Ricardo Palomo Zurdo desgrana los nuevos marcos normativos europeos de protección de criptoactivos (MiCA, DORA y DAC8) y analiza el papel clave que juega la Educación Financiera para entender este nuevo paradigma regulador y tecnológico (puede encontrar el enlace de descarga al final del artículo)
Introducción
La educación financiera es una herramienta esencial para la sociedad, pues contribuye a asegurar su porvenir mediante la previsión económica personal y familiar, con el consiguiente impulso al bienestar económico y la creación de riqueza y valor para los países. Actualmente, la cultura de ahorro e inversión también debe atender a la innovación financiera de base tecnológica, particularmente atractiva para los inversores más jóvenes.
En este contexto, los criptoactivos han emergido como un fenómeno disruptivo, atrayendo tanto oportunidades como riesgos. Sin embargo, su crecimiento exponencial también ha generado una necesidad de regulación para garantizar la transparencia, la seguridad y la protección del usuario. Europa ha dado un paso adelante con tres marcos normativos: MiCA, DORA y DAC8, que buscan organizar un sector previamente percibido como el «salvaje oeste» de las finanzas digitales.
Este artículo explora cómo estas normativas interactúan con la educación financiera, un conocimiento fundamental para entender y navegar en este nuevo paradigma regulador y tecnológico.
El nuevo Marco Regulatorio de las finanzas tecnológicas en Europa
Europa ha establecido un precedente global al implementar regulaciones para los criptoactivos que se concretan en normas que inciden en la regulación de su comercialización, en la resiliencia frente a la creciente vulnerabilidad cibernética, y la lucha contra el fraude.
MiCA (Markets in Crypto-Assets) define los criptoactivos como representaciones digitales de valor o derechos que se pueden transferir electrónicamente y establece requisitos estrictos para los emisores de stablecoins y para las plataformas de intercambio, promoviendo la transparencia y exigiendo licencias para operar. También protege a los usuarios al imponer requisitos prudenciales y exigir información clara sobre comisiones y gastos. Una novedad destacada es que los emisores de criptoactivos deben publicar un «libro blanco» (white paper) que detalle las características del activo y sea aprobado por las autoridades regulatorias, lo que añade una capa de confianza y previsibilidad al mercado.
Por su parte, DORA (Digital Operational Resilience Act) se centra en la ciberresiliencia; y obliga a las entidades financieras a implementar medidas robustas de gestión de riesgos tecnológicos. Esto incluye la identificación de activos críticos, análisis regulares de riesgos, pruebas de sistemas frente a amenazas y auditorías a proveedores. También exige planes de contingencia para garantizar la continuidad operativa ante eventos críticos, como ciberataques o fallos tecnológicos.
Por lo que respecta a la denominada DAC8 (Directive on Administrative Cooperation), se trata de la octava actualización de la Directiva de Cooperación Administrativa e introduce el intercambio automático de información sobre criptoactivos entre los países de la UE. Este marco busca combatir el fraude fiscal y aumentar la transparencia en las transacciones financieras, exigiendo que los proveedores de servicios reporten datos clave sobre las operaciones realizadas por sus usuarios.
El Rol de la Educación Financiera y la Protección Regulatoria en la Inversión en Criptoactivos
En este contexto, la educación financiera desempeña un papel crucial al ayudar a los ciudadanos a comprender las implicaciones de estas normativas y a tomar decisiones informadas. Conocer los riesgos asociados a los criptoactivos y las protecciones disponibles bajo los nuevos reglamentos permite a los usuarios aprovechar las oportunidades de inversión sin caer en trampas o errores por desconocimiento. Por ejemplo, es fundamental que los inversores comprendan los riesgos de volatilidad de los criptoactivos, así como las medidas de seguridad implementadas por las plataformas que cumplen con la normativa MiCA.
Además, fomentar la educación financiera es clave para reducir la brecha digital y evitar que ciertos colectivos de ahorradores queden excluidos de los beneficios del avance tecnológico. Las entidades públicas y privadas tienen la responsabilidad de desarrollar programas educativos accesibles y efectivos que expliquen cómo funcionan los criptoactivos, los riesgos asociados y las oportunidades que ofrecen. Un ejemplo de esto podría ser la creación de guías prácticas y cursos en línea que permitan a los usuarios aprender de manera interactiva y a su propio ritmo.
También es importante alertar sobre una parte de los llamados fininfluencers dada su capacidad de penetración mediática. En este sentido sí que debe ponerse en valor la contribución de muchos de ellos a expandir la cultura financiera gracias a su capacidad de comunicación y adaptación del propio lenguaje y tecnicismos financieros al público interesado.
El impacto en el Sector Financiero de la normativa MiCA, DORA y DAC8 no solo afecta a los usuarios individuales, sino también a las instituciones financieras y tecnológicas. Estas regulaciones obligan a las empresas a adaptarse a un entorno más regulado, lo que podría aumentar sus costes operativos. Sin embargo, también podría generar beneficios significativos, como una mayor confianza del consumidor y la atracción de inversores institucionales al mercado cripto. Además, el cumplimiento normativo fomenta un ecosistema más seguro y estable, que podría servir como referencia para otras regiones del globo.
En el caso de DORA, su énfasis en la ciberresiliencia podría inspirar a las empresas a invertir en tecnologías de seguridad más avanzadas. Esto no solo protegerá a las instituciones financieras, sino también a los usuarios finales, reduciendo la probabilidad de ciberataques masivos que puedan poner en riesgo millones de datos personales y activos financieros.
Conclusión
El impacto de MiCA, DORA y DAC8 va más allá de establecer un marco legal; también subraya la importancia de una educación financiera sólida como motor para una adopción segura e inclusiva de los criptoactivos. Europa, una vez más, lidera con un enfoque que prioriza la seguridad y la transparencia, aunque no exento de retos y de controversias, principalmente, por el impacto que la regulación (en ocasiones sobreregulación) pueda tener en la competitividad internacional de Europa y, también, en la tutela o sobreprotección de los ciudadanos.
A medida que estas normativas se vayan aplicando, será crucial que los ciudadanos, las empresas y los gobiernos trabajen juntos para garantizar que los objetivos de protección y estabilidad se cumplan sin sofocar la innovación. Una sólida cultura financiera de la ciudanía es la mejor garantía para la correcta percepción de los riesgos de las inversiones y para respetar el libre criterio de sus decisiones financieras en nuevo escenario financiero que evoluciona exponencialmente en su perspectiva tecnológica y que, también, afronta crecientes riesgos de ciberseguridad.
La colaboración entre reguladores, empresas y ciudadanos será fundamental para que el ecosistema financiero-tecnológico desarrolle su potencial, sin sacrificar la protección del usuario ni la competitividad del mercado. Por ello la educación financiera no es solo una herramienta útil, sino una necesidad imperante en un mundo donde la tecnología y las finanzas convergen de manera tan estrecha.
DICTUM Abogados es patrono fundador de la Fundación para la Innovación Financiera y Economía Digital (FIFED). Esta organización tiene la misión profundizar en el conocimiento de la innovación en el ámbito financiero-asegurador, a partir de sus sólidos conocimientos de la economía, la tecnología y, particularmente la regulación legal. FIFED es una entidad colaboradora del programa de la Educación Financiera, impulsado por el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercados y Valores y el Ministerio de Economía.
Descarga en PDF el artículo de Doctrina, correspondiente al e-Dictum nº151 (febrero de 2025)
