Dictum y el CEU reúnen a expertos mundiales en regulación financiera y gobierno corporativo

Publicado en El Economista

Del 21 al 25 de julio de 2014, la Universidad CEU San Pablo ha acogido el Curso The New Global Financial Architecture after the 2008 financial crisis”, bajo la dirección de Ana Belén Campuzano (Catedrática de Derecho Mercantil, Decana de la Facultad de Derecho de la USP CEU y Socia de Dictum) y Ricardo Palomo Zurdo (Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USP CEU y socio de Dictum) y con la subdirección de Aurelio Gurrea Martínez (Profesor de Derecho Mercantil en la USP CEU, Visiting Research Fellow en la Universidad de Columbia y Socio de Dictum). El Curso se integró en el elenco de actividades formativas que la Universidad desarrolla en el ciclo Summer University 2014 y contó con la colaboración de Dictum Abogados.

A lo largo de toda la semana, en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo se ha debatido intensamente entre profesionales, profesores y estudiantes españoles y extranjeros sobre los principales factores causantes de la crisis financiera internacional, así como sobre las diversas soluciones que, desde diferentes gobiernos e instituciones, se están promoviendo para diseñar una nueva estructura financiera mundial más eficiente y estable. Para ello se ha contado con la participación de un selecto grupo de ponentes procedentes de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales: Universidad de Oxford, Universidad de Columbia, Fordham Law School, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad CEU San Pablo, Universidad de Granada y Banco de España.

En el curso se abordaron, progresivamente, los aspectos más relevantes de la crisis financiera internacional, hasta concluir con las particularidades de la crisis financiera española. Así, Jenifer Varzaly inició el curso analizando los factores que originaron la crisis financiera internacional, con especial énfasis en el fenómeno de la titulización de las hipotecas subprime, la actuaciones del gobierno de Estados Unidos con la crisis Freddie Mac, Fannie Mae, Bear Stearns, Lehman Brothers y AIG, así como la intervención del gobierno británico en la crisis de Northern Rock, que originó un pánico generalizado entre los depositantes de esta entidad bancaria del Reino Unido. Asimismo, la ponente expuso las diversas teorías que se han apuntado sobre los colectivos y entidades a los que se ha culpado, aunque en diferentes proporciones, de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera internacional. En este ámbito, se situaron las políticas que favorecieron –e incluso incentivaron- las burbujas inmobiliarias; el sobreendeudamiento de los consumidores; la generosa concesión de crédito por parte de las entidades bancarias; y la actuación tardía de los reguladores bancarios. Tras el análisis de estos aspectos se abordó la problemática general de la quiebra o rescate de entidades financieras, con especial mención al análisis de los perjudiciales efectos sistémicos originados por la caída de una entidad financiera. Aurelio Gurrea Martínez expuso como, a diferencia de lo que acontece en otras entidades, la asunción de pérdidas en una entidad financiera no se produce exclusivamente entre accionistas y acreedores, sino que también se externaliza al sistema económico en su conjunto. Por este motivo, algunos gobiernos procedieron al rescate de algunas entidades financieras. No obstante, como consecuencia de los elevados costes que puede suponer para los contribuyentes un rescate financiero y, sobre todo, por el elevado riesgo moral potencialmente creado por el hecho de conocer desde una perspectiva previa que, ante una gestión inadecuada o ineficiente, se procederá a un rescate con dinero público, las tendencias actuales en materia de regulación bancaria son las de internalizar los costes del rescate entre los propios acreedores de la entidad (al menos, los que resulten más sofisticados y/o asuman un mayor riesgo en la concesión del crédito), con el objetivo de minimizar el coste para los contribuyentes y las ineficiencias generadas por la existencia del riesgo moral. Por su parte, Ignacio Tirado se centró en el análisis de los problemas derivados de una crisis de deuda soberana, con especial énfasis en la interconexión de las crisis de los estados y la crisis de entidades financieras. Con este propósito, el ponente realizó un análisis comparado de la deuda soberana en diversos países, incluyendo España, Irlanda, Grecia, Estados Unidos y Reno Unido, poniéndose de manifiesto los diferentes problemas que puede provocar una crisis de deuda soberana, y cómo esta crisis puede transmitirse a las entidades financieras (o viceversa), en perjuicio del crecimiento económico.

A lo largo del curso también se debatieron los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema financiero más eficiente y estable, incluyendo la prevención de las burbujas inmobiliarias, íntimamente ligadas –señaló Richard Squire– a las crisis financieras, las diferentes medidas que podrían resultar necesarias para la protección de los consumidores, así como la implementación de diversos mecanismos prudenciales de solvencia, regulación financiera y supervisión bancaria. Asimismo, se resaltó la importancia de preservar la estabilidad del sistema financiero como objetivo esencial de cualquier economía moderna, ya que, en definitiva, la –eficiente– canalización del ahorro hacia la inversión que permite realizar el sistema financiero, es la principal fuente generadora de riqueza y bienestar social de un país. Igualmente, se analizó la figura de los auditores y agencias de calificación y su papel en la crisis financiera internacional. En este sentido, Robert Jackson explicó lo costoso que puede resultar en una economía –e incluso en la propia sociedad– la existencia de asimetrías de la información, y cómo, en este ámbito, la intervención de auditores y agencias de calificación podría mejorar la eficiencia en las relaciones comerciales mediante el análisis y divulgación de esta información financiera de manera más sintetizada y, sobre todo, creíble. No obstante, se puso de manifiesto el inevitable conflicto de interés que experimentan los auditores y las agencias de calificación en la realización de su trabajo, ya que el hecho de ser retribuidos por la propia entidad sobre la que tienen que opinar amenaza –o puede amenazar– la objetividad con la que, en todo caso, deberían actuar estos profesionales. Así, se discutieron diversas medidas para minimizar el posible riesgo de falta de independencia de los auditores de cuentas y las agencias de calificación, sin que, por otro lado, la implantación de estas nuevas medidas genere ineficiencias o sobrecostes que, en última instancia, deban ser soportados por los inversores. Por otro lado, junto al problema del conflicto de interés, total o parcialmente restringido –en la mayoría de los casos– por el riesgo a la pérdida de las cuasi-rentas y prestigio profesional de estas entidades, también se puso de manifiesto la posible menor competencia y cualificación de los profesionales de las agencias de calificación, ya que, por lo general, los mayores incentivos económicos y reputacionales generados por otras actividades financieras, tales como la consultoría o la banca de inversión, puede implicar que los profesionales con mayor talento se desplacen hacia estas últimas.

Finalmente, el debate se centró en los problemas particulares de la crisis financiera española, así como en las diferentes medidas que están siendo implantadas para restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero español. Manuel Castilla expuso los principales problemas derivados de la burbuja inmobiliaria española y su relación con las ineficientes estructuras de gobierno corporativo de las Cajas de Ahorros españolas, que fueron los factores que, a juicio del ponente, propiciaron la generación de unas pérdidas que, en última instancia, han sido asumidas por los contribuyentes. En este análisis de la crisis financiera española participó, además, Roberto Ugena, que expuso las principales medidas elaboradas para restaurar la solvencia financiera y reputacional de las entidades españolas, así como los desafíos y las novedades legislativas que, en la actualidad, se están diseñando para mejorar la eficacia y eficiencia del sistema financiero.

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