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ONE BELT, ONE ROAD

The Silk Road of the 21st century is the One Belt One Road program. This initiative of the Chinese Government aims to develop the land route (along Central Asia, Iran, Turkey and Russia) and the maritime route (connecting Europe, Africa and South America with China). The goal is to develop joint projects with Chinese companies, promote innovation and extend the use of the yuan abroad, especially seeking to benefit the city of Hong Kong. Spanish companies are looking to be an important part of this ambitious program.

So what does this mean for Hong Kong? Being the interface between China and the rest of the world, Hong Kong stands to benefit from the numerous business opportunities which will arise out of the One Belt One Road initiative. Hong Kong’s position is unique. A part of China, the One Country Two Systems framework allows it to retain control of its own political and legal system and over its econony and financial affairs. The initiative thus offers a greater degree of proximity for other countries seeking to invest in the world’s second largest economy while strengthening historic, cultural and linguistic ties.

Hong Kong is perhaps Asia-Pacific the best site for the international growth of a company. Most importantly, Hong Kong has become China’s most cosmopolitan city and one of the world’s leading international financial centres. Its independent legal system based on English common law has made it a very attractive place for Chinese companies to raise funds, and for companies from around the world to set out to invest in China.

 

 

 

Why Hong Kong?

Ana Menchero, Dictum Consultant HK

With almost one third of the planet’s population, South East Asia has virtually one third of the world’s GDP. Hong Kong is the main economic and financial centre in the region, making it an attractive place for foreign companies looking to expand their business.

Why? Starting a business in Hong Kong so simple, so much  that it could be summed up in a simple maxim: total permissiveness, minimal obstacles.

For example, it is not required to live in Hong Kong to set up your company, initial share capital can as low as 1HKD (less than 0.15 USD) and only a director and a shareholder (that might be the same person) are required at registry.

Taxing is also remarkably straight forward: a single tax based on territoriality. Only the profits generated in the autonomous territory during the accounting period are taxable at a single rate of 16.5% net profit. There are extensive and generous tax deductions for amortization, debts, repairs undertaken in factories, expenses of registry of rights and marks, training, interest of real estate loans, etc. No taxes are applied on capital gains, dividends, or interest, no tax on consumption or VAT…

To that flexible tax scheme, local authorities have been keeping promoting stimulus measures. For example Hong Kong taxation allows a 75% discount on profits that is applied once, with a cap of 20,000 HKD.

Regarding currency, Hong Kong authorities do not impose controls on incoming or outgoing currency. There are no restrictions on the repatriation of capital and profits. The local currency  HKD conversion can be done in virtually any global market. It enjoys great stability in relation to the US dollar and, therefore, also to the rest of currencies in the world.

On legal disputes matter, arbitration plays a significant role:  Hong Kong is home to the International Court of Arbitration (HKIAC), one of the most important arbitration courts in the world. Created in 1985, it was adapted to the new needs of international trade in 2010, giving primacy to the will of the parties to negotiate, to the detriment of more rigid institutional standards. This has yielded greater effectiveness in the resolution of disputes.

The presence of this international institution increases the legal security necessary and essential for anyone who has established any type of business here.

The HKIAC has prestigious referees and mediators from the different economic areas of the world. A group of professionals in the field offer advice on the importance of including arbitration clauses, suitably adapted to the singularity of each contract, in order to prevent conflicts or foresee their resolution

With such an scenario… why not Hong Kong?

 

 

 

El Supremo declara nulos SWAPS fotovoltaicos por falta de información al cliente

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  • El Tribunal Supremo vuelve a declarar la nulidad por incumplimiento del deber de información al cliente, esta vez en recientes sentencias que afectan a empresas del sector fotovoltaico.

Nuevamente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reitera su doctrina jurisprudencial consolidada en relación a los contratos de permuta financiera de tipos de interés. En esta ocasión, por comercializar swaps a empresas del sector fotovoltaico junto con el crédito para financiar la inversión en tales proyectos, sin tener en cuenta el deber de información establecido por la normativa MiFID.

¿Cómo funcionan los SWAPS?Read more »

¿Cabe un buen pleito tras un mal acuerdo? La renuncia a los intereses de demora en los “Planes de pago a proveedores”

El pasado jueves, día 16 de febrero de 2017, gran parte de los operadores jurídicos españoles estábamos pendientes de un nuevo fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que -esperábamos- fuese tan trascendental y favorable para los intereses de los Administrados como lo ha sido recientemente la tan manida sentencia sobre cláusulas suelo, que tan feliz hizo a un gran número de ciudadanos, adelantando unas horas la llegada de la lotería -¡premiada!- a sus hogares. … Read more »

Ya puedes reclamar el impuesto sobre la plusvalía municipal

De nuevo la Justicia ha resuelto a favor de los contribuyentes. Esta vez, en materia de fiscalidad municipal. El Tribunal Constitucional ha considerado en su sentencia de 16 de febrero de 2017, que la Plusvalía Municipal es inconstitucional si no concurre el hecho objeto de este tributo, que es el incremento de valor del terreno y por tanto, un enriquecimiento patrimonial.

¿Qué es y cómo se calcula la plusvalía municipal?

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como “Plusvalía” es un impuesto municipal directo y de carácter potestativo que tributa únicamente sobre el valor del suelo y que con carácter general, toma como referencia el valor catastral del terreno.

El cálculo de este importe se realiza a través de dos elementos, el primero corresponde al incremento del valor del terreno ya sea en el momento de la trasmisión o en el momento de la defunción. Este valor se determina objetivamente a través de su valor catastral aunque la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto en jaque su constitucionalidad. El segundo elemento que se tiene en cuenta para realizar este cálculo es el tipo impositivo que aprueba el ayuntamiento de cada localidad y que en ningún caso puede superar el 30%.

¿Quién es el obligado tributario?

El sujeto obligado al pago es toda persona física o jurídica que varía atendiendo al tipo de trasmisión en que nos encontremos. En el caso de las herencias, son los herederos los que deben asumir este tributo, mientras que en una compraventa es el vendedor del terreno.

Además, hay que tener en cuenta que existen supuestos donde no se genera la obligación al pago de este impuesto municipal.

¿Por qué se considera la plusvalía municipal inconstitucional?

En estos últimos años de crisis financiera, la transmisión de inmuebles se ha llevado a cabo  casi en su totalidad, por importes inferiores al precio por el que en su día se adquirieron. Es evidente, y muy probable, que si el momento de compra fue en el boom inmobiliario, su venta se haga por un precio inferior. Por tanto,  existen bastantes posibilidades de que la reclamación sea viable y próspera, ya que no hay ningún tipo de enriquecimiento patrimonial. Éste es el fundamento principal en el que se basa el Tribunal Constitucional al amparo del artículo 31.1 de la Constitución Española.

Cabe tener en cuenta que la base para sostener esta falta de incremento de valor deberá argumentarse bien sea a través de las referencias de valor catastral o por cualquier otro medio por el que se obtenga el valor del terreno en el momento de la compra y en el de la venta (o donación o en el momento de defunción del causante).

¿Cuándo y cómo reclamar la plusvalía municipal?

En Dictum Abogados recomendamos que se reclame de forma inminente este tributo pagado a la Hacienda Local a través de vía administrativa. Si no se ve satisfecha su devolución, se debe iniciar el procedimiento en sede judicial. Esta reclamación debe realizarse a la mayor brevedad, ya que a día de hoy, el Tribunal Constitucional está a favor del ciudadano, un  hecho que no sabemos si se va a respaldar ante los recursos pendientes de resolución.

Desde Dictum Abogados recomendamos que si la plusvalía ya está abonada y no han trascurrido más de cuatro años desde su liquidación, se reclame al Ayuntamiento correspondiente que revise el importe del tributo y se solicite la devolución por ingresos indebidos haciendo constar el importe abonado. Es bastante probable que el Ayuntamiento deniegue esta petición por lo que se daría por agotada la vía administrativa y se plantearía un recurso de reposición ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal. En ese momento, se iniciará un procedimiento judicial, y es aquí donde existen más posibilidades de obtener éxito en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. El plazo para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia es de dos meses.

Del mismo modo, en el caso en el que la liquidación todavía no haya sido abonada, se debe agotar la vía administrativa planteando el oportuno recurso de reposición de plusvalía en el plazo de 30 días a la propuesta de esta liquidación. Posteriormente si el Ayuntamiento, no lleva a cabo la modificación de las cantidades, que es lo que suele ocurrir, se deberá interponer recurso contencioso-administrativo.

Se trata de cantidades bastante elevadas, el plazo para la recuperación es extenso y hay que ir haciendo un seguimiento del asunto. Por todo esto, desde Dictum Abogados recomendamos estar asesorados por un despacho profesional para obtener un buen resultado.  Si tienes dudas, no dudes en consultarnos.

 

 

 

 

 

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Las empresas también pueden conseguir la nulidad de una cláusula suelo

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Como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, nos queda claro tanto la abusividad de la cláusula suelo para consumidores –si no supera el doble control de inclusión y transparencia–, como la procedencia de reclamar las cantidades indebidamente satisfechas a las entidades financieras por aplicación de la misma desde la formalización del préstamo  pero, ¿qué ocurre con las sociedades, empresarios o profesionales que han actuado dentro de su actividad? ¿podrían reclamar judicialmente la inaplicación de dicha cláusula y por ende, la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por aplicación de la misma?

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Cómo reclamar el dinero de las cláusulas suelo dependiendo si eres consumidor o empresa

Por fin se ha conocido el ansiado fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la retroactividad de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo. De acuerdo con el mismo, las entidades financieras deberán restituir íntegramente a los consumidores las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo; sin que pueda operar la limitación temporal que fijaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ordenaba la devolución de lo pagado con posterioridad a su sentencia de 9 mayo de 2013.

 La sentencia del Tribunal Supremo  de 9 de mayo de 2013,  señalaba que las cláusulas suelo – estipulaciones  que se insertan en los contratos de préstamos hipotecarios con el objeto de limitar la bajada de los tipos de interés, cuando son variables, hasta un tope fijado en el contrato-  están sometidas a un doble control de transparencia: un control de incorporación de las condiciones generales de la contratación – su redacción debe ser clara y sencilla, y la información proporcionada debe permitir su conocimiento al contratante- ;  y  un control de transparencia propiamente dicho – que el adherente pueda conocer con sencillez  la carga económica y jurídica de la cláusula suelo-.  Y declaraba la abusividad de las mismas por no superar los mencionados controles, pero limitaba el derecho del consumidor a la restitución de las cantidades  pagadas en virtud de la cláusula abusiva a partir de la fecha de la resolución. Este criterio fue refrendado por sentencias de 24 y 25 de marzo de 2015, que aclaraban que la devolución de intereses procedería desde la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 mayo 2013, pues desde esa fecha no sólo las entidades financieras afectadas por la misma, sino cualquier banco o caja que hubiese predispuesto en sus contratos cláusulas suelo, no podía alegar que desconocía la existencia de la doctrina sobre transparencia.

Pues bien, el Tribunal Europeo ha corregido el criterio plasmado en la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, argumentando que la declaración de carácter abusivo de la cláusulas suelo  debe restablecer la situación en la que se encontraría el consumidor  de no haber existido la misma, mediante  la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional;  señalando que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos de la declaración de nulidad , priva a los consumidores del  derecho  a obtener la restitución íntegra de  las cantidades indebidamente abonadas  en un momento anterior al 9 de mayo de 2013.   En conclusión, considera la Gran Sala, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ofrece una protección limitada a los consumidores que hubiesen suscrito préstamos hipotecarios  con cláusula  suelo con anterioridad a 9 de mayo de 2013, por lo  que constituye una protección  incompleta , insuficiente y contraria a la Directiva 93/13, incompatible con el Derecho de la Unión.

Esta sentencia, que es vinculante para los jueces nacionales,  afectará a los procesos pendientes, en los que todavía no exista sentencia firme. Sin embargo, consideramos que cuando exista sentencia firme, con efecto de cosa juzgada,  no podrá quedar afectada por la decisión del TJUE, puesto que sería muy difícil que este supuesto tuviera encaje en los motivos previstos en el art 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el recurso de revisión.

Igualmente cabe plantearse si esta resolución afecta a las empresas que hubiesen contratado un préstamo hipotecario con cláusula suelo. El Tribunal Europeo ha dado respuesta a las cuestiones prejudiciales que preguntaban si el principio de no vinculación de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores era compatible con la limitación de las consecuencias de declarar nula una condición por abusiva. Y las empresas no ostentan la condición de consumidores. El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo,  en su sentencia de 3 de junio de 2016 , consideró inaplicable el control de transparencia de la cláusula suelo a una farmacéutica  que había pedido un préstamo hipotecario para financiar un local comercial. Tras considerar que la cláusula había sido negociada y advertir su condición de no consumidora por tratarse de una profesional, desestimó la nulidad de la cláusula suelo y declaró inaplicable a los no consumidores su doctrina jurisprudencial sobre transparencia.

Además, en esa misma resolución, el Supremo señala cuál es el camino para los profesionales, empresarios, no consumidores, para lograr la declaración de nulidad de la cláusula suelo. Estos  tendrán que alegar bien que la cláusula suelo no supera el control ordinario de incorporación, o  bien acreditar que la mencionada cláusula  fue impuesta en contra del principio de la fe contractual en ejercicio de un abuso de la posición dominante del predisponente, la entidad financiera.

En definitiva, los particulares, consumidores, que aún no hayan planteado demanda instando judicialmente la nulidad por falta de transparencia de la cláusula suelo presente en sus contratos de préstamo hipotecario, podrán hacerlo ahora solicitando la restitución íntegra de lo pagado como consecuencia de la cláusula abusiva. Igualmente, en los procedimientos en trámite, se podrá alegar la resolución del  Tribunal Europeo, que en cualquier caso vinculará al juez, que deberá dictar sentencia, si aprecia la falta de transparencia de la cláusula, anulándola y ordenando la devolución total de las cantidades pagadas en virtud de la misma. Por el contrario, aquellos consumidores que ya hayan visto resueltas sus pretensiones por sentencia firme- frente a la que no cabe recurso-, que haya declarado la nulidad de la cláusula suelo, pero que únicamente haya acordado la restitución de los intereses indebidamente cobrados a partir del 9 de mayo de 2013, no podrán en virtud de la resolución del Tribunal Europeo pretender la devolución de las cantidades pagadas con anterioridad.

 En el caso de las empresas, no consumidores, que pretendan la declaración de nulidad de la cláusula suelo presente en sus préstamos hipotecarios, será necesario que planteen una demanda  basada en la  no superación del control de incorporación de la cláusula suelo, y en la imposición de la misma por parte del banco , en contra del principio de buena fe contractual. Estimados estos argumentos por el órgano judicial, se declararía la nulidad de cláusula y la devolución de la totalidad de los intereses indebidamente pagados.

Consultar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Commercial arbitration in Hong Kong

The UNCITRAL RULES recognizes the value of arbitration as “a method of settling disputes that may arise in the context of international relations and the wide use of arbitration for the settlement of treaty-based investor-State disputes”.[1]

The Hong Kong Government has greatly boosted the promotion of arbitration as a good way of dispute resolution. And the business community has welcomed with great interest.

The first rule concerning arbitration in Hong Kong, dates back to 1844, promoted by the commercial vision of British colonialism and ratified by an ordinance in 1855.

After, a replica of the United Kingdom standard was taken  from 1950 until the incorporation of the Convention of New York in 1977, following its ratification.

In 1982 it was published the Report on Commercial Arbitration, and finally in 1985 The Hong Kong International Arbitration Centre[2] was founded. And the 2013 HKIAC Administered Arbitration Rules set the parameters by which the arbitral proceedings are governed 

HKIAC is ranked in third position as the most preferred arbitral institution worldwide and the most favoured institution outside of Europe in 2015. [3]

The criteria of independence and impartiality make that this center  has been considered a benchmark in contracts with Asian agents.

HKIAC specific data:

hong-kong-nov-2016

  • New arbitration cases: Within the 271 arbitrations, 116 were administered by HKIAC under the HKIAC Administered Arbitration Rules or the UNCITRAL Rules.
  • Total amount in dispute: The total sum of all arbitration disputes reached HK$47.9 billion (approximately US$6.2 billion).
  • International arbitration caseload: HKIAC’s 2015 arbitration caseload continued to be predominately international in nature: 79% of new arbitration cases involved at least one non-Hong Kong party and 94.8% of new administered arbitrations were international cases.  43.3% of the arbitration cases filed with HKIAC in 2015 had no connection with Hong Kong and 6.1% had no connection with Asia.
  • Nationality of parties: Parties from 41 jurisdictions participated in HKIAC arbitration in 2015.

[1]The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013)

[2] HKIAC

[3] Queen Mary University of London International Arbitration Survey.