximo

Editorial: Tirant lo Blanch

Págs.: 747

Edición: Tercera

ISBN: 9788491900122

El libro que el lector tiene entre sus manos es una herramienta de consulta para el operador jurídico (asesor, abogado, etc). Clara, rigurosa, actualizada y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su práctica diaria. La realidad no puede compartimentarse en ramas independientes y por ello tiene una herramienta que aborda multidisciplinarmente las sucesiones y las donaciones, desde los planos civil y fiscal. y, además, de manera unitaria e interconectada. Estamos pues ante un enfoque singular que no responde a los parámetros tradicionales, sino a la realidad del ejercicio profesional. Para ello el libro ha sido diseñado de forma sistemática, clara y fácilmente accesible y con un completo índice analítico que facilita la consulta.

El autor de la presente obra, añade a su condición de notario, el desempeño continuado de la consultoría fiscal, el ejercicio de profesor universitario y de postgrado en universidades privadas tanto en civil como en fiscal y una dilatada trayectoria en publicaciones sobre estas materias, lo que convierte a este libro en una obra única.

GUÍA DE FISCALIZACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES

Autor: Modelo Baeza, José Manuel

Editorial: El Consultor de Los Ayuntamientos

Págs.: 1119

Edición: Tercera

ISBN: 9788470527661

La presente obra, adaptada a las prescripciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y al Real Decreto 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público, es una auténtica guía para la fiscalización de las entidades locales que pretende facilitar tanto el ejercicio de la función interventora como la tarea de los órganos gestores a fin de que éstos puedan conocer de antemano los extremos de los expedientes que tramiten y que serán objeto de la fiscalización previa por parte de la Intervención.

La obra facilita especialmente la confección de útiles informes o informes-tipo en los cuales se han incluido interesantes pronunciamientos (del Tribunal de Cuentas, de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas y, fundamentalmente, de las diferentes Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, así como de los Tribunales encargados de la resolución de los recursos especiales en materia de contratación), sobre las cuestiones propias y los aspectos más controvertidos de cada una de las fases de los expedientes a fiscalizar.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. A propósito de los programas de cumplimiento normativo como instrumentos idóneos para un sistema de justicia penal preventiva

Autor: Pérez Machío, Ana Isabel

Editorial: Comares

Págs.: 234

Edición: Primera

ISBN: 9788490456262

La incorporación del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Código Penal español a partir de la reforma del 2010, así como su consolidación con la reforma del 2015, revolucionó la forma de pensar el Derecho Penal.

Las categorías dogmáticas que tradicionalmente habían servido como fundamento para estructurar la teoría del delito se encontraron con un nuevo sujeto activo de Derecho Penal, frente al que había que adecuar sus postulados, sin que por ello, debiera configurarse un sistema paralelo de Derecho Penal.

ASPECTOS LEGALES DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA Y BAJO DEMANDA EN PLATAFORMAS DIGITALES

Coordinadores: Rodríguez Marín, Sara; Muñoz García, Alfredo

Editorial: Bosch

Págs.: 307

Edición: Primera

ISBN: 9788490902738

Lo que hoy conocemos como economía colaborativa, economía bajo demanda o, simplemente, economía de plataformas, está teniendo un notable éxito y atrayendo la atención de profesionales de todo tipo de perfil.

En la presente obra el lector se encontrará con una detallada introducción a estos nuevos modelos, a modo de delimitación del marco legal. Del mismo modo, se pone el foco en el análisis de los principales puntos de controversia jurídica que suscita cada uno de ellos: los diferentes sectores verticales de actividad, la fiscalidad, la responsabilidad, la laboralidad, entre otras cuestiones particularmente conflictivas.

La confluencia de autores con un perfil marcadamente diferenciado y con varios años de experiencia en el sector, hacen de esta monografía una obra singular que permitirá al lector entender y formarse una opinión informada.

DE LA PROMESA AL CONTRATO. Hacia una teoría liberal del contrato

Autor: Kimel, Dori

Editorial: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales

Págs.: 240

Edición: Primera

ISBN: 9788491234548

La teoría liberal del contrato está tradicionalmente asociada con la idea de que el derecho contractual puede ser explicado simplemente como un mecanismo para exigir el cumplimiento de las promesas. Este libro se aparta de esta tendencia ofreciendo una teoría del derecho contractual basada en una cuidadosa indagación filosófica, no solo de las similitudes sino también de las tantas veces obviadas diferencias existentes entre el contrato y la promesa. Sobre la base del análisis de una serie de cuestiones relativas a los fundamentos morales de las obligaciones que surgen de las promesas y aquellas que surgen de los contratos, de las relaciones en el contexto de las cuales típicamente emergen, y de la naturaleza de las instituciones jurídicas y morales que las fundamentan, este libro propone abandonar la idea hipersimplificada de que el derecho puede replicar sistemáticamente las instituciones morales o sociales existentes, o simplemente exigir el cumplimiento de los derechos o las obligaciones que estas instituciones generan, sin alterar dichas instituciones en el proceso y dejando intactas sus cualidades intrínsecas. En lugar de ello, la obra ofrece una tesis sorprendente que concierne no solo a las relaciones entre el contrato y la promesa, sino también a las distintas funciones y valores que subyacen al derecho contractual y que explican la obligación contractual.

Además, muestra que esta tesis tiene una repercusión importante sobre cuestiones teóricas y prácticas tales como la elección del remedio en caso de incumplimiento del contrato, y consideraciones más amplias en materia de moralidad política, tal como el alcance adecuado de la libertad contractual y el papel que le cabe al Estado en el moldeado, y la regulación, de la actividad contractual. Los argumentos que este libro postula con respecto a estas cuestiones, si bien están claramente enraizados en principios liberales de moralidad política, muchas veces llevan a conclusiones muy diferentes de aquellas tradicionalmente asociadas con la teoría liberal del contrato, otorgándole así un nuevo impulso en miras a las críticas tanto tradicionales como contemporáneas de que ha sido objeto.

SEMINARIO DICTUM: “La tutela de los acreedores en las operaciones de escisión”

El próximo 17 de abril, los profesionales de Dictum participarán en un nuevo seminario, en esta ocasión sobre “La tutela de los acreedores en las operaciones de escisión”, que impartirá la profesora de Derecho mercantil y abogada Geraldine Bethencourt Rodríguez.

PROGRAMA SEMINARIO 

Los Seminarios Dictum son una herramienta de formación interna que permite extender el conocimiento derivado de la investigación. Reúnen a los catedráticos y profesionales de Dictum, que afrontan sesiones con tres vertientes:

  1. La exposición y debate de temas jurídicos y económicos de especial trascendencia, dirigidos por un catedrático.
  2. Profundización en el estudio y análisis de los casos que resuelve el despacho, liderados por un socio.
  3. Debate sobre temas que sean objeto de las tesis doctorales de los miembros de Dictum.

LEGISLACIÓN, E-DICTUM Nº76, ABRIL DE 2018

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Normativa estatal  

Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER (BOE 71/2018, publicado el 22 de marzo) 

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los organismos pagadores de los gastos financiados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del organismo de coordinación, así como los mecanismos para hacer efectiva la coordinación.

A efectos de lo previsto en este real decreto, se entiende por:

  1. a) Organismo pagador: el servicio u organismo autorizado por la autoridad competente para la gestión y control del pago de gastos con cargo al FEAGA y al FEADER.
  1. b) Organismo de coordinación: el organismo encargado de las siguientes funciones, en el ámbito establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008, del Consejo:

1.ª La coordinación financiera del sistema de prefinanciación nacional de los gastos de los fondos europeos agrícolas y del proceso de liquidación de cuentas de los mismos.

2.ª Recopilar la información que debe ponerse a disposición de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo y transmitírselo a estos.

3.ª Adoptar o coordinar, en función del caso, acciones destinadas a resolver las deficiencias de carácter común y mantener informada a la Comisión Europea del seguimiento.

4.ª Fomentar la aplicación armonizada de la legislación de la Unión Europea.

  1. c) Autoridad competente: la encargada de emitir y retirar la autorización de los organismos pagadores en los términos establecidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Este real decreto se ajusta a los principios contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se justifica esta norma en la necesidad de establecer un régimen de los organismos pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER. Se cumple el principio de proporcionalidad y la regulación se limita al mínimo imprescindible, en coherencia con el actual marco jurídico nacional y de la Unión Europea referente a la gestión y control de los gastos agrícolas del FEAGA y del FEADER. Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, se evitan cargas administrativas innecesarias y se racionaliza la gestión de recursos públicos en la consecución de los fines descritos.

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Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (BOE 81/2018, publicado el 3 de abril) 

El objeto de este real decreto es establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a agrupaciones de dos o más personas físicas o jurídicas para la ejecución, a través de grupos operativos, de proyectos de innovación de interés general.

Las actuaciones subvencionadas en el marco de este real decreto se enmarcan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 financiado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en adelante, FEADER), regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (en adelante, Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre).

Corresponden a la submedida 16.1+16.2 «ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías» en los sectores agrícola, forestal y agroalimentario, pudiendo extenderse tanto a la producción de bienes y servicios, dirigidos al mercado o de carácter público, como a su distribución y comercialización.

Las actuaciones deberán contribuir a alguno de los objetivos previstos en los ámbitos de interés 2A, 3A, 5A, 5C, y la prioridad 4 del FEADER (artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre) tal y como se establece en el texto del PNDR:

– Área focal 2A: Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.

– Área focal 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

– Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la selvicultura.

– Área focal 5A: Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura

– Área focal 5C: Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía.

Los proyectos deben estar orientados a beneficiar a todo un sector o subsector en el ámbito nacional y sus actuaciones se realizarán en dos o más comunidades autónomas. No se admitirán proyectos cuyos resultados vayan a ser objeto de aplicación en una sola comunidad autónoma. Los proyectos deben estar orientados a alguno de los objetivos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas:

  1. a) Promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, sea económicamente viable, productivo y competitivo, que tenga un escaso nivel de emisiones, sea respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos, que trabaje hacia sistemas de producción ecológica y en armonía con los recursos naturales esenciales de los que dependen la agricultura y la selvicultura.
  1. b) Contribuir a un abastecimiento estable y sostenible de alimentos, piensos y biomateriales, tanto de los tipos ya existentes como nuevos.
  1. c) Mejorar los procesos encaminados a la protección del medio ambiente, la adaptación al cambio climático o su mitigación.
  1. d) Crear vínculos entre los conocimientos y tecnologías punteros y los agricultores, administradores de bosques, comunidades rurales, empresas, ONG y servicios de asesoramiento.

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Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (BOE 81/2018, publicado el 3 de abril) 

El objeto de este real decreto es establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a agrupaciones de dos o más personas físicas o jurídicas para la ejecución, a través de grupos operativos, de proyectos de innovación de interés general.

Las actuaciones subvencionadas en el marco de este real decreto se enmarcan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 financiado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en adelante, FEADER), regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (en adelante, Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre).

Corresponden a la submedida 16.1+16.2 «ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías» en los sectores agrícola, forestal y agroalimentario, pudiendo extenderse tanto a la producción de bienes y servicios, dirigidos al mercado o de carácter público, como a su distribución y comercialización.

Las actuaciones deberán contribuir a alguno de los objetivos previstos en los ámbitos de interés 2A, 3A, 5A, 5C, y la prioridad 4 del FEADER (artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre) tal y como se establece en el texto del PNDR:

– Área focal 2A: Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.

– Área focal 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

– Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la selvicultura.

– Área focal 5A: Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura

– Área focal 5C: Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía.

Los proyectos deben estar orientados a beneficiar a todo un sector o subsector en el ámbito nacional y sus actuaciones se realizarán en dos o más comunidades autónomas. No se admitirán proyectos cuyos resultados vayan a ser objeto de aplicación en una sola comunidad autónoma. Los proyectos deben estar orientados a alguno de los objetivos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas:

  1. a) Promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, sea económicamente viable, productivo y competitivo, que tenga un escaso nivel de emisiones, sea respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos, que trabaje hacia sistemas de producción ecológica y en armonía con los recursos naturales esenciales de los que dependen la agricultura y la selvicultura.
  1. b) Contribuir a un abastecimiento estable y sostenible de alimentos, piensos y biomateriales, tanto de los tipos ya existentes como nuevos.
  1. c) Mejorar los procesos encaminados a la protección del medio ambiente, la adaptación al cambio climático o su mitigación.
  1. d) Crear vínculos entre los conocimientos y tecnologías punteros y los agricultores, administradores de bosques, comunidades rurales, empresas, ONG y servicios de asesoramiento.

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Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (BOE 81/2018, publicado el 3 de abril) 

El objeto de este real decreto es establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a agrupaciones de dos o más personas físicas o jurídicas para la ejecución, a través de grupos operativos, de proyectos de innovación de interés general.

Las actuaciones subvencionadas en el marco de este real decreto se enmarcan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 financiado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en adelante, FEADER), regulado por el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (en adelante, Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre). Corresponden a la submedida 16.1+16.2 «ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías» en los sectores agrícola, forestal y agroalimentario, pudiendo extenderse tanto a la producción de bienes y servicios, dirigidos al mercado o de carácter público, como a su distribución y comercialización.

Las actuaciones deberán contribuir a alguno de los objetivos previstos en los ámbitos de interés 2A, 3A, 5A, 5C, y la prioridad 4 del FEADER (artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre) tal y como se establece en el texto del PNDR:

– Área focal 2A: Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.

– Área focal 3A: Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

– Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la selvicultura.

– Área focal 5A: Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura

– Área focal 5C: Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía.

Los proyectos deben estar orientados a beneficiar a todo un sector o subsector en el ámbito nacional y sus actuaciones se realizarán en dos o más comunidades autónomas. No se admitirán proyectos cuyos resultados vayan a ser objeto de aplicación en una sola comunidad autónoma. Los proyectos deben estar orientados a alguno de los objetivos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas:

  1. a) Promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, sea económicamente viable, productivo y competitivo, que tenga un escaso nivel de emisiones, sea respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos, que trabaje hacia sistemas de producción ecológica y en armonía con los recursos naturales esenciales de los que dependen la agricultura y la selvicultura.
  1. b) Contribuir a un abastecimiento estable y sostenible de alimentos, piensos y biomateriales, tanto de los tipos ya existentes como nuevos.
  1. c) Mejorar los procesos encaminados a la protección del medio ambiente, la adaptación al cambio climático o su mitigación.
  1. d) Crear vínculos entre los conocimientos y tecnologías punteros y los agricultores, administradores de bosques, comunidades rurales, empresas, ONG y servicios de asesoramiento.

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 Orden EIC/339/2018, de 28 de marzo, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Economía,

Industria y Competitividad (BOE 81/2018, publicado el 3 de abril) 

El objeto de esta orden es la creación en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de la Junta de Contratación, y de la Mesa única de contratación para los órganos centrales del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, las cuales quedan adscritas a la Subsecretaría de Economía, Industria y Competitividad, así como la regulación de sus funciones, y la determinación de sus composiciones y regímenes de funcionamiento.

En virtud del artículo 323 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante, Ley de Contratos del Sector Público, se crea la Junta de Contratación en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que actuará como órgano colegiado de contratación en los siguientes contratos: a) Contratos de obras de reparación simple y las de conservación y mantenimiento; b) Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso; c) Contratos de servicios; d) Contratos de suministro y de servicios, distintos de los atribuidos a la competencia de la Junta con arreglo a las dos letras anteriores que afecten a más de un órgano de contratación; y e) Excepcionalmente, en aquellos contratos incluidos en las letras anteriores cuando el contrato resulte de interés para varios departamentos ministeriales y la tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 323.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, corresponderán a la Junta de Contratación las siguientes funciones: a) La programación general de la contratación en el Departamento, para lo cual la Junta de Contratación deberá recabar de los distintos centros la información relativa a planes y previsión de necesidades en esta materia; b) La evaluación anual de los resultados de la contratación administrativa en el Ministerio y sus organismos públicos. A estos efectos, la Junta de Contratación realizará un informe de la contratación anual del Departamento; c) La elaboración y difusión de directrices de obligado cumplimiento y de recomendaciones sobre contratación en el ámbito del Departamento; y d) La elaboración de documentos normalizados y modelos para la tramitación de las distintas modalidades de contratación, y para la formalización del trabajo de la Junta de Contratación.

La Junta de Contratación aprobará, previo cumplimiento de los requisitos legales, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas particulares de los contratos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y 124 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Junta de Contratación podrá aprobar modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. En estos casos, las condiciones concretas de cada contrato serán aprobadas por la Junta de Contratación una vez informadas por la Abogacía del Estado.

La Junta de Contratación podrá también realizar funciones de estudio y programación referentes a cualquier aspecto de la contratación de su competencia y cualquier otra función que le atribuya el titular del Departamento relacionada con la actividad contractual del Ministerio, así como las que le sean expresamente atribuidas por el ordenamiento jurídico.

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 Normativa autonómica

 Comunitat Valenciana

 Ley 3/2018, de 16 de febrero, por la que se modifican los artículos 17, 18 y 22 y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunitat Valenciana (BOE 63/2018, publicado el 3 de marzo)

En la sociedad valenciana se ha asistido durante mucho tiempo a un amplio debate sobre los horarios comerciales, cuya relevancia económica resulta indudable. Se plantea, en relación con la apertura de domingos y festivos, un régimen de horarios de apertura al público estable, con criterios constantes y predeterminados, más horizontal y equitativo, en el que haya una mayor coincidencia de los intereses empresariales, la conciliación de la vida familiar y laboral, y los hábitos de consumo de la ciudadanía en general.

A este efecto, la nueva redacción del artículo 17 de la Ley 3/2011 aumenta el número de días de apertura en todo el territorio, que pasa a ser hasta 11 días al año, en lugar de los 10 días que señala la actual ley, pero se señalan determinados días que, por sus especiales características, no se podrán habilitar para la apertura, por determinación de la ley, por ninguna causa. Es el caso del 1 y el 6 de enero, el 1 de mayo, el 9 de octubre o el 25 de diciembre, o bien el 26 de diciembre, cuando este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad.

Por lo que respecta al artículo 18, se modifica la redacción de los criterios para la determinación de los días de apertura comercial, que se matizan y concretan.

Asimismo, en relación con las zonas de gran afluencia turística, la disposición transitoria cuarta revisa su régimen temporal y las reconduce a tres modelos, según las circunstancias que concurren en cada una de las declaradas, sin revisar las causas que justificaron en su día la declaración.

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