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Ya puedes reclamar el impuesto sobre la plusvalía municipal

De nuevo la Justicia ha resuelto a favor de los contribuyentes. Esta vez, en materia de fiscalidad municipal. El Tribunal Constitucional ha considerado en su sentencia de 16 de febrero de 2017, que la Plusvalía Municipal es inconstitucional si no concurre el hecho objeto de este tributo, que es el incremento de valor del terreno y por tanto, un enriquecimiento patrimonial.

¿Qué es y cómo se calcula la plusvalía municipal?

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como “Plusvalía” es un impuesto municipal directo y de carácter potestativo que tributa únicamente sobre el valor del suelo y que con carácter general, toma como referencia el valor catastral del terreno.

El cálculo de este importe se realiza a través de dos elementos, el primero corresponde al incremento del valor del terreno ya sea en el momento de la trasmisión o en el momento de la defunción. Este valor se determina objetivamente a través de su valor catastral aunque la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto en jaque su constitucionalidad. El segundo elemento que se tiene en cuenta para realizar este cálculo es el tipo impositivo que aprueba el ayuntamiento de cada localidad y que en ningún caso puede superar el 30%.

¿Quién es el obligado tributario?

El sujeto obligado al pago es toda persona física o jurídica que varía atendiendo al tipo de trasmisión en que nos encontremos. En el caso de las herencias, son los herederos los que deben asumir este tributo, mientras que en una compraventa es el vendedor del terreno.

Además, hay que tener en cuenta que existen supuestos donde no se genera la obligación al pago de este impuesto municipal.

¿Por qué se considera la plusvalía municipal inconstitucional?

En estos últimos años de crisis financiera, la transmisión de inmuebles se ha llevado a cabo  casi en su totalidad, por importes inferiores al precio por el que en su día se adquirieron. Es evidente, y muy probable, que si el momento de compra fue en el boom inmobiliario, su venta se haga por un precio inferior. Por tanto,  existen bastantes posibilidades de que la reclamación sea viable y próspera, ya que no hay ningún tipo de enriquecimiento patrimonial. Éste es el fundamento principal en el que se basa el Tribunal Constitucional al amparo del artículo 31.1 de la Constitución Española.

Cabe tener en cuenta que la base para sostener esta falta de incremento de valor deberá argumentarse bien sea a través de las referencias de valor catastral o por cualquier otro medio por el que se obtenga el valor del terreno en el momento de la compra y en el de la venta (o donación o en el momento de defunción del causante).

¿Cuándo y cómo reclamar la plusvalía municipal?

En Dictum Abogados recomendamos que se reclame de forma inminente este tributo pagado a la Hacienda Local a través de vía administrativa. Si no se ve satisfecha su devolución, se debe iniciar el procedimiento en sede judicial. Esta reclamación debe realizarse a la mayor brevedad, ya que a día de hoy, el Tribunal Constitucional está a favor del ciudadano, un  hecho que no sabemos si se va a respaldar ante los recursos pendientes de resolución.

Desde Dictum Abogados recomendamos que si la plusvalía ya está abonada y no han trascurrido más de cuatro años desde su liquidación, se reclame al Ayuntamiento correspondiente que revise el importe del tributo y se solicite la devolución por ingresos indebidos haciendo constar el importe abonado. Es bastante probable que el Ayuntamiento deniegue esta petición por lo que se daría por agotada la vía administrativa y se plantearía un recurso de reposición ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal. En ese momento, se iniciará un procedimiento judicial, y es aquí donde existen más posibilidades de obtener éxito en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. El plazo para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia es de dos meses.

Del mismo modo, en el caso en el que la liquidación todavía no haya sido abonada, se debe agotar la vía administrativa planteando el oportuno recurso de reposición de plusvalía en el plazo de 30 días a la propuesta de esta liquidación. Posteriormente si el Ayuntamiento, no lleva a cabo la modificación de las cantidades, que es lo que suele ocurrir, se deberá interponer recurso contencioso-administrativo.

Se trata de cantidades bastante elevadas, el plazo para la recuperación es extenso y hay que ir haciendo un seguimiento del asunto. Por todo esto, desde Dictum Abogados recomendamos estar asesorados por un despacho profesional para obtener un buen resultado.  Si tienes dudas, no dudes en consultarnos.

 

 

 

 

 

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Cláusulas suelo: Bienvenidos acuerdos extrajudiciales, hasta muy pronto demandas

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El pasado 21 de enero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo por el cual se recogen las medidas para facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en materia de cláusula suelo contenidas en préstamos hipotecarios o créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Y es que, tras las recientes sentencias – en particular la de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – el Gobierno ha decidido intervenir ante  la avalancha de reclamaciones pendientes en sede judicial y las que, previsiblemente, se originarán. Para ello, ha establecido un mecanismo con el que las entidades bancarias pueden hacer frente a las devoluciones de las cantidades cobradas indebidamente sin verse obligadas a satisfacer las costas de cada procedimiento.

Pese a que actualmente este mecanismo sirve exclusivamente para la devolución de los importes correspondientes al cobro indebido por la existencia de un suelo de intereses fijado por la entidad bancaria, no debe extrañarnos que en un futuro no muy lejano se tomen medidas similares para llevar a cabo acuerdos entre los usuarios y las entidades bancarias para proceder a la devolución de otro tipo de cláusulas que últimamente se están considerando como abusivas.

Como sabemos, los tribunales han declarado abusivas distintas cláusulas en los contratos de préstamo hipotecario, tanto en materia de cálculo de intereses, como en relación con los gastos de constitución de la hipoteca abonados por los compradores. Tradicionalmente, se ha entendido que los contratos de hipoteca son acuerdos de voluntades entre las partes, donde los usuarios y las entidades de crédito recogen en contratos las condiciones de cada préstamo. Pero la realidad dista mucho de este concepto, el banco es el que plasma sus condiciones y el usuario las firma sin ningún tipo de negociación. Este hecho tan básico es el que provoca que estos créditos estén regulados por la Ley de Condiciones Generales de Contratación y por lo tanto, deban estar sometidos a un control de transparencia. Cuestión que, prácticamente en el 100% de las hipotecas no se ha tenido en cuenta.

En cuanto al Real Decreto 1/2017,  se ha de señalar que su ámbito de aplicación está destinado únicamente a consumidores. Aunque bien es cierto que recientes sentencias, como la del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Jaén, Sentencia núm. 530/2016, de 7 noviembre de 2016, han ampliado este concepto hasta englobar a personas jurídicas que también se han visto afectadas por los abusos por parte de las entidades bancarias y por tanto pueden ejercitar su derecho de reclamación.

Con la vigencia de este Real Decreto, veremos cómo las entidades bancarias van atendiendo la exigencia de implementar en el plazo de un mes un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas. Una vez que el usuario comienza este proceso extrajudicial debe recibir por parte de la entidad el cálculo de la cantidad a devolver así como el desglose del importe. Si el banco considera que no procede dicha devolución, deberá argumentarlo y comunicarlo al consumidor quien, si lo estima oportuno, podrá iniciar un procedimiento judicial.

El consumidor también podrá acogerse a esta opción si no está conforme con el importe, concluyendo en ambos casos el procedimiento extrajudicial.

Hay que señalar que, una vez iniciado este acuerdo extrajudicial, y si no ha habido causa para concluirlo previamente, debe finalizar el plazo establecido – tres meses – para poder iniciar una reclamación en sede judicial. Asimismo, si una vez transcurrido este periodo la entidad bancaria no se ha puesto en contacto con el consumidor o no ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida, se entenderá que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo.

Respecto a las costas, el Real Decreto establece que las costas las asumirá la entidad bancaria en el caso en el que la sentencia resultara más beneficiosa para el consumidor que lo que se hubiera alcanzado en el acuerdo extrajudicial.

Una vez se acuerde la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad bancaria podrán establecer una medida diferente a la devolución del efectivo. En este caso, el banco es el que debe facilitarle una valoración que permita al usuario conocer el efecto de la compensación y conceder a éste un plazo de quince días para que preste su conformidad.

Otra de las cuestiones que ha generado inquietud corresponde al ámbito fiscal ¿cómo se declaran estas ganancias? La Agencia Tributaria ante esta situación ha contemplado y puesto de manifiesto en su página web los diferentes efectos derivados de la devolución.

Por una parte, establece que si el usuario decide -bien sea a través de un proceso extrajudicial o mediante sentencia- que le devuelvan la cantidad cobrada indebidamente o que se lleve a cabo una medida equivalente de compensación en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas suelo,  ésta no puede tributar como renta y así lo pone de manifiesto el Real Decreto que modifica la Ley 25/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas así como la modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Tampoco lo harán lo intereses indemnizatorios relacionados con estas reclamaciones.

Es evidente que cada caso debe estudiarse de manera individualizada puesto que se deberán regularizar las declaraciones en aquellas situaciones en las que estos intereses hubieran formado parte de una deducción por inversión de vivienda habitual o deducciones autonómicas o bien que formen parte de rendimientos de capital mobiliario o en actividades económicas. En este caso, se deberá regularizar este desajuste mediante la elaboración de las correspondientes complementarias con una retroactividad de cuatro años.

Por lo tanto,  si el contribuyente ha aplicado una deducción y se dicta sentencia en su favor, deberá declarar la pérdida de este derecho e incluir estos importes en la declaración del ejercicio donde se hubiera producido la sentencia – casillas 524 y 526 para las sentencias, laudo o acuerdo de 2016- sin incluir los intereses de demora.

En cuanto a los acuerdos que resulten, la amortización del principal del préstamo, no será necesario regularizar las deducciones practicadas anteriormente.

Por otra parte, para aquellos casos en los que el contribuyente hubiera incluido estos importes como gasto deducible, deberán presentar declaraciones complementarias eliminando dichos gastos sin sanción ni intereses de demora ni recargo. El plazo para presentar toda declaración complementaria será una vez emitida sentencia laudo o acuerdo hasta la finalización del siguiente plazo para la autoliquidación de este impuesto.

En el caso en el que el contribuyente hubiese regularizado las cantidades por tener sentencia anterior al 2016, éste podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de intereses de demora. Este interés legal se declara en el ejercicio en el que la sentencia sea firme. No ocurre lo mismo con los intereses de mora procesal, los cuales se declaran en el año en el que el consumidor lo reciba. Independientemente del momento en el que se declare, lo que tienen en común es que se debe hacer como una ganancia patrimonial.

Finalmente, las costas deberá declararlas el contribuyente como una ganancia patrimonial aunque no se determina si va al ahorro.

En cualquiera de los supuestos anteriormente contemplados, es importante que antes de alcanzar un acuerdo con la entidad, se consulte con un especialista en la materia cuál es la vía más ventajosa para el usuario. Es conviene contar con unos asesores como los que ofrece Dictum. Profesionales jurídicos y económicos que te ayudan en el proceso extrajudicial e intervienen por ti en caso necesario. Un asesoramiento completo, sin intermediarios y con garantía de eficiencia.

 

SOS, el cumplimiento nunca acaba.

Artículo publicado en e-Dictum 51, marzo de 2016>>

No  hace mucho tiempo que empresas y despachos, ya sean de carácter mercantil como penal, están hablando de cumplimiento normativo o  compliance. Y más ahora cuando fiscalía ha publicado la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme al reformado código penal de julio de 2015 (Ley Orgánica 1/2015), y por fin se establecen determinadas pautas en materia de cumplimiento normativo o compliance.

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La formación como factor fundamental de un asesoramiento de calidad

Publicado en e-Dictum 32, agosto de 2014

El ejercicio de la abogacía, especialmente en el ámbito del asesoramiento de empresas, es una de las actividades profesionales que conlleva más necesidad de estudio, investigación y actualización por parte de quienes la ejercen, debido a la cantidad de áreas legales que inciden en la gestión de aquéllas. Si la Medicina o la Ingeniería dependen de avances técnicos o científicos, en el ámbito del Derecho es sorprendente la cantidad de los cambios legislativos que se realizan y la facilidad con la que se lleva a cabo la variación de las “normas del juego” (sic), aunque no siempre tales cambios puedan ser considerados avances. … Read more »