La reciente incorporación del blockchain en el Derecho de sociedades del Estado de Delaware (EE. UU.) conlleva una serie de implicaciones jurídicas y financieras que fueron analizadas en la sesión organizada y presentada, el pasado 20 de diciembre, por Aurelio Gurrea Martínez, socio de Dictum Abogados y miembro del consejo académico de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED).
En el marco del programa de formación que desarrolla la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), Gurrea Martínez compartió mesa con Nydia Remolina León, profesora de Regulación Financiera Internacional en la Universidad Javeriana y miembro del consejo internacional de FIFED, cuyos estudios y contribuciones en la materia enmarcaron la jornada; Vicente José García Gil, CEO de Dictum y presidente de FIFED, y Werner Bijkerk, director del International Organization of Securities Commission (IOSCO).
Tal y como se planteó durante la charla, este avance supone una apuesta definitiva por la aplicación de las nuevas tecnologías en la legislación societaria más relevante de Estados Unidos, que se ha desarrollado en tres fases: la aplicación de registros inteligentes en las bases de datos de los archivos públicos del Estado; la presentación de un sistema de transacciones aseguradas, que sustituye el soporte de papel, y el desarrollo de bases de datos que reflejan las acciones de las incorporaciones empresariales en Delaware, que suponen la mayor parte de las grandes sociedades de Estados Unidos.
Del mismo modo, esta iniciativa lleva aparejadas implicaciones jurídicas y económicas que pasan, según los ponentes, por un “avance trascendental en el proceso de constitución, supervisión y realización de trámites y operaciones societarias”; la mejora de la eficacia y eficiencia de los sistemas de registro y constitución de garantías y del control de los riegos y solvencias de las compañías, así como un impacto en el mercado de crédito y en la infraestructura del mercado de valores de Estados Unidos.
Finalmente, los participantes expusieron la posibilidad de replicar este proyecto en otros países, como España, a partir del análisis de los desafíos regulatorios que lo acompañan.
