La formación como factor fundamental de un asesoramiento de calidad

Publicado en e-Dictum 32, agosto de 2014

El ejercicio de la abogacía, especialmente en el ámbito del asesoramiento de empresas, es una de las actividades profesionales que conlleva más necesidad de estudio, investigación y actualización por parte de quienes la ejercen, debido a la cantidad de áreas legales que inciden en la gestión de aquéllas. Si la Medicina o la Ingeniería dependen de avances técnicos o científicos, en el ámbito del Derecho es sorprendente la cantidad de los cambios legislativos que se realizan y la facilidad con la que se lleva a cabo la variación de las “normas del juego” (sic), aunque no siempre tales cambios puedan ser considerados avances.

En el día a día, los clientes exigen especialización y precisión de los conocimientos del asesor –bien sea jurídico o económico–, que estén al día de las últimas reformas, e incluso, que puedan anticiparles los cambios legislativos permitiendo una planificación estratégica de su actividad de empresa. Se demanda ayuda a fin de que se puedan instaurar mecanismos de cumplimiento normativo dentro de la empresa, de forma natural, que garanticen un escrupuloso respeto de la ley vigente, en evitación de litigios, pérdida de tiempo, costes… En definitiva, el cliente quiere que le ayuden a poder dedicarse a su negocio con plena seguridad, conociendo las normas del juego y minimizando riesgos de conflictos que entorpezcan su actividad.

La profusión normativa puede resultar abrumadora para los profesionales del Derecho, especialmente en los últimos tiempos. El ansia del legislador por dar respuesta a la crisis económica, las dificultades de las empresas, el problema del desempleo y la necesidad de recaudación de la Administración (tres factores difíciles de conciliar en una sola fórmula) ha provocado una sucesión de reformas legales en todas las áreas jurídicas, tal vez sin la necesaria reflexión. Sin entrar a valorar si las reformas han sido o no adecuadas y si el ritmo de los cambios normativos es compatible con el mantenimiento de la estabilidad y seguridad jurídica que la economía precisa, lo que sí constatamos es que el jurista se ve obligado a mantener una labor constante de estudio, investigación y actualización, que probablemente supera con creces las exigencias de cualquier otra profesión.

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